La capital argentina vivió dos días de intensa violencia desatada contra miles de ciudadanos que se manifestaban en las calles en protesta por la “reforma previsional” llevada adelante por el presidente Mauricio Macri. Tal reforma, ya aprobada, es un golpe letal contra los jubilados, a quienes se les recortan drásticamente los haberes; aún más, es un “despojo legal” incluso para quienes se pensionarán a partir de ahora. Y las imágenes de los uniformados gaseando y golpeando a civiles indefensos ya le dieron la vuelta al mundo. BUENOS AIRES (Proceso).- Pese a la ola de protestas –manifestaciones multitudinarias, disturbios con cientos de heridos, actos de represión oficial– el gobierno de Mauricio Macri aprobó la “reforma previsional”. La nueva ley implica una quita en los haberes (pensiones) de 17 millones de beneficiarios de jubilaciones y de prestaciones sociales y una baja muy significativa para quienes se jubilen en el futuro. La quita se concreta con un cambio en la fórmula de aumento de los haberes. Para 65% de los jubilados, que cobra un haber mínimo mensual de 7 mil 300 pesos (400 dólares), este cambio implicará en 2018 una pérdida estimada en ese mismo monto. Quien se jubile a partir de ahora ya no cobrará un haber inicial equivalente a 60% de su sueldo, sino a 40%. Inmune ante cualquier reparo, el gobierno no abrió el debate a la sociedad, aprobó la ley –el lunes 18– en un trámite exprés a puerta cerrada y amenazó con avanzar con la reforma por decreto, si hubiera sufrido un traspié en el Congreso. De este modo consiguió, por primera vez en dos años, unir en su contra a toda la oposición parlamentaria y a 75% de la opinión pública. La ley provocó indignación incluso en muchos de sus votantes. El gobierno se valió del apoyo de 23 de los 24 gobernadores, que tuvieron que elegir –según admitieron diputados– entre ver limitado el acceso a fondos federales o sumarse a los beneficios de la quita en los haberes de los jubilados. La porción sustancial de esta quita se destinará a auxiliar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para la realización de obras en el Gran Buenos Aires, un bastión histórico del peronismo, mejorando al mismo tiempo las posibilidades de reelección tanto del presidente como de ella misma en 2019. La sesión parlamentaria del jueves 14, primer intento para aprobar la reforma, tuvo que ser suspendida. En las inmediaciones del Congreso la Gendarmería llevó a cabo durante nueve horas una represión digna de un país en estado de sitio. En la siguiente sesión, el lunes 18, el gobierno ofreció como señuelo un bono de entre 20 y 40 dólares para los afectados, a pagarse por única vez el próximo marzo. El ofrecimiento de esta compensación –que en conjunto representa unos 4 mil millones de pesos sobre los 100 mil que el gobierno obtiene de la caja de la seguridad social– puso todavía más en evidencia la naturaleza del despojo. El gobierno y los grandes medios fracasaron en sus intentos de minimizar los daños. El gobierno justificó la “reforma previsional” en la necesidad de reducir el déficit fiscal. La oposición sostiene que el gobierno amplió el déficit fiscal que recibió hace dos años y que, al reducir las contribuciones patronales que se destinan al sistema previsional, lo desfinancia a propósito, con el objetivo de volver a introducir el sistema privado de jubilaciones. De hecho algunos de los funcionarios del actual gobierno fueron ejecutivos de las empresas que administraron los fondos previsionales (los fondos de retiro) en los noventa, experiencia que terminó en un fracaso estrepitoso y forzó el regreso del sistema a manos del gobierno. Lo que pocos dudan es que la reforma descarga el peso del ajuste sobre el sector más vulnerable de la sociedad: jubilados, beneficiarios de asignaciones familiares, discapacitados y excombatientes de las Malvinas. Como si se empeñara en corroborar el discurso opositor más panfletario, el gobierno impone una reforma previsional nacida de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que reduce las cargas fiscales a los grandes empresas agropecuarias y mineras y recorta el impuesto a los bienes personales, es decir, a la riqueza. Represión En las inmediaciones del Congreso