RÍO DE JANEIRO (proceso.com.mx).- En punto de las 09:00 horas, militantes del Partido de los Trabajadores (PT) que acampan frente a la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, gritan: “¡Buenos días, presidente!”. Lula –encarcelado desde el pasado sábado 7– escucha ese grito cada mañana, según su abogado. El campamento permanente frente a la sede de la Policía Federal es parte de la estrategia del PT para denunciar que Lula es un “preso político”. Todos los militantes petistas están llamados a participar en este plantón o a organizar actividades de denuncia en sus regiones de origen. Muchas páginas de Facebook muestran en vivo lo que pasa en el campamento, como la llegada de personas que dan apoyo logístico, financiero o moral: “Vine hoy para dar alimentos y ánimo. Es claro que esta lucha no es nada más para la libertad de Lula, es para el derecho al voto, para la democracia”, dice Bruno Mancuso, un artista de Curitiba. Incluso el PT piensa transferir su sede nacional de Brasilia a Curitiba, llamada ahora “la capital de la resistencia”. Esta decisión muestra que el Partido se prepara para una lucha larga y difícil. El PT elaboró también una estrategia internacional, con apoyo de otros partidos de izquierda. La expresidente Dilma Rousseff jugó un papel fundamental, dada su condición de exjefa de Estado y por haber sido víctima de un “golpe parlamentario”. Viajó a Europa y explicó en Madrid, el pasado martes 10, cuál es el sentimiento del Partido respecto al encarcelamiento de Lula: “Muchos decían que tendríamos que resistir e impedir su prisión. Pero somos un partido institucional. Creemos en la democracia. Si uno cree en la democracia en su país, tiene que ser el primero en respetar las reglas, aunque estén siendo distorsionadas. La democracia en Brasil está claramente en riesgo. El proceso de excepción está empeorando. Debemos tener claridad, porque este tipo de proceso de excepción ya ocurrió en Paraguay, en Honduras y puede ocurrir en otros países de América Latina otra vez. El lawfare, es decir el uso de la ley para destruir al enemigo, está aconteciendo en Brasil, porque de otra manera no conseguirían destruir a Lula”. Una declaración similar fue hecha en 2016 por la defensa del expresidente Lula ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. El abogado que lleva el caso en las Naciones Unidas es Geoffrey Robertson, quien defendió al escritor Salman Rushdie, a Julian Assange y participó en la querella de Human Rights Watch contra Augusto Pinochet. La defensa ante la ONU no analiza el mérito de la condena de Lula, es decir si es culpable o no, sino que afirma que el proceso “violó los derechos civiles y políticos de Lula”, por unos jueces que no tienen una “actitud imparcial”. “Sergio Moro ama mucho la publicidad y se comporta como un Eliot Ness (el agente que en Estados Unidos encarceló a Al Capone en los treinta). Ningún juez puede aparecer públicamente al lado de los enemigos políticos de la persona que va a juzgar, cuando se trata de un caso tan importante para el país”, dijo Robertson al portal de información GGN, en referencia a un evento de 2016, donde el juez Sergio Moro, quien lleva el caso contra el exmandatario brasileño, apareció departiendo alegremente con el senador Aécio Neves, candidato presidencial de la derecha en 2014. Robertson explicó que en el sistema brasileño de justicia, el juez es a la vez promotor y juzgador, lo que le da un poder mucho más amplio y, en consecuencia, la responsabilidad de tener una conducta irreprochable. Esta situación se equilibra normalmente al momento de la segunda instancia, cuando son tres los jueces que analizan el caso. “Pero en el caso de Lula, el presidente del tribunal de Porto Alegre, donde se juzgó el caso en segunda instancia, en conferencia de prensa pocos días después de la primera instancia se pronunció diciendo que la sentencia de Moro era perfecta, sin ningún defecto”, agregó en la misma entrevista. Argumentó también que la investigación buscó todas las cuentas bancarias de Lula, aseguró todos sus bienes, intervino todas sus comunicaciones. “No encontraron nada. Lula, después de dejar la Presidencia, sigue viviendo en el mismo y modesto apartamento en la ciudad de Sao Bernardo do Campo. Y no hay ninguna evidencia de que él o su esposa se hayan beneficiado de regalos dados por las empresas involucradas en el escándalo de corrupción”, escribió el abogado en un articulo para la revista Foreign Affairs. Robertson denuncia también los métodos usados contra Lula frente a la opinión pública. El hecho de que la policía lo llevó a declarar, en marzo de 2016, a las 06:00 horas es considerado una maniobra para “arruinar su imagen”, según la defensa. Los jueces usan este mecanismo cuando el acusado rechaza responder a los interrogatorios de la justicia, que no fue el caso del expresidente. En el mismo sentido, dar a la prensa más de 50 grabaciones personales del expresidente, incluyendo una conversación –obtenida ilegalmente– entre Lula y Rousseff, entonces jefa de Estado, tenían, según Robertson, el objetivo de dañar a la defensa. Moro fue condenado por la Corte Suprema por usar esas grabaciones; pero el juez ofreció “disculpas” y no fue castigado. “En cualquier democracia del mundo el caso hubiera salido de sus manos, después de usar tácticas como grabaciones ilegales ofrecidas a la prensa”, argumenta