La justicia brasileña ha actuado sospechosamente en el caso Odebrecht. Primero “filtró” los nombres de algunas personas investigadas en ese gran escándalo de corrupción y luego dio oficialmente la lista de políticos que han sido acusados por los ejecutivos de la empresa constructora, quienes tratan de evadir la cárcel merced a “la delación del fin del mundo”. Pero parece haber un trasfondo político en esas actitudes, que cimbran al gigante sudamericano: los principales personajes puestos en la picota son, precisamente, los exmandatarios emanados de la izquierda, Lula y Dilma Rousseff, a un año de los comicios presidenciales. RÍO DE JANEIRO, Brasil (Proceso).- La prensa la llamó “la delación del fin del mundo”, un nombre con reminiscencias bíblicas para intentar describir el impacto que causa en el paisaje político de Brasil el conjunto de revelaciones de los 77 ejecutivos de Odebrecht, el mayor grupo industrial de ese país. Y esa delación representa, al menos, el “fin de cierto mundo”, si las revelaciones son verdaderas y no responden a los intereses de la empresa, pues tal “delación recompensada” –como se llama en el lenguaje jurídico– se considera el último salvavidas para Odebrecht y sus ejecutivos. Sin ella difícilmente Marcelo Odebrecht, de 44 años, heredero del emporio, saldrá de la cárcel; fue condenado a 19 años hace 12 meses. Sin un acuerdo con la justicia, el grupo tampoco puede participar en las licitaciones ni esperar beneficiarse del crédito público, dos elementos fundamentales para una empresa del ramo de la construcción de infraestructura. Cabe recordar que la empresa Odebrecht y sus ejecutivos decidieron colaborar con la justicia cuando ya existían muchas otras delaciones recompensadas que detallaban sus prácticas ilícitas y no les quedaba más que declarar para intentar reducir sus condenas. Finalmente el martes 11, y frente a las filtraciones a la prensa, el ministro relator de la Operación Lava Jato en la Corte Suprema, Edson Fachin, hizo públicos los nombres de los 76 políticos con fuero que serán investigados por la justicia y habló de las otras 201 investigaciones abiertas en tribunales comunes contra personas que ya no tienen fuero o nunca tuvieron. En este grupo son investigados los cuatro últimos presidentes del país: José Sarney, del centroderechista PMDB; Fernando Henrique Cardoso, del derechista PSDB; Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT). A Lula lo investigan en seis casos diferentes, presuntamente por haber recibido favores de varias empresas –Odebrecht entre ellas–, lo cual haría inviable su candidatura presidencial en 2018. En el grupo de investigados con fuero hay nueve ministros del actual gobierno, 12 gobernadores, 24 senadores, 42 dipu­tados –entre ellos, los presidentes de ambas cámaras– y también el expresidente Fernando Collor de Mello, hoy senador. El dia siguiente –miércoles 12–, el juez Sergio Moro divulgó todas las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht. La información más fuerte viene de Emilio Odebrecht, expresidente del grupo y padre de Marcelo. Él afirma que “esa relación entre políticos y empresarios existe hace más de 30 años” y que durante el tiempo de su padre, es decir durante la dictadura, “era también el mismo esquema”. Los ejecutivos hablan de todos los grandes partidos políticos brasileños que tienen presencia en el Parlamento y que con sus votos pueden dictar leyes que responden a los intereses de Odebrecht y de Braskem, una empresa de la cual Odebrecht posee la mitad y que tiene presencia en México. Marcelo Odebrecht afirma, por ejemplo, que para la aprobación de un decreto en favor de la industria química (que favorece a Braskem), la empresa dio 100 millones de reales a la campaña electoral de Dilma Rousseff en 2010. Y el mismo año hubo 40 millones de reales para Lula, siempre según Marcelo, pues “él tenía todavía mucha influencia en el PT y en el gobierno”. La familia Odebrecht confirmó también pagos a todos los expresidentes, siempre para las campañas electorales, en los ochenta y noventa. El actual presidente, Michel Temer, habría pedido 40 millones de dólares en 2010 para las campañas de su partido, el del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), según el relato del ejecutivo Márcio Faria da Silva. Para ese partido los arreglos fueron hechos por dos de los hombres más próximos al presidente: el senador Romero Jucá y el ministro Eliseu Padilha. Marcelo Odebrecht afirma también que la expresidente Rousseff sabía que la empresa “pagaba propinas al PMDB y al PT” para allegarse “los contratos en Petrobras”. Y confirma que el “departamento de pagos de