JERUSALÉN (Proceso).- La mujer encargada de limpiar las habitaciones del hotel Christmas hace un gesto para que Fahima Shamasneh no cierre la puerta del ascensor. Las dos entran juntas y se saludan con una complicidad que pareciera haberse tejido durante años, aunque se conocen apenas hace ocho días. –¿Algo nuevo de lo tuyo? –le pregunta la empleada del hotel. –Nada. Por ahora nada. En un rato iré de nuevo a casa a ver si me entero de algo –responde Fahima con aire desolado. El espacio se queda pequeño para tanta tristeza y un silencio pesado se instaura hasta que el ascensor se detiene en el tercer piso. La trabajadora aprieta la mano de la mujer con cariño y energía. “Fuerza. Que Dios esté contigo”, se despide. Los pasos de una abatida Fahima se dirigen a la habitación 302, que empezó a habitar con su esposo, su hijo, su nuera y dos nietos hace una semana, cuando el ejército israelí los obligó a desalojar la que desde 1964 fue su casa en Jerusalén Oriental. “Sabíamos que iban a venir; nuestro abogado nos había dicho que era cuestión de días, pero no los esperábamos tan rápido. Entraron como bandidos, como animales. Eran decenas”, explica. Fahima revive dolorosamente la madrugada del 5 de septiembre de 2017. La familia Shamasneh llevaba años luchando en los tribunales y desde 2013 había agotado todos los recursos posibles. Su casa, al igual que muchas otras del barrio de Sheij Jarrah, había sido habitada por familias judías antes de 1948, año de la creación del Estado de Israel. Al igual que todo el este de Jerusalén, pasó a manos jordanas antes de la guerra de los Seis Días, de 1967, cuando Israel ocupó esta parte de la ciudad. “Yo estaba aún vestida con la ropa de rezar; recuerdo que preparaba la comida para mis nietos. Irrumpieron en la casa. Lo primero que hicieron fue cortar el gas. Tuvimos que salir rápido, sin nada, ni siquiera los documentos médicos más importantes. Todo se quedó allá”, describe, sin poder contener las lágrimas. A sus 76 años, la indefensión se lee en sus ojos. De los ocho miembros de la familia que vivían en la casa, algunos han sido acogidos por allegados y el resto fue instalado en esta habitación de hotel pagada por autoridades palestinas. Contemplar a los suyos recluidos en un pequeño cuarto, sin sus pertenencias, sin medios económicos y sin ninguna idea de qué va a pasar con todos ellos dentro de algunos días, la llena de impotencia. Su esposo, Ayub, de 85 años, asiste silencioso al relato de su esposa desde una silla algo más alejada. Sus piernas están hinchadas y amoratadas, no puede caminar y parece no darse cuenta de la verdadera situación de la familia. “No tienen derecho a un centímetro de la tierra palestina”, repite el anciano una y otra vez, ante el gesto disgustado de su esposa y su hijo, Mohammed, que le piden que no se altere y guarde silencio. “Cuando les dije que no quería salir de casa, dos mujeres policías entraron y me sacaron en volandas. A mi esposo, que aún dormía, lo arrastraron fuera hasta una ambulancia”, sigue Fahima. Sus ojos, más pequeños y llorosos en estos días, brillan de rabia en un rostro sembrado de arrugas y tristeza. Cubierta con un sencillo velo blanco y el vestido negro con bordados palestinos amarillos y malvas que pudo llevarse de su casa, la anciana manosea sin descanso las cuentas de su básmaha, una especie de rosario que usan los musulmanes. Su fe se adivina como la única tabla de salvación a la que aferrarse en este momento. Alegatos históricos Fahima nació en Qatana, un pueblo de Cisjordania cercano a Jerusalén. Allá conoció a su marido y el matrimonio Shamasneh llegó a la casa del barrio Sheij Jarrah, deshabitada antes de la guerra del 67. Estaban recién casados y pagaban su alquiler mensual al organismo jordano que gestionaba aquellas tierras, llamado Custodia Jordana de la Propiedad Enemiga, que desapareció con la guerra y la posterior ocupación de Jerusalén Oriental por Israel. A partir de 1972 pagaban la renta a un organismo israelí que les renovaba el contrato cada año. “En esa casa crié a mis siete hijos. Es pequeña pero está llena de vida”, recuerda Fahima con una sonrisa. En los noventa empezaron los problemas para la familia Shamasneh, cuando un tribunal israelí declaró que aquellas tierras pertenecían a las familias judías que las alquilaban antes de 1948. “Y en 2009 se negaron a renovarnos el contrato. Comenzamos nuestra lucha ante la justicia israelí, que nos dijo que la casa pertenecía a una familia judía de origen yemení que había vivido en ella en los cuarenta”, apunta su hijo