La Oficina del Sheriff de El Paso llevó a tribunales su oposición a aplicar la Ley SB4, que entrará en vigor en septiembre y la cual criminaliza a cualquier persona de origen latino y prácticamente convierte a todos los uniformados en agentes migratorios. Una acción legal ya había sido promovida por el alcalde de la pequeña comunidad de El Cenizo, quien calificó a la SB4 de “insensata, peligrosa y discriminatoria”. El tema ya está en una Corte de Texas, pero probablemente suba de nivel, pues Washington ya intervino para apoyar al gobierno texano, partidario de aplicar esa polémica legislación. EL PASO, Texas (Proceso).- Si de algo se enorgullecen los alguaciles del condado de El Paso es de su buena relación con la comunidad. No ha sido fácil lograrlo: a lo largo de 10 años los oficiales de la Oficina del Sheriff del condado han estado trabajando para construir un ­vínculo de confianza que les permita mantener la delincuencia a niveles muy bajos, comparados con el resto del país. “No quiere decir que estamos de acuerdo en todo; de hecho, tenemos diferencias, pero si somos un condado seguro es porque tenemos una relación fuerte con la comunidad y no queremos ponerla en riesgo”, dice el comandante Robert Flores. La determinación de preservar ese tipo de relación llevó a la Oficina del Sheriff a desafiar en los tribunales estatales la Ley SB4 (Senate Bill 4), que entrará en vigor el 1 de septiembre y obligará a las policías de los condados, las estatales e incluso las de los campus universitarios a actuar como agentes de migración cuando realicen detenciones de rutina o respondan llamadas de la ciudadanía. “Una ley como ésta hará que la gente dude antes de llamar a la policía para denunciar un crimen”, dice Flores. “La ley afectará la seguridad pública del condado y por eso no queremos que entre en vigor”. La demanda interpuesta por la Oficina del Sheriff de El Paso y la organización Texas Organizing Project Education Fund ante la Corte de Distrito Oeste de Texas argumenta que la ley es anticonstitucional, alienta el racismo y la categorización racial al permitir que los agentes del orden en el estado puedan exigirle a cualquier persona que muestre sus papeles. Los demandantes buscan que el juez detenga la aplicación de la ley. “La historia y la lógica nos dicen que no todos los texanos serán iguales ante este acoso. Los texanos con antecedentes hispanos, los inmigrantes y sus familias, particularmente los que vienen de México y Centroamérica, serán el blanco de esta ley”, dice la demanda. La Ley SB4, también conocida como ley contra las ciudades santuario, fue firmada por el gobernador Greg Abbott el pasado 7 de mayo. La firma, transmitida en vivo en Facebook, fue considerada un triunfo para los republicanos de Texas, quienes desde 2011 habían tratado de pasar iniciativas similares. La ley prohíbe a las ciudades y condados limitar la acción de sus oficiales en materia migratoria y, de hecho, establece multas y castigos contra los oficiales de policía o funcionarios que no acaten la nueva legislación. Quienes se nieguen a colaborar enfrentarán un cargo criminal menor y multas de entre mil y mil 500 dólares por la primera violación a la ley, y hasta 25 mil por las subsecuentes. Pueden también enfrentar el despido. Miedo en El Cenizo Poco antes de que la Oficina del Sheriff de El Paso desafiara la SB4, Raúl Reyes, alcalde de El Cenizo –ciudad de poco más de 3 mil habitantes en el sureste de Texas–, había hecho lo mismo, argumentando que se trata de una ley “insensata, peligrosa y discriminatoria”. Hasta hace unos 25 años El Cenizo se consideraba una “colonia”, como se clasifica en Texas a los asentamientos irregulares carentes de servicios de agua, drenaje o pavimentación. En 1989 El Cenizo fue incorporada al condado de Webb y reconocida como ciudad. Sin embargo, es aún una ciudad en la que el ingreso medio de los habitantes es de 20 mil dólares anuales, muy por debajo de la media nacional de 56 mil dólares. En El Cenizo, 99.2% de la población es hispana, sobre todo de origen mexicano, lo que explica que en 1999 la ciudad aprobara una ordenanza para hacer del español el idioma oficial de los negocios. El alcalde Reyes estima que entre 15 y 20% de la población es indocumentada y enfrentaría un enorme riesgo si la SB4 entra en vigor. “(Actualmente) la gente se siente libre de caminar en las calles y reportar un problema a la policía sin preocuparse por su estatus migratorio”, apuntó Reyes en un artículo en el cual explica sus razones para demandar al estado. “Los policías aquí se ocupan de asuntos que son importantes para nuestra comunidad: tocan a tu puerta si tienes un sofá viejo en la entrada, si no has cortado el pasto o si tienes pollos o chivos en tu patio. Nuestros oficiales también ponen infracciones de tránsito y arriesgan sus vidas interceptando drogas que cruzan el río grande (Bravo). Tenemos muy buenos policías que hacen un gran trabajo. Su papel no debería ser el de agentes migratorios.” Añadió que El Cenizo es una