propinas” que existía dentro de la empresa comenzó a operar cuando Odebrecht tuvo una actuación más importante en el extranjero, lo que hace pensar que en otros países se aplicó la misma política, aunque toda la información referente a esas otras naciones se mantiene en secreto. Justicia politizada Esta delación coincide con el tercer aniversario del inicio de la operación anticorrupción Lava Jato, y ciertamente tiene una gran capacidad de causarle daños a Brasil. A tres años de “la más grande operación contra la corrupción en la historia de Brasil”, los ciudadanos de este país se han dado cuenta de que la lucha contra la corrupción no forzosamente les trae beneficios. Sí se recuperó dinero público, sí se pusieron en evidencia las prácticas corruptas de las empresas para repartirse los contratos públicos y sí se llevó a la cárcel a poderosos empresarios y políticos. Pero también la justicia se metió como nunca antes en la escena política, al grado de tener una influencia real en los acontecimientos traumáticos del año pasado: el desafuero de Dilma Rousseff. Y además se nota una actuación del equipo judicial que lleva la investigación, nada “imparcial” ni “equilibrada”. En este contexto, “la delación del fin del mundo” puede servir a intereses políticos ajenos al bien de la nación. El lunes 10, el derechista blog O Antagonista publicó las supuestas palabras de “Marcelo Odebrecht al juez de primera instancia Sergio Moro”. El blog, claramente anti-PT, difundió sólo los pagos hacia el Partido de los Trabajadores, aunque los pagos al PMDB y al PSDB fueron igualmente denunciados por él. Lo preocupante de esta ultima “filtración”, aparte de su contenido seleccionado, es que tuvo lugar al mismo tiempo que el empresario estaba en audiencia con el juez Moro. Una vez más, esas filtraciones tuvieron mucho impacto mediático y político. No es una sorpresa constatar que de nuevo Lula es el objetivo principal de las filtraciones. Los brasileños no pueden olvidar que las conversaciones de Dilma Rousseff con Lula fueron filtradas a la prensa por Moro en marzo de 2016, un momento de gran tensión política en el país. Según el juez, la divulgación de las conversaciones tenía como objetivo comprobar que la presidente ofrecía el puesto de ministro de la Casa Civil (equivalente a secretario de Gobernación) a Lula “para protegerlo del alcance de la justicia”. Lula, sin responsabilidad política en este momento y sin fuero, era investigado por Moro debido a supuestos favores que recibió de algunas empresas de la construcción, como el uso de un departamento en un balneario. Con la divulgación de las conversaciones Moro obtuvo lo que quería: dos días después el juez más conservador de la Corte Suprema, Gilmar Mendes, canceló la nominación de Lula, que había tomado posesión del cargo el día anterior. Lula nunca fue ministro y el desafuero se consumó cuatro meses después. ¿Será que la presidente quería de verdad proteger a Lula de la justicia? ¿O, como ella lo aseguró en ese momento, lo llamaba a su lado para hacer “frente a las dificultades que enfrenta el país”? La conversación grabada y divulgada está sujeta a varias interpretaciones, pero no muestra contundentemente la “protección” que denunció el juez Moro. La presidente le manda su “toma de posesión como ministro” para usarla en “caso necesario”. Según Moro, esta última frase es la prueba del encubrimiento. Lo cierto es que la intervención del juez fue decisiva para mudar el rumbo del país. Y representa la primera vez en Brasil que un juez de primera instancia logra cambiar una decisión del Ejecutivo. El pasado 3 de febrero Michel Temer nombró a Wellington Moreira Franco ministro y secretario ejecutivo de la Presidencia, dándole así un fuero privilegiado. El nombramiento de Moreira, también investigado y ahora en la lista de Fachin, fue confirmado por la Corte Suprema, a diferencia de lo ocurrido con Lula, sin que se explicara al país la diferencia de trato entre uno y otro caso. Lo más extraño fue el silencio de Moro, siempre listo para usar a la opinión publica para defender la lucha contra la corrupción. El juez no comentó nada y hasta ahora no ha denunciado o repudiado la nominación de una persona investigada por la justicia y que ganó un “fuero privilegiado” gracias a su amigo, el presidente Temer. Espectáculo mediático Hasta hace pocos meses, solamente el PT aparecía como el partido corrupto en los medios y en las conferencias de prensa organizadas por los procuradores de Curitiba, ciudad en donde Moro ejerce como juez. El ejemplo más evidente: el pasado 14 de septiembre, una conferencia de prensa, transmitida en vivo, que