Mohammed. Los abogados de la familia se remontaron a documentos de la época otomana, de finales del siglo XIX, pero la justicia no los reconoció y estimó que la familia no podía justificar su residencia en la vivienda antes de 1968. El juez tampoco los consideró “ocupantes protegidos”, un estatus que beneficia a ciertos palestinos de Jerusalén Oriental que, como los Shamasneh, alquilaron casas al organismo jordano que custodiaba estas tierras antes de 1967. Por tanto, el tribunal decidió de manera irrevocable que la propiedad debía volver a control israelí. Los Shamasneh y organizaciones humanitarias que han acompañado este caso de cerca afirman que la familia judía que había vivido en aquella casa en los cuarenta, o sus descendientes, no tenían ningún interés en regresar. Fueron contactados por una organización de defensa de la colonización en Jerusalén para presentar una primera reclamación, pero luego delegaron en esa asociación todo el proceso judicial y terminaron vendiendo simbólicamente la propiedad a otra familia judía. “Nos hemos gastado casi ocho mil euros en abogados y juicios. La familia, amigos e instituciones nos han ayudado a pagar. Todo para nada. El dinero ha ido directamente a los colonos”, lamenta Fahima. La organización procolonización que logró el control de la propiedad se llama Israel Land Fund, la dirige Arieh King, concejal independiente del ayuntamiento de Jerusalén y recibe financiación fundamentalmente de donantes extranjeros. Un grupo de jóvenes militantes de esta asociación entró en la casa desde la madrugada de septiembre en que los Shamasneh fueron desalojados y la habitan hasta hoy. “En estas partes de Jerusalén Oriental, que son el corazón de la vida palestina en la ciudad, nos encontramos ante una ocupación violenta e ideológica. Se está echando a la calle a familias para que organizaciones de extrema derecha y activistas radicales tomen el control de estas casas”, apunta Aviv Tatarsky, investigador en la ONG israelí Ir Amim, que ha denunciado este caso, así como otros proyectos israelíes de expansión de asentamientos en esa parte de la ciudad. Política de despojo El caso de los Shamasneh no es único y operaciones de desalojo similares, escudándose en las mismas argucias legales, se han producido en otros barrios palestinos de la ciudad. Actualmente, unos dos mil 500 judíos, la mayoría militantes de extrema derecha con un radicalismo y un ultranacionalismo exacerbados, viven en casas de la parte musulmana de la Ciudad Vieja o en vecindarios árabes como Silwan, Jabal Mukaber, Sheij Jarrah o Wadi Joz, prácticamente atrincherados en medio de miles de palestinos. A ellos se suman otros 250 mil judíos que viven en grandes colonias situadas en el este de la ciudad. Desde el asentamiento más grande de Cisjordania hasta la última ocupada por judíos en un barrio palestino de Jerusalén, las casas son consideradas ilegales por el derecho internacional. La expulsión de la familia Shamasneh es simbólica, porque fue la primera registrada en Sheij Jarrah desde 2009. El barrio, donde viven tres mil palestinos, se alza en un lugar estratégico para la expansión israelí en el este de la ciudad. El interés de los grupos procolonización en este vecindario parece ser especialmente importante, porque en sus calles se hallaría la tumba de Shimon Hatzadik, el sacerdote más importante del segundo templo de Jerusalén, en torno a la cual se ha construido un asentamiento que no deja de crecer. “Nuestro caso no es el de un propietario que quiere recuperar su casa. No. Es un proyecto grande, gigantesco, que desea echar a palestinos de la zona e instalar a judíos. Todo Sheij Jarrah está amenazado”, asegura Fahima. Ir Amim, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) calculan que hay al menos cuatro proyectos para construir o ampliar colonias israelíes en el barrio de Sheij Jarrah que podrían dejar a varias decenas de palestinos sin hogar. “Desde 1967 la estrategia israelí es doble: crear una mayoría judía en la ciudad, gracias a la instalación de colonias, y reducir la población palestina usando métodos que conllevan expulsiones o la imposibilidad de que los palestinos crezcan y se desarrollen como comunidad”, denuncian fuentes de la OLP. Apoyo legal Una ley aprobada por la Knéset (Parlamento) hace 40 años viene a auxiliar a Israel en sus políticas, ya que creó una “discriminación terrible entre palestinos e israelíes”, denuncia Ir Amim. En 1948 hubo judíos en el este de Jerusalén que perdieron sus casas y fueron reinstalados en el oeste de la ciudad. Al mismo