CIUDAD DE GUATEMALA (apro).- Un millón 780 mil 530 guatemaltecos (24.04% de los 7.52 millones de ciudadanos empadronados) marcaron el “sí” en una papeleta en la cual se les planteaba la pregunta: “¿Está de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice sobre territorios (...) sea sometido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras?”. El referéndum fue convocado el pasado 15 de abril. Cinco días después, Guatemala presentó los resultados ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ente internacional que ha fungido como mediador en una disputa que ha cobrado la vida de diez campesinos guatemaltecos en la llamada “zona de adyacencia” entre ambos países. El 30 de abril, el gobierno beliceño anunció que realizará una consulta propia el 10 de abril de 2019 y de ganar el “sí”, el diferendo será sometido a la CIJ, un tribunal de Naciones Unidas creado para resolver diferencias territoriales entre los países, cuyas sentencias son definitivas e inapelables. Aunque la participación en la consulta guatemalteca fue baja -siete de cada diez empadronados no asistieron a las urnas-, superó levemente a la registrada en las dos consultas anteriores que se han realizado en el país, ninguna de las cuales superó el 20%. “Creo que debió de haberse realizado en un proceso electoral. Al aislarlo era lógico que iba a haber abstencionismo porque es un asunto bastante abstracto que es difícil de manejar en una campaña cívica”, afirma Mario Fuentes Destarac, expresidente de la junta directiva del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON). “Tierra de nadie” La apatía que se evidenciaba en la mayoría de los centros de votación a lo largo y ancho del país, contrastó con las largas filas que se observaban en los centros de votación en la llamada “zona de adyacencia” limítrofe que separa a los dos países: una franja de 90 kilómetros donde impera la ley guatemalteca en el radio de un kilómetro hacia el oeste de la línea y la beliceña en el radio de un kilómetro al este de la línea imaginaria. Aisladas, sin servicios básicos ni títulos de propiedad para las tierras donde viven, unas 42 aldeas campesinas, en su mayoría de la etnia maya qeqchí y ubicadas en la zona de adyacencia, se han visto atrapadas en un conflicto que ha dejado un saldo de diez guatemaltecos muertos. Estas comunidades esperan que una resolución de la CIJ delimite claramente la frontera entre Guatemala y Belice y les de certeza jurídica sobre el territorio donde viven. La añeja disputa data de finales del siglo XVIII, cuando lo que ahora es Guatemala y Belice era un solo territorio que pertenecía a la corona española. Entre 1783 y 1786, España permitió que la corona británica cortara palo de tinte en una pequeña porción del territorio que hoy es Belice. Pero la corona británica utilizaría este permiso como punta de lanza para una invasión paulatina de ese territorio y cuando Guatemala se independizó de la corona española en 1821, los colonos británicos ya habían invadido la totalidad del territorio beliceño. Durante el siglo XIX, Guatemala señalaría repetidamente a Gran Bretaña de incumplir varios acuerdos entre los dos países. En 1859, Guatemala y la corona británica firmaron el Tratado de Aycinena-Wyke, mediante el cual Guatemala cedía el área entre el río Sabún y río Sarstún a cambio de la construcción de un tramo vial que nunca se materializó. Cuatro años después, Gran Bretaña se comprometió a pagarle a Guatemala un monto de 50 mil libras esterlinas como compensación por la usurpación del territorio beliceño, pero nuevamente incumplió. Gran Bretaña otorgó la independencia a Belice en 1981. Una década después, Guatemala reconocería al vecino país como nación independiente, pero reclamaría 12 mil 272 kilómetros cuadrados de su territorio (la mitad de su extensión), incluyendo varias islas y cayos. En noviembre de 2000, Guatemala y Belice firmaron el primer Acuerdo Sobre Medidas de Fomento de la Confianza, con el cual se estableció la zona de adyacencia entre los dos países, pero las tensiones afloran cada vez que muere un campesino guatemalteco acribillado por soldados beliceños que lo acusan de incursionar en territorio de su país. El enfrentamiento armado más reciente, el 20 de abril de 2016, resultó en la muerte de Julio René Alvarado, de 13 años, hijo de un campesino guatemalteco. Ambos países intercambiaron declaraciones indignadas y Guatemala envió 3 mil soldados a la frontera con Belice. El drama de Julio René Alvarado y su familia es la historia de unos 5 mil guatemaltecos que habitan en una zona de adyacencia que se ha convertido en “tierra de nadie”. Su padre, Carlos Alvarado, un campesino de subsistencia, cultivaba una parcela cerca de la aldea de San José Las Flores, una de las más cercanas a la línea divisoria entre