CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez argentino Claudio Bonavio envió a juicio oral y público a la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de atentar contra una mutual judía en 1994. El caso fue abierto por la denuncia que presentó en 2015 el fiscal Alberto Nisman, quien posteriormente apareció muerto. De acuerdo con un despacho informativo de la agencia EFE, fuentes jurídicas informaron que el magistrado federal Claudio Bonadio dio por cerrada la instrucción del expediente y sentará en el banquillo, en fecha todavía por determinar, a Kirchner y a su excanciller Héctor Timerman, así como a otros 11 imputados, algunos ya detenidos en prisión preventiva. Nisman, cuya muerte sigue sin esclarecerse, era el fiscal encargado de la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires, que dejó 85 muertos, atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hezbolá. El procurador creía que un acuerdo firmado entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado --que nunca entró en vigor-- buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la exmandataria siempre ha negado. Bonadio atribuye a Fernández y a otros de sus colaboradores procesados delitos de “encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionarios públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad”. “Se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”, remarca el dictamen del juez. Según el texto, esa “maniobra” se realizó “en desmedro de los intereses de los afectados y del esclarecimiento del atentado” y cuya finalidad era, “entre otras cosas, normalizar las relaciones con la República Islámica de Irán”. El juez recuerda que esta “compleja maniobra” requirió de “canales paralelos y privados de comunicación y negociación”, para lo que fue necesaria la intervención de un grupo de ciudadanos “estrechamente vinculado” con funcionarios y exfuncionarios de los Gobiernos, que contribuyeron, “desde la informalidad”, con las acciones necesarias para la concreción del plan. Por esta causa, la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual Gobierno, ya acudió a declarar como investigada el pasado 26 de octubre, y semanas después Bonadio pidió al Senado que la despoje de sus fueros parlamentarios para poder ser enviada a prisión preventiva, algo que por el momento no se ha hecho efectivo. “No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra”, expresó Fernández en un escrito presentado ante Bonadio.