tiempo, hubo palestinos que vivían en el oeste que tuvieron que dejar sus casas, ocupadas a partir de entonces por judíos. Pero la ley israelí sólo permite a los judíos reclamar sus antiguas propiedades, como ocurrió en el caso de la vivienda de los Shamasneh. “La injusticia llega a tal punto que nosotros tenemos que financiar nuestra propia expulsión. Nos obligan a pagar la operación policial que se puso en marcha para realizar nuestro desalojo. La policía, las ambulancias… Todo eso cuesta unos 80 mil shekels (aproximadamente 20 mil euros) que no podremos jamás reunir”, solloza con rabia Fahima. “No sé qué va a ser de nosotros”, piensa en voz alta. Sus lágrimas, poco habituales en esta mujer recia, provocan una sensación de vacío y de vértigo en la familia. “Y a eso se añaden otros mil 500 shekels (375 euros) que hay que pagar si queremos recuperar nuestras pertenencias, que fueron puestas en un contenedor después de que nos sacaran por la fuerza”, agrega Mohammed. Su modesto salario de jardinero y la pequeña pensión de Ayub son los únicos ingresos de la familia. Tras su expulsión, decenas de activistas israelíes y ciudadanos palestinos protestaron ante la puerta de su casa durante días. Organismos internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo repudiaron su desahucio, y diplomáticos europeos mostraron su solidaridad con la familia. Los enfrentamientos entre militantes contrarios a la ocupación y los jóvenes colonos que ocupan la casa fueron primera plana de la prensa. Pero el grave silencio que trae consigo el olvido se ha instaurado de nuevo en la calle de los Shamasneh. Después de su desahucio se produjeron nuevos anuncios de construcción de casas en otros asentamientos israelíes, otras viviendas fueron demolidas y el gobierno tomó varias decisiones polémicas que concentran la atención de organismos humanitarios e instituciones internacionales. Sólo Fahima acude diariamente a la que fue su casa durante más de 50 años y pasa horas, sentada frente a la puerta, en una silla de plástico prestada por los vecinos. Y espera. Mohammed fue arrestado por protestar ante los colonos y no tiene ni siquiera derecho a acercarse a la que fue su casa. “No creo que podamos regresar jamás”, afirma dolorosamente Fahima. “Ni el apoyo internacional ni de organizaciones humanitarias nos ayudará”. La casa está totalmente silenciosa y la puerta, cerrada a cal y canto. Dos cámaras de seguridad graban todos los movimientos frente a la entrada principal. “Ellos están ahí dentro, saben quién soy y jamás se han atrevido a decirme nada”, desafía la mujer, señalando a las cámaras. Fahima huye del sol de mediodía y va buscando la sombra con su silla. Un vecino ofrece agua, café y algunas palabras de consuelo. Explica que los colonos son muy jóvenes, van y vienen, suelen poner la música a todo volumen, beben y fuman para “dejar claro que están ahí”. “¿Qué hago aquí? Nada. Pero esta es mi única forma de resistencia, de decir que no nos vamos a ir”, piensa en voz alta. La ONU estima que al menos un tercio de la población palestina de Jerusalén –100 mil personas de un total de 300 mil–, está en riesgo de ser desplazado en cualquier momento debido a esta falta de permisos de construcción, una de las formas israelíes de hacer presión para forzar un éxodo silencioso de palestinos de la ciudad, según organismos no gubernamentales israelíes como Ir Amim o Btselem. “Acciones como el desahucio de los Shamasneh no deberían consentirse por parte de un gobierno que apoye la solución de paz de dos Estados, uno israelí y uno palestino. Pero este tipo de organizaciones procolonización no podrían hacer lo que hacen sin el apoyo del gobierno israelí”, afirma Tatarsky. De enero a septiembre de 2017 Israel también demolió 135 estructuras, la mayoría de ellas residencias familiares, en Jerusalén Oriental, según la OCHA e Ir Amim, debido a que no contaban con los permisos necesarios, permisos que son prácticamente imposibles de obtener por un palestino de la ciudad. “Nos sacaron de casa pero no nos marcharemos de Jerusalén. No puedo imaginarme abandonando la ciudad y perdiendo todos mis derechos aquí. No sé cómo lo vamos a hacer, pero no nos vamos a ir”, piensa en voz alta Fahima. Encogida por la tristeza, la mujer se queda rezando, sola, frente a la gran bandera israelí que los colonos han colgado de uno de los muros de la casa. Suficientemente alta para que ningún manifestante, si es que los hubiera, la descuelgue. Este reportaje se publicó el 26 de noviembre de 2017 en la edición 2143 de la revista Proceso.