Robertson. Después del encarcelamiento de Lula, la queja de 2016, que hasta ahora había avanzado poco, acaba de pasar en la ONU a régimen de urgencia. Y el PT deposita mucha esperanza en esta decisión, porque Moro es quien va a ponderar otras seis acusaciones contra Lula, también por corrupción y lavado de dinero. Todo indica que el juez va a actuar con la misma rapidez que le aplicó al caso del “departamento” y el decreto de la prisión de Lula. El juez tampoco da señales de querer bajar la polémica sobre sus preferencias políticas: el martes 10 participó en el Fórum de la Libertad, el acto más importante de la ultraderecha liberal en Brasil. ¿Justicia para todos? Mientras la batalla jurídica sigue, la mediática está también muy activa. Lula prometió que si regresa al poder, tendría “esta vez sí, que hacer la reforma de los medios de comunicación”. Desde el comienzo del proceso, muchos grandes medios no respetaron la presunción de inocencia del expresidente. Un semanario como Veja, por ejemplo, ha publicado varias portadas de Lula vestido como presidiario. Desde que Lula está, efectivamente, preso, la prensa asegura todos los días que las investigaciones sobre la corrupción en los otros partidos políticos avanzan. “Dado que el discurso del equipo de la Operación Lava Jato fue siempre que iba a actuar contra todos los políticos corruptos, ahora va a tener que hacerlo para mostrar que el discurso del PT sobre la persecución política es falso. Si no, la gente lo va a percibir”, considera Esther Solano, analista política y socióloga de la Universidad de Sao Paulo. La Corte Suprema tendría mucha dificultad esta vez para evitar la acusación, el próximo martes 17, contra Aécio Neves, quien fue grabado por Joesley Batista, presidente de la multinacional agropecuaria JBS, pidiéndole 500 mil euros para los gastos de su defensa. El senador dijo, en la misma grabación, que si su primo –encargado por él para ir por el dinero– hablara “podrían matarlo”. El primo fue descubierto por la Policía Federal en el momento de recibir el dinero, gracias a un acuerdo de colaboración con JBS. La Corte Suprema había rechazado la denuncia del procurador general el año pasado, pero ahora, después de autorizar el encarcelamiento de Lula, difícilmente podrá negarse. La prensa informó además que cuatro gobernadores, acusados por Odebrecht de recibir sobornos, acaban de dejar sus puestos para participar en el proceso electoral del 7 de octubre, en el que se renovarán la Presidencia, el Congreso y los gobiernos estatales. Si dejan sus gubernaturas perderán el fuero, lo que puede implicar que las investigaciones contra ellos sean retomadas. Entre ellos está el exgobernador de Sao Paulo y candidato por el Partido de la Social Democracia Brasileña a la Presidencia, Geraldo Alckmin, acusado, dentro del caso Odebrecht, de haber recibido 4.5 millones de euros para sus campañas en 2010 y 2014. Pero el miércoles 11, el Tribunal Superior de Justicia lo protegió y derivó la investigación al Tribunal Electoral de Sao Paulo, mucho más fácil de influenciar y con penas menores. Varias opciones y un peligro A seis meses de las elecciones, los analistas se abstienen de hacer cualquier pronóstico, pues el candidato más fuerte está ahora preso y su partido es incapaz de tomar decisiones. En dos días, Lindbergh Farias, senador por Río de Janeiro, ha hecho declaraciones contradictorias sobre lo que podría hacer su partido, el PT. El martes 10 le dijo al canal de noticias UOL que hay una división en el partido sobre dos caminos posibles: “Uno es boicotear esta elección, dado que una elección sin el candidato con mayor intención de voto es un fraude. La otra opción es que si Lula no puede ser candidato, se va a definir uno que represente a Lula, incluso de otro partido, pero que será designado por el expresidente”. La noche del mismo martes 10 explicó en un video en su página de Facebook que “Lula es y será nuestro único candidato. Vamos a hacer lo mismo que Perón en Argentina en 1945. Fue preso después de un golpe militar, hubo una gran movilización para liberarlo y fue presidente en 1946”. En opinión de Esther Solano, eso evidencia no tanto la división sino la incertidumbre en la que está el PT: “Creo que el partido no sabe qué proponer. Va a registrar la candidatura de Lula, eso es bastante claro, aunque sea una candidatura simbólica. “Lula ha mostrado la voluntad de unir a las izquierdas, que efectivamente se unieron al momento de su encarcelamiento. Y los partidos de izquierda están conscientes del desafío de esta elección, con una candidatura muy fuerte de extrema derecha. Pero la unión no es formal todavía”, comenta. Las encuestas que se harán después del encarcelamiento de Lula son muy esperadas: por el momento no se tiene una idea clara del impacto de ese hecho sobre los votos. Hasta ahora, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro aparecía en segunda posición, con 20 puntos menos que Lula. “Bolsonaro se presentó como el único capaz de vencer a Lula e intentó seducir así a los poderes económicos. Ahora, sin Lula, deberá convencerlos de que él es una mejor alternativa que los candidatos de derecha o de centroderecha, que tienen una relación mucho más profunda con el mundo económico. Para mí, el guion ahora es mucho más complicado para Bolsonaro”, considera el analista político Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.