A diferencia de México, en Guatemala la justicia no se anda con miramientos: el expresidente Álvaro Colom y 10 de sus entonces ministros están detenidos acusados de fraude y peculado. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía de este país centroamericano descubrieron que, a cambio de financiamiento electoral, Colom y sus colaboradores firmaron un acuerdo que destinó 35 millones de dólares a empresas privadas para implementar el llamado Transurbano, un sistema de transporte público que presuntamente ayudaría a combatir la violencia, pero que resultó un fracaso. GUATEMALA (Proceso).- El martes 13, Álvaro Colom se convirtió en el segundo expresidente guatemalteco detenido por cargos de corrupción (el primero es Alfonso Portillo, capturado en 2010), como resultado de una investigación impulsada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Colom y 10 personas más que integraron su gabinete entre 2008 y 2012, entre ellos, el exministro de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight, deberán enfrentar cargos de fraude y peculado, por firmar un acuerdo gubernamental con el cual se destinaron 35 millones de dólares para implementar un sistema de transporte público en la capital del país. Esta operación benefició a empresas de transporte que financiaron la campaña electoral de Colom. Los funcionarios detenidos deberán permanecer en prisión preventiva hasta que se realice la primera audiencia, el próximo 23 de febrero. Uno de los exfuncionarios que firmaron el acuerdo, el exministro de Comunicaciones Luis Alfredo Alejos Olivero, no fue ubicado por las fuerzas de seguridad, mientras que el exministro de Relaciones Exteriores Haroldo Rodas Melgar será sometido a un proceso para que se le retire la inmunidad que actualmente goza como diputado del Parlamento Centroamericano y enfrente los mismos cargos que los demás acusados. El origen del proyecto A las seis de la mañana del 5 de marzo de 2009, Mynor Choché, de 46 años, conductor de una unidad de transporte colectivo, fue asesinado a tiros por tres pandilleros en un suburbio del sur de la capital, conocido como El Frutal. Unos 40 minutos después, dos hombres acribillaron al conductor de autobús Pedro Lemus, de 42 años, en la periferia norte de la capital, y una hora más tarde, a cinco kilómetros, fue ejecutado el conductor Hugo Flores. Estos asesinatos no eran inusuales: entre enero y julio de 2009, 84 conductores, 16 ayudantes y 33 pasajeros murieron en ataques armados, atribuidos a las pandillas juveniles que exigieron cuantiosas sumas de dinero a los empresarios del transporte público a cambio de dejarlos circular. En ese entonces, el Ministerio de Comunicaciones pagaba un subsidio anual a los transportistas, aglutinados bajo la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), para asegurar el mantenimiento de las unidades y que el costo del pasaje se mantuviera en 1.10 quetzales (15 centavos de dólar). Sin embargo, los pasajeros viajaban en unidades viejas, sobrecargadas y en mal estado, y, en muchas ocasiones al finalizar la jornada, los conductores incrementaban arbitrariamente el precio del pasaje a tres quetzales (40 centavos de dólar, aproximadamente). En ese contexto en el que los usuarios del transporte público temían por sus vidas, el gobierno de Colom presentó un ambicioso proyecto que reemplazaría los vetustos autobuses rojos que recorrían las calles de la Ciudad de Guatemala por una nueva flotilla que contaría con paradas seguras y un sistema de cobro mediante tarjetas de prepago, para eliminar los pagos en efectivo y, por ende, reducir los ataques armados contra los conductores. A ese proyecto, el expresidente lo bautizó como Transurbano. Con su implementación, el partido de Colom, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que gozaba de más simpatizantes en el interior de la república que en las áreas urbanas, esperaba ganar el apoyo de los votantes capitalinos y asegurar su reelección en los comicios de 2011. Para poner en marcha el proyecto, la AEAU compraría tres mil 150 autobuses nuevos con un crédito de 270 millones de quetzales (35 millones de dólares), otorgado por el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e Social de Brasil, para el cual el gobierno fungiría como garante. Ocho años después de que Colom y la entonces primera dama Sandra Torres inauguraron con bombo y platillo el Transurbano, recorriendo las calles del centro histórico y saludando a la ciudadanía