CIUDAD DE GUATEMALA (proceso.com.mx).- Un ambiente tenso se respiraba en la Ciudad de Guatemala el pasado 31 de agosto: vehículos de la Fuerzas Combinadas del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) comenzaron a circular frente a las instalaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en una acción que trajo a la memoria los golpes militares de la década de los ochenta. Las investigaciones de la CICIG, creada en 2006 y financiada por Naciones Unidas con el objetivo de desmantelar redes de corrupción y crimen organizado en el país centroamericano, han puesto tras las rejas a los expresidentes Otto Pérez Molina y a Álvaro Colom. La CICIG también solicitó el desafuero del actual presidente, Jimmy Morales, para que pueda enfrentar cargos penales por su presunto involucramiento en un caso de financiamiento electoral ilícito. Horas después de esa petición, Jimmy Morales dio una conferencia de prensa, rodeado por el alto mando militar, en la que anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, cuyo retiro del país estaba programado para el 3 de septiembre de 2019. Morales dijo que en varias ocasiones su gobierno expresó “preocupaciones” sobre el actuar del jefe de la comisión, el juez colombiano Iván Velásquez, a quien señaló de “violar” las leyes, “induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad”. Según el presidente guatemalteco, la CICIG llevó a cabo “una persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala”. Cuatro días después, Morales anunció en un comunicado que el Consejo de Seguridad Nacional había declarado a Velásquez, quien se encuentra en Washington, como una amenaza para la seguridad del país, y que había dado instrucciones al Departamento de Migración para prohibirle la entrada al país. La espalda Washington El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, reiteró su apoyo a Velásquez, pidiéndole que continúe su labor desde fuera de Guatemala “hasta que haya más claridad sobre la situación”. En un comunicado también subrayó que la CICIG “ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra la impunidad” en Guatemala. Sin embargo, el inesperado giro de Estados Unidos --que aporta 40% del financiamiento internacional para la CICIG-- en su postura hacia la comisión incrementa la incertidumbre en torno a su permanencia en el país. Un día después de que Morales anunciara que no renovaría el mandato de la CICIG, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, twitteó un mensaje de apoyo al gobierno guatemalteco sin mencionar la expulsión del organismo. “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en contra del narcotráfico y seguridad”, decía el mensaje de Pompeo. Luego Estados Unidos no firmó el comunicado emitido el 5 de septiembre por el llamado “G13”, el grupo de cooperantes que apoya a la CICIG, en el que expresa su “pesar” ante la decisión del presidente Morales e insta a su gobierno a buscar una “solución constructiva” a la confrontación. El distanciamiento entre la administración de Donald Trump y el G13 se hizo aún más evidente cuando Pompeo llamó por teléfono a Morales, al día siguiente, para “reiterar el apoyo de su país a la soberanía guatemalteca”. El secretario expresó “el apoyo continuo de Estados Unidos para una CICIG reformada” y se comprometió a continuar trabajando con Guatemala “en la ejecución de las reformas durante el año que viene”, según el comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos en Guatemala. El lobby anti-CICIG Durante su campaña presidencial, Morales, un comediante neófito en la política que llegó al poder con el eslogan: “ni corrupto ni ladrón”, había expresado su apoyo hacia la CICIG. “Que me investiguen y que investiguen al FCN (el partido oficial)”, dijo en el programa Cara a Cara, transmitido por el canal Azteca Guatemala. Pero una vez en el poder, la relación entre Morales y la CICIG se volvió tensa cuando esa frase retadora se volvió realidad y la comisión señaló al presidente y al FCN de financiamiento electoral ilícito en agosto de 2017, y solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que le retirara la inmunidad para que pudiera enfrentar una persecución penal por ese delito. La CICIG ha afirmado que como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Morales