Guatemala y Belice. Como la división entre los dos países no aparece en los mapas y en el terreno no hay una brecha que la marque, Alvarado no sabía que su terreno se encontraba en Belice, hasta que las patrullas beliceñas comenzaron a llegar en 2010 y capturaron a varios campesinos guatemaltecos a quienes acusaron de incursionar ilegalmente en territorio beliceño. La investigación que llevó a cabo la OEA para dilucidar las circunstancias que ocasionaron la muerte de Alvarado y apaciguar las tensiones entre los dos países, concluyó que las balas que le segaron la vida al menor fueron disparadas por guardianes armados de la reserva natural de Chiquibul, la cual colinda con Guatemala, que se visten de camuflaje y son fáciles de confundir con soldados de la patrulla fronteriza. Mientras que del lado beliceño se encuentra esta área protegida, del lado guatemalteco se encuentran aldeas como San José las Flores, donde sólo el 26% de los campesinos tiene tierra donde cultivar. Abandonados por el Estado, sin medios de subsistencia, estos campesinos se han dedicado al corte de xate, una palmera ornamental que se exporta a Estados Unidos y Europa, a la tala de caoba y cedro y más recientemente a la búsqueda de oro, actividades que los convierten en el blanco de enfrentamientos armados cada vez que cruzan la línea imaginaria e incursionan en territorio beliceño. Al drama humano de las comunidades campesinas que viven en la zona de adyacencia se suma una preocupación en ambos lados de la frontera por la incursión de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, contrabando de armas y de piezas arqueológicas y trata de personas que han aprovechado la porosidad de la frontera. Edgar Gutiérrez, excanciller bajo el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), afirma que sólo una resolución de la CIJ pondría fin a la incertidumbre en que viven las comunidades campesinas en el área fronteriza. “Al delimitar fronteras lo que se espera es que se baje la tensión del lado beliceño y que no vean a cualquier campesino o labrador como enemigo o invasor, le disparen y luego pregunten. Una buena resolución del diferendo debe de traer programas de hermandad, entendimiento y cooperación para que las poblaciones de las adyacencias vivan y se desplacen con tranquilidad,” asegura Gutiérrez. Un proceso largo y costoso Después de varios intentos fallidos de alcanzar un consenso, Guatemala y Belice firmaron en 2008 un acuerdo especial para someter el reclamo territorial, marítimo e insular a la CIJ. Pero mientras el acuerdo se negociaba, Belice modificó su Ley de Referéndum, incrementando a 60% el porcentaje mínimo del padrón electoral requerido para que una consulta popular sea válida. El número de electores que acuden a las urnas nunca llega a ese porcentaje, por lo que es difícil que éste se logre. Guatemala acusó a Belice de actuar de mala fe y suspendió la realización de la consulta popular, programada para octubre del 2013. Belice dio marcha atrás y modificó nuevamente la Ley de Referéndum. Así fue como se estableció la nueva fecha para la consulta guatemalteca: 15 de abril de 2018. Tras darse a conocer la victoria del “sí”, el gobierno beliceño felicitó a Guatemala mediante un comunicado de prensa. “Este acto de expresión cívica en Guatemala se condujo de manera pacífica y eficiente, lo cual contribuye al fortalecimiento de la democracia, la paz y la seguridad en Guatemala y en la región”, reza el comunicado. El 30 de abril, el gobierno beliceño anunció que su referéndum se realizará el 10 de abril de 2019 y que ya ha iniciado una campaña de información bajo el lema “ICJ, be informed” (CIJ: Infórmate). Si gana el “sí” en una consulta beliceña y el diferendo se lleva a La Haya, Guatemala deberá desembolsar unos 11 millones de dólares para sufragar el costo de abogados internacionalistas que lo representen ante la CIJ, además de los 40 millones de dólares que erogó para realizar la consulta, un costo elevado para un país donde el 59.3% de los habitantes vive en pobreza y pobreza extrema. No obstante, Fuentes Destarac considera que, tras haber agotado la opción de las negociaciones bilaterales, el litigio ante la CIJ es la única solución, sobre todo para las comunidades en la zona de adyacencia que viven en constante zozobra. “Vale la pena porque mantener una disputa entre Estados con relación con el territorio causa incertidumbre; una falta de certeza jurídico-política que redunda en problemas serios en la frontera, ya que al no estar delimitada hay una zona de adyacencia que se ha convertido en un territorio de nadie donde se presentan controversias y conflictos que causan hasta muertos. Una vez resuelto el diferendo existirá la posibilidad de entablar una relación comercial normal entre los dos vecinos”, asegura el abogado.