comunidad muy segura y que en sus 13 años como alcalde nunca ha visto un homicidio. “Con base en mi experiencia, es muy poco probable que la gente indocumentada en El Cenizo cometa un crimen. Típicamente los indocumentados tienen otras cosas de que preocuparse: encontrar un trabajo, lidiar con dos o tres empleos y garantizar un mejor futuro para sus niños”. Sin embargo, Reyes reconoció que la SB4 ya desató el miedo en su comunidad, lo que ha hecho que los reportes de violencia doméstica y otros incidentes hayan bajado, además de que las personas están ajustando su rutina para evitar al máximo el contacto con la policía. Esto último es algo que se ha visto en varias partes del estado. Roberto Chavarría, representante de las comunidades michoacanas en Dallas, asegura que muchas personas están “sumamente preocupadas” por lo que pueda venir si la ley entra en vigor. “Los padres de familia se cuestionan mucho qué es lo mejor para ellos, si quedarse aquí o regresar a México; pero esa no es una decisión fácil de tomar”, dice Chavarría, quien estima que el área de Dallas-Fort Worth es el hogar de unos 100 mil michoacanos, de los cuales entre 30 y 35% son indocumentados. Estimaciones del Migration Policy Institute ubican el número de personas indocumentadas en Texas en 1 millón 470 mil, de las cuales 78% son mexicanas y el resto, centroamericanas. Casi la mitad de esa población se concentra en los condados de Harris, Dallas, Tarrant y Travis. “Hay angustia, una preocupación de nuestra comunidad”, dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada Solana, en una conferencia de prensa el 26 de junio. Ese día anunció que el gobierno mexicano presentaría una declaración jurada en la Corte respecto a la Ley SB4. Desde que Abbott aprobó la Ley SB4, el número de llamadas al Centro de Información y Asistencia de Mexicanos de la cancillería tuvo un incremento de 678 en mayo y junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En ese mismo lapso se incrementó 32.4% la expedición de documentos a mexicanos que buscarían protegerse ante cualquier eventualidad provocada por esa ley. La batalla legal La demanda original interpuesta por El Cenizo fue consolidada en una sola que incluye a las ciudades de El Paso, San Antonio, Houston y Dallas. La demanda está siendo discutida en una Corte de San Antonio por el juez de distrito Orlando García. Las audiencias empezaron el 26 de junio. A principios de junio, antes de que comenzaran las audiencias, el juez García emitió un fallo contra la Oficina del Sheriff del condado de Bexar (asiento de la ciudad de San Antonio) argumentando que ésta violó la Cuarta Enmienda constitucional, que prohíbe los cateos injustificados contra ciudadanos. La orden del juez se relaciona con la detención, de más de dos meses, de un inmigrante indocumentado, después de que el delito por el cual se le capturó había sido ­descartado. El fallo de García en ese caso alienta el optimismo de los demandantes y organizaciones civiles que se oponen a la Ley SB4, pero saben que el litigio no será fácil, sobre todo porque la administración federal se ha involucrado en el tema. El pasado 23 de junio el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una declaración de apoyo al gobierno de Texas y a la Ley SB4. “El presidente Trump ha hecho un compromiso de mantener la seguridad en América (sic) y de asegurar la cooperación con las leyes migratorias federales. Texas ha seguido admirablemente este mandato que requiere la remoción de extranjeros ilegales que hayan cometido crímenes”, dijo el procurador Jeff Sessions en una declaración escrita en la que reiteró que la SB4 no viola la Cuarta Enmienda constitucional. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso, dice que el apoyo del gobierno de Trump al de Texas convirtió la querella de la SB4 en un asunto nacional. “Esto quiere decir que la resolución en Texas será extremadamente importante para el tema migratorio, ya que mandará un mensaje a otros estados”, dice García. “Texas es hoy el epicentro del tema migratorio. Hay mucho que perder o ganar en esta Corte”. Las audiencias sobre la SB4 se llevarán a cabo durante este mes y el próximo, y se espera que el juez García emita un fallo antes del 1 de septiembre, cuando la ley entraría en vigor. Sin embargo es de esperarse que cualquiera que sea la resolución del juez, será impugnada por las partes en conflicto, lo que podría llevar el caso hasta la Suprema Corte. Mientras el asunto se dirime en la Corte, organizaciones estatales y nacionales en pro de los derechos de los inmigrantes se han movilizado para informar y preparar a las personas ante una eventual respuesta negativa en el ámbito judicial. “Estamos tratando de romper el miedo”, dice Fernando García. “Estamos preparándonos para un boicot económico y para las acciones de resistencia civil que llevaremos a cabo a partir del 1 de septiembre, cuando la ley entra en vigor”. Este reportaje se publicó en la edición 2124 de la revista Proceso del 16 de julio de 2017.