BUENOS AIRES (proceso.com.mx).- A lo largo de sus cuatro años de mandato, caracterizados por el ajuste de la economía y la distribución regresiva del ingreso, el presidente Mauricio Macri endilgó el brusco descenso de la calidad de vida de la población a la “pesada herencia” recibida del gobierno de Cristina Kirchner. Al asumir Macri el gobierno, en diciembre de 2015, los indicadores económicos no reflejaban ese diagnóstico. Salvo el preocupante índice anual de inflación (27.8%), tanto el déficit fiscal (2.3%), el PIB (+2.1%) y las reservas internacionales, de unos 25 mil millones de dólares, mostraban números discretos. La deuda pública representaba apenas 38% del PIB. El acceso al crédito de los bancos internacionales estaba cerrado desde la cesación de pagos de la deuda externa, declarada en 2001. Tras saldar en un solo pago, en 2005, los 10 mil millones de dólares que se le adeudaban al FMI, el gobierno de Néstor Kirchner impidió que el organismo, al que hacía corresponsable de la crisis terminal sufrida, auditara la economía argentina. El gobierno de Cristina Kirchner se negó luego a pagar lo que pedían los “fondos buitres”, tenedores de bonos argentinos impagos desde 2001, que no se habían adherido a los canjes de deuda implementados en 2005 y 2010. Para incentivar la economía, el kirchnerismo se valió de un sistema de subsidios a la producción y el consumo, financiado fundamentalmente a través de gravámenes a la exportación agrícola. Frente a la escasez de divisas, implantó un severo control de cambios. La adjudicación de obra pública mantuvo su añejo sistema de cartelización a base de acuerdos y sobornos. Las estadísticas públicas fueron manipuladas a partir de 2008. Mediante los medios de comunicación públicos, el kirchnerismo impulsó una politización de las desigualdades y publicitó las acciones de gobierno. Tras asumir la presidencia, Macri designó para ocupar los principales espacios de gestión en el Estado a ejecutivos y gerentes de las corporaciones multinacionales, la banca financiera, los medios de comunicación. El gobierno dinamitó la integración regional. Optó por un alineamiento geopolítico con Estados Unidos totalmente fuera de época. En el marco de una política amigable con los mercados financieros, saldó la deuda con los “fondos buitres”, desreguló el mercado de capitales, abrió las importaciones, dolarizó las tarifas de servicios públicos, recortó el gasto público, redujo los subsidios. Anunció la llegada de una “lluvia de inversiones” y el regreso del crédito a tasas bajas, que sentarían las bases para el crecimiento económico duradero y la derrota definitiva del “populismo”. Macri se propuso convertir a Argentina en el supermercado del mundo, con el eje puesto en la exportación de productos agrícolas y minerales y el desarrollo de los servicios. El ajuste, implementado desde el primer momento, provocó una previsible caída de la industria y del consumo. El gobierno abordó este resultado como parte de una “destrucción creativa”, que forzaría la reconversión de los sectores ineficientes. Obligado por el brusco deterioro de la economía, mantuvo los planes sociales de supervivencia, que desde la crisis de 2001 funcionan mediante una extensa red de organizaciones populares. La prometida “lluvia de inversiones” jamás llegó. Argentina se transformó en cambio en un paraíso para los negocios financieros y en la economía emergente que se endeudó más rápidamente, a razón de 33 mil millones de dólares por año. A medida que los compromisos externos crecían, y la capacidad exportadora y de sustitución de importaciones se estancaba, el repago de la deuda se volvió insustentable. El crédito de los bancos internacionales se cerró de golpe en abril de 2018. En mayo Macri acudió de apuro al FMI para evitar una crisis cambiaria y bancaria. El préstamo de 57 mil millones de dólares del organismo ya se consumió en su mayor parte, sin que su utilización tenga correlato en obras de infraestructura, crecimiento económico ni en ningún indicador económico social positivo. Profecías “La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente”, dijo Macri en una entrevista en 2014. Aludía así a la entonces presidenta Kirchner, cuyo segundo gobierno, entre 2011 y 2015, tuvo un promedio de inflación anual de 28%. Hoy el FMI estima que la inflación de 2019 alcanzará 57.3%. El promedio anual durante el actual cuatrienio rondará 40%. La inflación impacta con crudeza en los sectores más pobres. Según datos de la Universidad Católica Argentina, en 2015 la pobreza afectaba a 29.2% de los argentinos. Los datos oficiales del primer semestre de 2019 llevan ese guarismo a 35.4% y se prevé que llegue a 38% a fin de año. “Por la meta que quiero que se me juzgue es si pude o no reducir la pobreza”, dijo Macri poco antes de asumir el cargo. El PIB caerá este año 3.1%, después de haber caído en 2018 en 2.5%, en un país cuya población crece anualmente 1%. La recesión aviva el desempleo, que aumentó de 9.3% en 2016 a 10.6% el primer semestre de este año. Ya a fines de 2018 los salarios medidos en divisas se habían reducido a la mitad y la precarización laboral se había profundizado. El monto de las jubilaciones fue reducido por ley en 2017. