El segundo mandato de la presidenta brasileña puede concluir abruptamente en mayo si el Senado sigue los pasos del Congreso y aprueba su destitución por juicio político. Pero Dilma Rousseff se defiende con fiereza: negocia con los opositores, planea la judicialización del proceso, utiliza a los medios, evoca su pasado guerrillero… Incluso el rechazo popular o el financiamiento irregular de su campaña pueden jugar a su favor, al forzar la celebración de nuevas elecciones que encumbren a Lula da Silva, su mentor. BRASILIA (Proceso).- Señalada por los millones de brasileños que se manifiestan periódicamente desde el inicio de su segundo mandato como responsable de la recesión que sufre Brasil, la presidencia de Dilma Rousseff se tambalea. Su destitución por juicio político podría suceder en las próximas semanas, después de que el domingo 17 el Congreso aprobara por una amplia mayoría (367 votos a favor y 137 en contra) seguir adelante con el proceso de impeachment en su contra. Ni siquiera las negociaciones de Luiz Inacio Lula da Silva –mentor y antecesor de Rousseff– desde la suite de un hotel en Brasilia sirvieron para revertir la desbandada de apoyos al Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso. Afónico y visiblemente cansado, el expresidente dijo la víspera de la votación que las conversaciones con los parlamentarios eran comparables a la “bolsa de valores”: “Ahora sube y ahora baja, y hay que conversar con diputados y gobernadores las 24 horas del día”, señaló Lula, tras visitar en Brasilia a sindicalistas, agricultores e integrantes de movimientos sociales que acampan en la capital para protestar contra el impeachment, considerado por la izquierda como un “golpe de Estado parlamentario”. El aislamiento político de Rousseff en el Legislativo fue tal, que en los bastidores del Congreso se rumoraba el “encarecimiento” del voto parlamentario favorable a la mandataria: de 150 mil dólares hace unas semanas a 450 mil dólares pocos días antes de la votación, según algunas fuentes. Con el impeachment ya en la agenda prioritaria del Senado, la votación crucial para determinar si finalmente se inicia el juicio político podría celebrarse en torno al 12 de mayo. Si la mitad de los 81 senadores votan entonces a favor del proceso, Rousseff será suspendida de sus funciones por un plazo máximo de 180 días. En ese tiempo será juzgada por un supuesto “crimen de responsabilidad” estipulado en la Constitución y que, en el caso de Rousseff, se fundamenta en el incumplimiento de la ley en el manejo de las cuentas públicas de 2014 y 2015. Si más de dos tercios de los senadores votan contra ella, Rousseff perderá el mandato y probablemente será inhabilitada de las funciones públicas. Su vicepresidente, Michel Temer, acusado por Rousseff de “conspirador” y “líder golpista”, asumirá el cargo hasta los nuevos comicios generales de 2018. La lucha de la exguerrillera Los sondeos más recientes indican que con toda probabilidad Rousseff –cuya popularidad apenas se sitúa en 10%– perderá la presidencia, al menos temporalmente. Las encuestas de diarios como el Estado de Sao Paulo o Folha de Sao Paulo indican que al menos 41 senadores votarán por el juicio político. La batalla, pues, se centra en el mediano plazo: la votación final del impeachment, que necesita el apoyo de dos tercios del Senado para prosperar. Una cifra que ninguna encuesta atribuye por el momento a la oposición. En este escenario, Rousseff ha iniciado una campaña mediática nacional e internacional para vincular su eventual defenestración con una ruptura democrática en Brasil. “Siempre luché por la democracia. Creo en ella y voy a continuar luchando por ella. En mi juventud enfrenté por convicción a la dictadura y ahora también hago frente, por convicción, a un golpe de Estado”, dijo la mandataria el lunes 18, visiblemente cansada, pero serena, en una intervención ante la prensa en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo. Rousseff evocó su pasado como guerrillera de izquierda torturada durante la dictadura militar brasileña (1964-1985) como prueba de que dará la batalla. Lo hará, dijo, por el bien de la democracia brasileña. “Tengo ánimo, fuerza y coraje para enfrentar, a pesar del sentimiento de mucha tristeza, esa injusticia. No voy a abatirme, no voy a dejarme paralizar por eso, voy a continuar luchando y voy a luchar como hice durante toda mi vida”, explicó, reiterando la narrativa gubernamental de que no existen fundamentos jurídicos para impugnar su mandato. Supersticiosa, lucía –como siempre– una pulsera con varios “ojos turcos”, el amuleto de piedra azul destinado a proteger del mal de ojo. El juicio político –un recurso jurídico extraordinario en los regímenes presidencialistas como el brasileño o el mexicano– ya provocó la caída del presidente brasileño Fernando Collor de Melo en 1992 por corrupción. En esta ocasión, sin embargo, existe un gran debate a nivel jurídico, político y social en Brasil sobre si los supuestos crímenes que Rousseff supuestamente cometió –fundamentalmente usar entidades públicas crediticias para encuadrar las cuentas públicas sin el aval del Legislativo– pueden ser objeto de un