no justificó ante el Tribunal Supremo Electoral el origen de 6.7 millones de quetzales durante la campaña electoral de 2015. En aquella ocasión Morales viajó a Washington, donde se reunió con el entonces secretario general de Naciones Unidas y presentó una queja contra Velásquez, aduciendo que el comisionado debía “circunscribirse” a su mandato. Posteriormente declaró a Velásquez “non grato” y le ordenó que abandonara el país de inmediato, pero un recurso de amparo presentado ante la CC por organizaciones de derechos humanos frenó su expulsión. Luego de que la CC dictaminara que existían suficientes motivos para solicitar el desafuero de Morales, el tema pasó a manos de una “comisión pesquisidora” en el Congreso, pero el partido oficial logró que una mayoría de diputados votara en contra de retirarle la inmunidad, una maniobra tildada por sus opositores como un “pacto de corruptos”. Un año después, se repite la misma historia, pero con un desenlace distinto: la CC autorizó el desafuero de Morales y la decisión pasa a manos de la comisión pesquisidora en el Congreso, que aún no se ha pronunciado. En el año que ha transcurrido, la postura de Washington hacia la lucha contra la impunidad en Guatemala ha cambiado. Pronosticando que la administración de Trump sería mucho más tibia en su apoyo hacia la CICIG, desde inicios de 2016 el gobierno de Morales ha lanzado un intenso cabildeo en Washington en contra de Velásquez y de la comisión, contratando a la firma de abogados Barnes&Thornburg para ganarse el respaldo de congresistas republicanos. Esta estrategia parecía surtir efecto cuando en mayo de este año el senador cubano-americano Marco Rubio, presidente de la subcomisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, pidió que se congelara el desembolso de 6 millones de dólares destinados al funcionamiento de la CICIG, aduciendo una posible injerencia rusa en la condena en contra de la familia Bitkov por utilizar documentos falsificados. Los Bitkov, quienes huyeron de Rusia acusados de delitos fiscales, afirman que han sido perseguidos por ser opositores del gobierno de Vladimir Putin y su condena fue anulada por la CC el pasado 25 de abril. “Me preocupa que la CICIG, una comisión financiada principalmente por Estados Unidos, haya sido manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov en Guatemala”, dijo el senador Rubio en un comunicado. Los senadores republicanos Christopher Smith, Roger Wicker y Mike Lee se sumaron a la petición de Rubio de frenar el financiamiento a la CICIG. Sin embargo, ese intento fue infructuoso y los fondos fueron liberados a finales de agosto. Y mientras que el cabildeo del gobierno de Morales en Washington pareciera haber encontrado eco entre los elementos más conservadores de la administración Trump, varios congresistas demócratas han alzado su voz en defensa de la CICIG y en contra del inesperado giro de Estados Unidos en su postura hacia la lucha contra la impunidad en Guatemala. Entre ellos destacan los congresistas Eliot Engel --quien calificó el tweet de Pompeo como “patético”-- y Norma Torres, además del senador Patrick Leahy. “Estoy alarmada por su fracaso en condenar los ataques de Morales contra la CICIG. Lo exhorto a que hable en público y que acompañe sus palabras con una fuerte respuesta política”, manifestó Torres, de origen guatemalteco, en una extensa carta a Pompeo. Leahy expresó en un comunicado que “los comandantes de las fuerzas de seguridad guatemaltecas, que en los últimos años han sido socios confiables con Estados Unidos, se han alineado con los que están en el poder para cerrar el único mecanismo creíble para combatir la corrupción y la impunidad que afectan a ese país.” Eric Olson, director adjunto del Programa Latinoamericano del Wilson Center, atribuye el cambio de postura del gobierno de Trump hacia la CICIG a la decisión del gobierno de Morales de secundar la postura estadunidense a favor de Israel, trasladando su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, poco tiempo después de que Estados Unidos también cambiara su sede diplomática. “Agradecemos a nuestro socio del Hemisferio Occidental por unirse a nosotros para reconocer la capital de Israel y alentar movimientos