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el reaseguro del sistema de jubilación estatal de reparto en caso de crisis del Tesoro, ha sido descapitalizado por el gobierno de Macri, y hoy tiene apenas un tercio de los 67 mil millones de dólares que tenía en 2015. El empeoramiento de todos los indicadores sociales ha sido acompañado por un fuerte proceso de criminalización de la protesta y securitización de los problemas públicos. Dentro del imaginario oficialista, el enemigo es encarnado por los piqueteros que realizan bloqueos, los militantes políticos y sociales, los indígenas, los inmigrantes de países vecinos, los “planeros” o beneficiarios de planes sociales. Macri asumió como propia la doctrina de las “nuevas amenazas” del Comando Sur de Estados Unidos. Adoptó toda la agenda hemisférica de Washington en materia de lucha contra el narcotráfico, militarización y seguridad. Valiéndose de una justicia adepta, socavó la acción de los sindicatos. Varios jueces “molestos” fueron removidos de sus cargos. El gobierno de Macri se presentó como adalid de la lucha contra la corrupción, achacada por completo al anterior gobierno. Para la investigación de los delitos atribuidos a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios y hombres de negocios, apeló sin embargo al tradicional armado de causas, a través de operaciones ejecutadas por jueces y fiscales federales, periodistas de los grandes medios y agentes de inteligencia. Tanto Macri como varios de sus funcionarios enfrentan hoy denuncias por conflictos de interés, al favorecer sus negocios particulares desde los cargos que desempeñan. El cambio de la dirección del viento en los estrados judiciales se expresa en el paulatino florecer del centenar de causas en las que se investiga al primer mandatario. El presidente está imputado por haber intentado licuar la multimillonaria deuda que el Grupo Macri tiene con el Estado tras su paso por el Correo Argentino. Otras imputaciones se refieren al favorecimiento de intereses familiares en la adjudicación de rutas aéreas y parques eólicos y en el marco del blanqueo de capitales para evasores fiscales. Una más se debe al uso de aportantes falsos en las campañas electorales de 2015 y 2017, utilizando sin su consentimiento a beneficiarios de planes sociales, jubilados y empleados públicos, con el fin de blanquear fondos destinados al proselitismo. Éxito o fracaso “Si ganamos esta elección, iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible”, dijo Macri en marzo de este año durante un diálogo con Mario Vargas Llosa. Su gestión ha implicado un deterioro en el nivel de vida de la mayor parte de la población. Dentro del ideario del sector que hoy gobierna Argentina, un cierto aumento de la desigualdad social y económica se presume necesario para generar competencia y crecimiento. Los analistas políticos se dividen entre quienes consideran que los resultados de la gestión responden a objetivos buscados y quienes los achacan a la ineptitud de los funcionarios. Por lo pronto, el gobierno ha logrado un cambio estructural y de fondo del funcionamiento de la economía argentina mediante la transformación de los patrones de distribución del ingreso. Se trata de un cambio profundo, de muy difícil reversión, que condicionará a los futuros gobiernos. Con la ayuda de un formidable blindaje mediático, el gobierno pudo imponer la despolitización, entendida como la ausencia de polémicas en torno al rumbo económico, defendido como el único posible, pese al notorio costo social y económico. El gobierno también se valió de ciberataques en las redes sociales, con el fin de acosar a las voces disidentes, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, con el propósito de limitar el debate público a través del disciplinamiento y la autocensura. En solo cuatro años Argentina pasó de no deberle nada al FMI a ser su primer deudor mundial. Macri amarró las políticas económicas a los requerimientos que impone el organismo, cuyo préstamo es un programa de gobierno. A pesar de esto, el país se encuentra en virtual cesasión de pagos de la deuda externa, que hoy representa 93% del PIB y es la mayor de toda su historia. Los vencimientos en los próximos cuatro años alcanzan los 150 mil millones de dólares. Las reservas de libre disponibilidad del Banco Central suman unos 18 mil millones. Macri termina su mandato con cuatro millones de nuevos pobres y la economía argentina en recesión profunda. Para 2020 se prevé una inflación de 40% y una caída del PIB de 1.3%. El crédito institucional y el privado están cerrados. El FMI presiona al próximo gobierno para que asuma como propias sus recetas habituales. Este es el estado del país que recibirá Alberto Fernández, en caso de que el presagio de las consultoras se verifique, y sea elegido presidente este domingo 27. Todas las encuestas de los últimos dos meses ven ganador al candidato peronista, que promedia 53% de los votos y supera a Macri por casi 20 puntos. Para triunfar en primera vuelta, Alberto Fernández necesita superar 50% de los votos o alcanzar 45% y superar al presidente por 10 puntos. Todo indica que la suerte quedó echada en las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que Fernández aventajó a Macri por 49% a 32% de los votos. El resultado fue tan categórico, y socavó de tal manera el armado comunicacional del gobierno y los grandes medios, que provocó el inmediato posicionamiento de todos los actores. El establishment se alejó al instante de Macri y abrió el diálogo con Fernández. La bofetada democrática aplacó la tensión acumulada en vastos sectores de la población, que descuenta un cambio positivo a partir del 11 de diciembre. Consciente de la situación, el oficialismo optó por asegurar el voto propio, radicalizando el discurso de derecha. Fernández sostiene que va a poner en marcha el país, fomentando la industria y el consumo, al igual que tras la salida de la crisis de 2001. Propone consensuar precios y salarios entre las empresas, los sindicatos y el Estado, abrir líneas de crédito para las pequeñas y medianas empresas, desdolarizar las tarifas de servicios públicos. “Para poder pagar, primero hay que crecer”, ha dicho en referencia a la compleja reprogramación de la deuda externa que se abre con el FMI y la banca internacional. Fernández considera que el respaldo de México podría ser decisivo a la hora de negociar con Estados Unidos los términos de repago. Este acercamiento también incluye el tema Venezuela. Como México, Uruguay y Bolivia, Fernández se opone a la intervención en los asuntos internos de aquel país. Ha anunciado su salida del Grupo de Lima, que promueve al desembarco de tropas en Caracas para forzar un cambio de gobierno. Enfrentado con Jair Bolsonaro, a quien ha tildado de misógino y racista, Fernández no irá a Brasil, primer socio comercial de Argentina, en caso de convertirse en presidente electo. Su primer viaje sería a México, para entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de forjar una visión común sobre el futuro de la región.