se vivieron dos jornadas de furia. El jueves 14 el Congreso estaba resguardado por unos mil gendarmes y lo rodeaban cientos de miles de manifestantes, un centenar de los cuales le arrojaba piedras a los uniformados. La represión desatada fue de una magnitud sorprendente: uniformados dispararon balas de goma contra la población civil durante varias horas, hubo detenciones arbitrarias –capturadas en video– y el centro de la ciudad parecía flotar en una nube de gas lacrimógeno. Los federales apalearon y rociaron con gas pimienta a varios diputados opositores y agredieron a 16 periodistas, incluso a sabiendas de que estaban haciendo su trabajo. El fotógrafo Pablo Piovano recibió 13 impactos de proyectil de goma a menos de un metro del arma de un uniformado. Una vez levantada la sesión dentro del recinto, las fuerzas de seguridad continuaron persiguiendo en motocicleta a los manifestantes, convirtiendo las redadas en verdaderas “cacerías policiales, con el único objetivo de intimidar a los manifestantes y limitar el derecho a protesta”, refiere un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales. El lunes 18, durante el segundo intento de aprobar la ley, una multitud de manifestantes se congregó una vez más alrededor del Congreso. Un centenar de ellos lanzó durante dos horas una lluvia de piedras contra las fuerzas de seguridad. Cuando éstas consiguieron dispersarlos, se inició una nueva cacería de manifestantes. En los dos días de furia, al igual que en otras grandes manifestaciones contra el gobierno, se denunció la presencia de infiltrados. “Cualquiera sea el origen de los grupos que tiran piedras, su actitud es completamente funcional a las políticas de ajuste. La violencia, sea infiltrada o de un vanguardismo marginal, desplaza la confrontación social y política y genera el repudio de la mayoría de la sociedad”, sostuvo el sociólogo Alejandro Grimson en un artículo para la revista Anfibia. Por lo pronto, las fuerzas de seguridad terminaron disolviendo por la fuerza las dos grandes manifestaciones y anularon, de facto, el derecho a la protesta. A tono con el gobierno, los grandes medios calificaron a los manifestantes como “los violentos” y exculparon al Estado, que utilizó medios represivos a gran escala contra la población, los diputados y los representantes de la prensa. Dentro del recinto, varios dipu­tados oficialistas citaron el artículo 22 de la Constitución argentina, que sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. La movilización popular expresa sin embargo un reclamo contra la alianza Cambiemos, que ganó hace dos meses las elecciones legislativas, que había negado que fuera a tomar las medidas que ahora impulsa y que no quiere llamar a un referéndum, tal como le exigió la oposición. Reformismo La reforma previsional está íntimamente ligada a las reformas laboral y tributaria que también impulsa el gobierno. La tributaria apunta a disminuir los costos de las empresas mediante una reducción del impuesto a las ganancias y de los aportes patronales al sistema de seguridad social. La laboral se propone reducir costos empresariales mediante la flexibilización de las condiciones de trabajo. La jornada laboral se desdibuja, de manera que el trabajador esté constantemente disponible. Se plantean formas de contratación más laxas y una reducción de las indemnizaciones.­ El gobierno postula que mediante las reformas llegarán nuevas inversiones, que a su vez elevarán el nivel de empleo. De hecho, los gobiernos de Carlos Menem (1989-99) y Fernando de la Rúa (1999-2001), quienes también echaron mano de los fondos de las jubilaciones y la seguridad social, aplicaron medidas de índole similar. Entre 1991 y 2001 el desempleo se incrementó de 6.5 a 17.4%. “Si un pueblo no respeta a los ancianos, pierde su memoria y carece de futuro”, advirtió hace unos días el Papa Francisco, quien no recibió a los líderes de la Confederación General del Trabajo, que pactaron el ajuste con el gobierno. Asociaciones de juristas y de beneficiarios de la seguridad social ya han presentado recursos de amparo ante la justicia, para que declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional. Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.