adicionales”, indicó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. “Esto posiblemente se debe a la decisión de Guatemala de trasladar su embajada a Jerusalén y a la preocupación de que Guatemala pudiera cortar sus lazos diplomáticos con Taiwán y entablar relaciones diplomáticas con China, como recién hizo El Salvador”, afirma Olson. En su opinión, las voces demócratas que respaldan a la CICIG “son actores poderosos, pero al final del día es el secretario de Estado quien decidirá cuál será la postura estadunidense hacia la CICIG”. Futuro incierto La nueva fiscal general, Consuelo Porras, quien en abril pasado describió al presidente Morales como “un buen aliado contra la corrupción” y ha sido señalada por las organizaciones pro justicia de estar alineada con la postura oficial, emitió un ambiguo comunicado donde afirmó que se encontraba “vigilante ante los recientes acontecimientos” e instaba a la ONU y al gobierno de Guatemala a “lograr acuerdos que beneficien a la población guatemalteca, en función de la paz, tranquilidad y armonía social”. Dado que el Ministerio Público es un aliado indispensable de la CICIG en la persecución penal de las redes de corrupción y crimen organizado en el país, el nombramiento de Porras, en mayo pasado, ha sido visto como un mal augurio para el avance de los procesos penales iniciados por la comisión. Entre los interrogantes que quedan en el aire está el futuro de Velásquez al mando de la CICIG. “Obligarlo a dejar la comisión sería desastroso e indudablemente debilitaría a la CICIG”, vaticinó Olson. La sociedad civil guatemalteca se encuentra dividida sobre la decisión de Morales de expulsar a la CICIG. Mientras en 2015 el sector privado se unió al clamor generalizado a favor de la destitución del antecesor de Morales, Otto Pérez Molina, quien enfrenta un proceso penal por corrupción, la implicación de varios grandes empresarios en el mismo caso de financiamiento electoral ilícito, por el que Morales podría enfrentar cargos, ha despertado la hostilidad del empresariado contra la CICIG. Los empresarios consideran que la comisión se ha extralimitado en sus funciones y que la lucha contra la corrupción ha llegado demasiado lejos. Ante las acciones de Morales, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) manifestó que “respetaba” la postura del gobierno. A pesar de que una encuesta publicada por Latinobarómetro, en abril pasado, reveló que la CICIG fue la institución que generó más confianza entre los guatemaltecos en 2017, la manifestación en contra de su expulsión fue insignificante en comparación con las movilizaciones masivas que obligaron a Pérez Molina a renunciar en 2015. “Cuando llegué al parque me sorprendió ver poca gente. La gente que estaba allí estaba ligada a las luchas de izquierda, pero yo soy una persona bastante moderada”, dijo Rodrigo de León, uno de los manifestantes. “No era como en 2015. Había recelo. Ahora cada quien se ha ido por sus propias causas. Hace falta articular un discurso que nos una a todos”. Carmen Aída Ibarra, representante del Movimiento Pro Justicia, no vaticina un resurgimiento de las marchas de hace tres años. “En 2015 había un claro rechazo hacia Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti porque se descubrió que estaban involucrados en casos de corrupción nunca antes vistos y hubo un clamor por la justicia. Cuando cayó el gobierno de Otto Pérez Molina, las movilizaciones disminuyeron porque ya estaban enfrentando procesos judiciales y un alto porcentaje de ese clamor ya estaba satisfecho. Ahora las movilizaciones se atomizan cuando se trata de apoyar a Iván Velásquez”, afirma Ibarra. “Para que las manifestaciones resurjan se necesita un detonante. El presidente Morales es asumido por todos como un presidente torpe que no ha tenido un buen desempeño, pero tampoco moviliza masivamente a la gente en su contra”, agregó la activista. Gabriel Wer, uno de los jóvenes líderes de #RenunciaYa, uno de los colectivos que protagonizaron las marchas de 2015, atribuye la aparente apatía de la clase media urbana al desencanto, ya que la salida de Pérez Molina no acabó con la corrupción ni produjo cambios en el statu quo. “Después de tres años estamos en una situación de cansancio y la gente se pregunta de qué va a servir salir a protestar”, afirma Wer.