CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de constitucionalistas y expertos en ética gubernamental acudió esta mañana a una corte federal de Nueva York, para presentar una demanda contra el presidente Donald Trump por violar la Constitución de Estados Unidos. De acuerdo con el documento, mediante sus varios negocios (hoteles, campos de golf y edificios en renta) Trump recibe compensaciones de gobiernos extranjeros que adquieren el derecho de usar esas instalaciones. Según un despacho informativo de la agencia Notimex, la cláusula constitucional prohíbe a los presidentes recibir cualquier objeto de valor de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso. Los demandantes pertenecen a la entidad Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), compuesto por el académico de la Universidad de Harvard, Laurence Tribe, y los asesores de ética de los presidentes Barack Obama y George W. Bush, entre otros. Noah Bookbinder, director ejecutivo de CREW, declaró en un comunicado de prensa que CREW esperaba que Trump tomara las medidas adecuadas para evitar la violación de la Constitución, pero no lo hizo. “Sus violaciones constitucionales son inmediatas y graves, por lo que nos vimos obligados a emprender acciones legales”, aseguró Bookbinder. El pasado miércoles 11, Trump anunció que cedería el control de sus negocios, con intereses en más de 500 compañías y activos de tres mil 600 millones de dólares, a sus dos hijos mayores, Eric y Donald Jr., quienes evitarían informarle sobre la administración de la organización. De acuerdo con el magnate, la medida va más allá de lo que la ley le exige, pues de acuerdo con sus interpretaciones el presidente no está sujeto a las regulaciones sobre conflictos de interés. Los abogados de CREW difieren, igual que numerosos expertos sobre ética gubernamental, quienes apuntaron que la única manera en que Trump evitaría conflictos de interés es vendiendo todas sus empresas y colocando los recursos en un fideicomiso ciego del que él no tuviera ningún control. En ese sentido, CREW destacó que el hecho de que Trump no se deshiciera por completo de sus negocios, y que los cediera a su familia cercana, significa que el presidente “ahora recibe dinero y favores de gobiernos extranjeros”. Este dinero es obtenido mediante “huéspedes y eventos en sus hoteles, arrendamientos en sus edificios y valiosas ofertas de bienes raíces en el extranjero”, en países como China, India, Indonesia y Filipinas. Los abogados explicaron que cuando Trump negocie como presidente acuerdos comerciales con estos países, el pueblo estadunidense no sabrá si él también considerará sus beneficios empresariales. En una entrevista concedida al diario The New York Times, Eric Trump aseveró que la demanda es “acoso puro para beneficio político y, francamente, creo que es muy, muy triste”. Expertos legales independientes consultados por el diario neoyorquino precisaron que para que la demanda pueda detonar un juicio, los quejosos deben demostrar que han sido afectados de manera directa por la supuesta violación constitucional de Trump, lo que no es del todo evidente. En ese sentido, la Unión Estadunidenses para las Libertades Civiles (ACLU) informó por separado que busca hoteles y alojamientos que se sientan perjudicados por las propiedades de Trump y que estén dispuestos a demandar al presidente por violar la cláusula de emolumentos. En otra acción legal, anunciada la semana pasada, ACLU ingresó solicitudes a varias dependencias gubernamentales para que difundan todas las opiniones legales y memorandos que han preparado sobre los potenciales conflictos de interés o éticos que Trump enfrentaría como presidente.