desde la ventanilla de uno de los autobuses nuevos, queda claro que fracasó estrepitosamente el proyecto que pretendía revolucionar el transporte público capitalino y acabar con los ataques armados contra los conductores y pasajeros. Los empresarios de la AEAU solo trajeron 445 de las tres mil 150 unidades acordadas y la maquinaria para la implementación del sistema prepago, valorada en 102.5 millones de quetzales (13.9 millones de dólares), permanece abandonada en una bodega, con el riesgo de quedar obsoleta. Los ataques armados en los medios de transporte público, por cierto, nunca cesaron: de 2010 a 2015 fueron reportados mil 676 muertos y mil 323 heridos. Agujero negro El martes 13, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y la fiscal general de la República de Guatemala, Thelma Aldana, revelaron, en conferencia de prensa, cómo el proceso que dio vida al Transurbano fue diseñado para beneficiar a inversionistas del partido del expresidente Colom, y cómo la mayor parte de los fondos destinados para la compra del nuevo sistema de transporte desaparecieron en un “agujero negro”. Según investigaciones del Ministerio Público y de la CICIG, durante las elecciones de 2007, la AEAU apoyó a los partidos que encabezaban las encuestas, especialmente a la UNE, con dinero y transporte para movilizar a sus simpatizantes, un favor que el gobierno de Colom pagaría beneficiando a esos transportistas con el millonario acuerdo que permitió la creación del Transurbano. La acusación contra Colom y sus 10 exministros detenidos se centra en la firma del acuerdo gubernamental 13-2009, del 6 de abril de 2009, mediante el cual el Ministerio de Finanzas Públicas, entonces presidido por Juan Alberto Fuentes Knight, otorgó 35 millones de dólares a los transportistas de la AEAU para la implementación del proyecto. Velásquez explicó que el acuerdo se aprobó apresuradamente, recabando de manera individual las firmas de los diferentes ministros y sin convocar al consejo, como lo establece la Ley del Organismo Ejecutivo. El único que se rehusó a firmar el documento fue el entonces vicepresidente Rafael Espada, quien no ha sido vinculado al caso Transurbano. Tras la captura de Colom y sus excolaboradores, Espada expresó: “Mi poco conocimiento en la política (es cirujano y era la primera vez que se desempeñaba como funcionario público) me indicaba que no se podían usar fondos públicos por medio de la iniciativa privada, por lo tanto, no firmé el acuerdo; nunca estuve de acuerdo con el proyecto”. Velásquez expuso, además, que nunca se realizó un estudio previo que demostrara la capacidad de los transportistas de la AEAU para operar el nuevo sistema de prepago, ni hubo un análisis financiero para justificar los 35 millones de dólares que el Estado invertiría en el nuevo proyecto. Mientras se recababan las firmas de los ministros y se ponía en marcha el acuerdo, Luis Gómez González –quien tiene orden de captura y se encuentra prófugo– y otros representantes de la AEAU crearon una red de sociedades anónimas con las cuales importaron los nuevos autobuses y se beneficiaron de la concesión de líneas y rutas, sin que se realizara nunca un proceso de licitación. Así fue como se esfumó una parte de los recursos destinados a un proyecto que pudo haber transformado el sistema de transporte público capitalino: de los 35 millones de dólares que el Estado le otorgó a la AEAU, 13.9 millones se gastaron en una maquinaria para implementar el sistema prepago que nunca fue utilizada y que, ahora, está arrumbada en una bodega. Otros 5.9 millones de dólares se emplearon para pagar arrendamientos, planillas y otros gastos no compatibles con el proyecto; 1.3 millones de dólares más fueron destinados a las cuentas de los empresarios Javier Arzú Tinoco, sobrino del alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen, y Juan Luis Rodríguez, propietario de la empresa Logimpex. Los fondos depositados a Rodríguez fueron transferidos a la cuenta del entonces secretario privado del expresidente Colom, Gustavo Alejos Cámbara, quien se encuentra en prisión por su presunta relación con otro caso de corrupción. Según los investigadores de la CICIG, Alejos Cámbara utilizó los fondos para adquirir acciones de la empresa Wenco Guatemala. Existe, además, un monto de 2.6 millones de dólares, cuyo paradero se encuentra bajo investigación. Este reportaje se publicó el 18 de febrero de 2018 en la edición 2155 de la revista Proceso.