juicio político. El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia jurídica del país, ya avaló la legalidad del proceso seguido en el Congreso. Sin embargo, no pocos cuestionan la legitimidad de un proceso que puede deponer a una mandataria elegida hace apenas 16 meses por sufragio directo, en el que obtuvo 54.5 millones de votos. “La gran cuestión que el gobierno puede pelear en el STF es si los hechos presentados para sostener el impeachment (las supuestas irregularidades en la administración de las cuentas públicas de 2014) son anteriores al actual mandato, que comenzó el 1 de enero de 2015”, señala a Proceso la jurista Eloísa Machado de Almeida, de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y especialista en derecho constitucional. “Rousseff tratará de judicializar el caso para que el Supremo sea el último en tener la palabra sobre si hubo o no crimen de responsabilidad”, concuerda el profesor de derecho Luiz Flavio Gomes. No se trata únicamente de una cuestión de formalismos legales. El impeachment suscita dudas incluso en las filas más recalcitrantes de la oposición a Rousseff por haber sido impulsado por Eduardo Cunha, el presidente del Congreso, acusado por la fiscalía de recibir millonarios sobornos en cuentas en Suiza y Panamá, en una causa que está en curso en el Supremo. A ello se suma la inverosímil situación de que 150 diputados de los 513 que forman la Cámara Baja son acusados de participar en algún tipo de crimen. ¿Cuál es entonces la legitimidad de los parlamentarios para deponer a una presidenta que, hasta la fecha, no está acusada personalmente de beneficiarse de la corrupción? Su formación, el PT, está en el centro de la trama de desvíos de Petrobras, pero de momento Rousseff no ha sido afectada personalmente. Ante la creciente posibilidad de que el PT pierda el poder, algunos dentro de la formación evocaban la posibilidad de que Rousseff acepte renunciar si, a cambio, el Legislativo acepta convocar a elecciones generales en los próximos meses. Un harakiri político que dejaría fuera de juego a la mandataria antes incluso de la mitad de su segundo mandato, pero que renovaría las posibilidades de victoria de la izquierda brasileña por medio de su gran figura histórica: Luiz Inacio Lula da Silva. El exsindicalista sigue liderando las encuestas de intención de voto para las presidenciales de 2018, indemne a las sospechas de la policía de que estaría implicado en la operación Lava Jato. A esa petición de elecciones generales se sumó también Marina Silva, exministra de Lula y, antes de escoger a Rousseff, candidata a sucederle al frente del PT. Tercera en los últimos comicios, la ecologista de confesión evangélica y origen humilde ha pedido reiteradamente nuevos comicios que sirvan de catalizador para una gran reforma del sistema político en su conjunto. Una posibilidad remota, porque ello supondría que el vicepresidente Temer renuncie junto a Rousseff, algo improbable en vísperas de que asuma la jefatura del Estado tras 30 años de carrera política en segundo plano. La otra opción sería que el Tribunal Superior Electoral suspenda a la dupla Rousseff-Temer por financiamiento ilegal en la campaña de 2014. Ya hay investigaciones en curso, pero la instrucción de este tipo de procesos es sumamente larga. Temer, una alternativa sin carisma La bolsa de Sao Paulo se revalorizó cerca de 6% y la moneda brasileña se apreció 10% en las últimas tres semanas como consecuencia de la probable salida de Rousseff. Su probable sucesor, Michel Temer, un abogado de 75 años, ya fue respaldado públicamente por los principales grupos empresariales del país: la banca, la industria, la ganadería, la agricultura y el comercio. Sin embargo, en la calle su popularidad es comparable a la de Rousseff. El 54% de los entrevistados en la principal manifestación en Sao Paulo durante el día de la votación del impeachment en el Congreso también pedía su destitución por voto parlamentario. En marzo, una encuesta del Instituto Datafolha señaló que 70% de los brasileños cree que su gestión en el Ejecutivo ha sido mala o regular. De origen libanés y oratoria compleja, el “número dos” es un experto de la política a puerta cerrada. Este abogado constitucionalista nacido en 1940 en Tiête, en Sao Paulo, es padre de cinco hijos fruto de tres relaciones. La última con su actual esposa, la aspirante a modelo Marcela Tedeschi, casi 43 años más joven que él y con quien se casó cuando ella apenas tenía 20 años. Su posible eventual mandato estaría amenazado por los desdoblamientos de la operación Lava Jato. Aunque no ha sido acusado formalmente, varios empresarios y senadores interrogados por la policía en el marco de la trama Petrobras lo sitúan como uno de los beneficiarios de los desvíos de dinero a cambio de adjudicar contratos con la petrolera. Sin que se le recuerde ningún discurso brillante –en los últimos meses apenas evocaba la necesidad de “diálogo” ante la crisis económica–, Temer cosechó éxitos durante su carrera como abogado, e incluso tiene dos libros, uno sobre derecho constitucional, que tuvo cierta acogida, y otro de poemas calificado por los críticos como “malo” y “mediocre”.