CIUDAD DE GUATEMALA (apro).- El pasado 23 de julio el expresidente del Congreso guatemalteco, Luis Armando Rabbé Tejada, fue detenido por la Interpol en Monterrey, México, mientras acudía a una cita en el Instituto Nacional de Migración, como parte del trámite para solicitar asilo político en México. Guatemala solicitó la extradición de Rabbé para enfrentar cargos de corrupción, pero el proceso podría tardar hasta cuatro años. Tras su detención, Rabbé fue trasladado a la Ciudad de México, donde compareció ante la juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio en el Reclusorio Sur, quien le informó que las autoridades guatemaltecas buscan extraditarlo para enfrentar un proceso penal por contrataciones irregulares durante los meses en que fungió como presidente del Congreso, en 2015. Siete exdiputados, incluyendo tres de los cuatro expresidentes de la séptima legislatura (2012-2016) se encuentran acusados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de los mismos delitos como parte de un escándalo de corrupción conocido como el “caso Plazas Fantasma”. El tratado de extradición suscrito entre México y Guatemala establece que si la persona sindicada no se opone a la extradición, ésta se llevará a cabo de manera inmediata. Por el contrario, si el sindicado se opone, deben agotarse todos los recursos legales. Rabbé se opuso a la solicitud de extradición y la jueza no le otorgó ninguna medida sustitutiva. Debido a ello ingresó al Reclusorio Sur de la ciudad de México donde permanecerá hasta que Guatemala formalice la solicitud de extradición, dentro de un plazo de 60 días, para enfrentar cargos por abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción. El intocable La carrera política de Rabbé se remonta a los noventa, cuando fue parte del extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido con el cual se postuló como candidato a la alcaldía capitalina en 1999. Su poder político se basaba en su condición de operador político del empresario mexicano Ángel González, propietario del conglomerado mediático Albavisión, y con quien está emparentado desde que contrajo matrimonio con la hermana del magnate, Rosaura González. El imperio mediático de González, quien vive en Miami desde 1987, incluye los cuatro canales de televisión abierta de Guatemala, tres de los nueve canales de televisión nicaragüenses, tres canales costarricenses y cinco canales locales en el sur de México. Un estudio publicado por Rick Rockwell y Noreene Janus en 2001, titulado Silenciando el disenso: el resultado de la invasión mediática mexicana de Centroamérica, analizó la influencia política de Albavisión en Guatemala y Nicaragua y concluyó que los canales de González repetidamente habían silenciado las voces opositoras, lo cual tenía un impacto adverso en la democracia de ambos países. En Guatemala, el estudio lo señala de financiar la campaña electoral de Vinicio Cerezo en 1985 con un aporte de 650 mil dólares y de aportar más de 2.6 millones de dólares a la campaña de Alfonso Portillo, del FRG, lo cual fue decisivo para asegurar su victoria en las urnas. En 2000-2001, durante la administración de Portillo, Rabbé fue ministro de Comunicaciones, cargo que incluía la supervisión de las frecuencias de televisión abierta. Tras una pausa de 10 años, Rabbé regresó a la política en 2012 cuando fue electo como diputado de la Unión del Cambio Nacional (UCN). Poco tiempo después se declaró independiente y luego volvió a sumarse a UCN, afiliación de corta duración ya que semanas después volvió a declararse independiente hasta que en 2015 se unió al partido Líder, con el cual se reeligió como diputado. En abril de 2016 entró en vigor una reforma legal que penaliza esta práctica de cambiar de afiliación política conocida en Guatemala como “transfuguismo”, de manera que el congresista que abandone su partido no pueda sumarse a otro hasta el último año de la legislatura. Horas antes de que la nueva ley entrara en vigor, Rabbé logró hacer un último cambio, desligándose de Líder e ingresando al bloque Acción Ciudadana, integrado en su mayoría por disidentes de Líder. Una nota publicada por el diario guatemalteco Prensa Libre en esa fecha, caracterizó a Rabbé, quien pasó por tres agrupaciones políticas, como “el último de los tránsfugas”. Según