tenía como escenario una presentación de powerpoint con el nombre de Lula puesto en el centro del huracán de la corrupción y presentado por el Ministerio Público como la figura central de la red delincuencial. Deltan Dallagnol, procurador del Ministerio Público Federal, aseguró a todos los medios que “Lula era el comandante máximo de la corrupción en el ámbito del Lava Jato y el mayor beneficiario de la red de corrupción”. El problema es que el procurador no mostró ninguna prueba de esas afirmaciones. Por esa razón los abogados del expresidente intentaron una acción contra Dallagnol en diciembre pasado, por “daños morales”. “Esta manera de presentar supuestos resultados de investigación judicial es muy preocupante porque no presenta ningún resultado verdadero que sea de interés para la sociedad, sino que nos presenta un espectáculo mediático y claramente dañando la imagen de los investigados, que merecen además la presunción de inocencia”, considera Fabio Malini, profesor de periodismo, especializado en comunicación política, de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Unos meses antes de esa conferencia, 100 intelectuales y juristas brasileños publicaron una carta abierta para alertar sobre la mediatización de la justicia y su utilización con fines políticos: “El combate a la corrupción no puede ser un pretexto para no respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos, autorizar la persecución política e inflar el ego de los jueces, procuradores y policías”. Lo que más preocupaba a los intelectuales era esta alianza entre medios y justicia. Y como se lleva a cabo ahora “la delación del fin de mundo”, muestra que esta alianza sigue en pie, en pos de intereses pocos claros. La primera lista del procurador general de la República, Rodrigo Janot, sobre los políticos con fuero y citados en las delaciones se mantenía en reserva, como lo informó la procuraduría por medio de una nota el 14 de marzo pasado. Sin embargo, los principales medios publicaron al día siguiente versiones casi idénticas de los nombres de la “lista Janot”; en primer lugar, los nombres de Lula y Rousseff. Seguían los ministros del actual gobierno Temer y la gran mayoría de los que están ahora en la lista de Fachin. Una vez más, se trata de “pedidos de apertura de investigación” sobre personas citadas en las delaciones y, por eso, mantener sus nombres en secreto permite también protegerlas de daños morales. “¿Cómo fueron divulgados esos nombres?”, se le preguntó la ombudsman del periódico Folha S. Paulo, Paula Cesarino Costa. Por medio “de una entrevista colectiva, pero sin grabadoras. Es decir que, después de tener la seguridad de que sus nombres no serían divulgados, agentes del Ministerio Público en Curitiba se reunieron con periodistas para darles información conjunta de la lista Janot, hecha a partir de las denuncias de Odebrecht”, escribió la ombudsman en su columna dominical. Cesarino considera preocupante “la alta dependencia de los periodistas a las fuentes no oficiales del Lava Jato. Frente a eso, el periódico le debe, como mínimo, transparencia al público sobre de dónde viene la información que él consume”. En total fueron difundidos unos 30 nombres, de 85. Y esta selectividad siembra dudas, sobre todo porque no se conocen los motivos de los agentes del Ministerio Público con estas filtraciones. “El juez Sergio Moro siempre dijo que había que mantener ‘caliente’ a la opinión pública. Con esta lógica se filtran nombres a cuentagotas. A mayor espectáculo mediático, mayor presión sobre los investigadores”, considera Malini. Fue el periódico paulista Estadao el que tuvo la lista de Fachin antes que todos sus competidores. Y fue esa filtración la que obligó al ministro a divulgarla. En la lista de la prensa faltaban muy pocos nombres. Ahora Folha de S. Paulo presenta, como los otros medios, una lista de políticos con el número de veces que fueron citados por los delatores de Odebrecht. Temer habría sido citado 43 veces en las delaciones (pero tiene inmunidad, por su cargo), el expresidente del Senado 60 veces, pero otros políticos sólo una. Por el momento es imposible verificar esa información, y tampoco esos detalles permiten comprobar la culpabilidad o la inocencia de nadie. Pero, sin duda alguna, esas informaciones repetidas muchas veces tienen impacto sobre el público. Para los especialistas en comunicación, es la opinión pública brasileña la que está siendo manipulada con esas “revelaciones”, con el aval de la justicia, en un objetivo que aún queda por descubrir. Este reportaje se publicó en la edición 2111 de la revista Proceso del 16 de abril de 2017.