los investigadores del MP y de la CICIG, durante el período en que presidió el Congreso, en 2015, Rabbé autorizó 164 contrataciones o nombramientos irregulares, incluyendo la contratación de 38 personas, entre ellos maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero quienes jamás se presentaron a trabajar pero devengaban salarios de entre 8 mil quetzales (mil dólares) y 20 mil quetzales (2 mil 674 dólares) mensuales. Los empleados que ocupaban estas “plazas fantasma” laboraban para otras dependencias del Estado o para empresas privadas, entre ellas algunas empresas que pertenecían a los propios diputados. La fuga a México El 22 de abril de 2016, en una frase que resultó profética, Rabbé había ironizado sobre su posible captura cuando la prensa lo cuestionó sobre los cargos en su contra. Alzando los puños como si tuviera las manos esposadas, dijo, con tono burlón: “Aquí está mire, vengan a traerme, pónganme ya las esposas”. Cuatro meses después, Rabbé viajaría a México 48 horas antes de que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad para que pudiera enfrentar cargos penales por su involucramiento en el “caso Plazas Fantasma”. Sus múltiples intentos de interponer recursos legales que pudieran frenar el actuar de la corte habían fracasado. Su salida se dio a conocer el 16 de agosto de 2016, luego de que varios usuarios de Twitter subieran fotografías de Rabbé sentado en una sala de espera en el Aeropuerto de la Ciudad de Guatemala, esperando un vuelo a México. Desde esa fecha hasta su detención el pasado 23 de julio, el expresidente del Congreso vivía en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, uno lo de los lugares más exclusivos de México. Las investigaciones lideradas por la CICIG, un ente financiado por Naciones Unidas para desmantelar estructuras de corrupción y crimen organizado en Guatemala, han puesto tras las rejas a los expresidentes Otto Pérez Molina y Álvaro Colom, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Una investigación en curso también señala al actual presidente, Jimmy Morales, de financiamiento electoral ilícito, por lo cual también podría perder su inmunidad y enfrentar un proceso penal. Ahora Rabbé, considerado como “el intocable del Congreso” se suma a la larga lista de altos funcionarios perseguidos por el brazo de la CICIG. “El caso Rabbé es emblemático porque él era un operador muy importante del empresario que posee las frecuencias de canal abierto de toda Guatemala (Ángel González) y era un operador que permitía que la clase política tradicional se sirviera de esos servicios. El mensaje de los diputados queda muy claro: a pesar de que era muy poderoso por tener de padrino al dueño de los canales de televisión, está siendo perseguido a nivel de extradición”, afirma Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional. El lento caminar de la justicia internacional Según expertos en procesos de extradición, podrían pasar varios años antes de que Rabbé regrese a Guatemala para enfrentarse a la justicia. El caso del expresidente Portillo, sienta un precedente que ilustra la lentitud de estos procesos. En febrero de 2004, Portillo huyó a México desde San Salvador, acusado de peculado, pero su extradición a Guatemala se produjo hasta octubre de 2008. El abogado penalista David Pineda, quien llevó el caso de Portillo cuando este fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos, en 2013, para enfrentar cargos de lavado de dinero, explica que incluso cuando existe un tratado de extradición entre ambos países – como es el caso de México y Guatemala – para que un sindicado pueda ser extraditado es necesario que exista una correspondencia entre los delitos que se le imputan en su país de origen y el Código Penal del país donde se encuentra el sindicado. Esto significa que es muy probable que su equipo legal en México intente demostrar que los delitos que se le imputan a Rabbé en Guatemala - abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción – no existen bajo la legislación mexicana, lo cual podría retrasar significativamente un proceso que podría durar entre dos y cuatro años. Otra estrategia legal que podrían emplear sus defensores sería solicitar la ciudadanía mexicana para Rabbé con base en su matrimonio con Rosaura González.