El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva es objeto de dos investigaciones judiciales por los delitos de corrupción y lavado de dinero. El golpe en su contra empieza a destruir la imagen del histórico líder de la izquierda brasileña, y la operación Lava Jato –que abarca a medio centenar de políticos de alto nivel, entre ellos los presidentes de las dos cámaras del Congreso– podría alcanzar a la mandataria Dilma Rousseff. El terremoto político que sacude a Brasil ha polarizado aún más a su población. Analistas temen brotes de violencia en las protestas programadas para las próximas semanas. RÍO DE JANEIRO (Proceso).- El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva puede estar viviendo sus últimos días o semanas en libertad. Las causas judiciales y las investigaciones por corrupción y lavado de dinero se acumulan contra quien fue un líder histórico cuyo legado puede quedar seriamente dañado por la supuesta recepción de favores. Todo comenzó el viernes 4. Eran las cinco de la mañana cuando los autos sin distintivos de la Policía Federal entraron al estacionamiento del edificio Hill House, en el centro de la ciudad Sao Bernardo do Campo. A las seis de la mañana los policías subieron hasta el último piso y activaron la fase 24 de la operación Lava Jato (Limpieza), sin duda la más sensible y probablemente la de mayores repercusiones para un Brasil cuya crisis de credibilidad no para. Allí estaban Lula y la exprimera dama, Marisa Leticia, segunda esposa del exsindicalista. Con una orden judicial bajo el brazo de “conducción coercitiva” –una especie de arresto para testificar– firmada por el juez Sergio Moro, quien dirige desde la ciudad de Curitiba la operación Lava Jato, los agentes anunciaron al exjefe del Estado que debía testificar en la comisaría situada en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo. El interrogatorio tenía que ver con las sospechas de que él y al menos uno de sus hijos habrían participado –mediante varias empresas y colaboradores– en la trama de corrupción de Petrobras. Irritado, Lula se negó y dijo que sólo saldría esposado. Tras una llamada a uno de sus abogados aceptó abandonar Sao Bernardo –zona residencial en la periferia de Sao Paulo, rica e industrializada, donde Lula consolidó su carrera de sindicalista y forjó su aura de líder social en los ochenta– hacia la sede policial. Poco después, las televisoras del país reportaron la noticia e incluso desplegaron helicópteros para intentar captar la imagen de Lula, “uno de los mitos políticos de la izquierda brasileña y latinoamericana”, escoltado por la policía. Grupos pequeños de detractores y defensores se enfrentaban en escaramuzas a las puertas de su departamento. Cinco días después, en otra causa judicial en Sao Paulo y sin relación –pese a las simbiosis– con el Lava Jato, Lula, su esposa y uno de sus hijos eran formalmente denunciados de lavar dinero, por ocultar la propiedad de un lujoso departamento tríplex. En el conocido como “caso Bancoop-OAS”, el Ministerio Público de Sao Paulo pidió incluso la prisión preventiva del expresidente para evitar “amenazas a víctimas y testigos” y una eventual obstrucción a la justicia. Comenzó así lo que algunos analistas políticos en Brasil describen como una “deconstrucción de la figura mítica” del expresidente: de combativo sindicalista a eventual criminal. Sospechas De las dos causas, la que sin duda tiene mayor peso político y repercusiones es la Lava Jato, donde al cierre de esta edición (jueves 10) Lula era apenas objeto de investigación.­ Los investigadores en Curitiba sospechan que Lula habría recibido millonarias donaciones de varias empresas constructoras, cuyos directores están imputados o condenados por su pertenencia a la trama de Petrobras. Se trata de Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez y UTC. Según el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, el exmandatario habría utilizado su fundación, el Instituto Lula, para recibir 20.7 millones de reales (unos 5 millones de dólares) entre 2011 y 2014 en donaciones procedentes de esas constructoras. Eso supone 60% de todo lo donado en ese periodo a la institución que, por carecer de carácter lucrativo, no tributa. A los investigadores les salta una pregunta: ¿por qué las constructoras son tan generosas con el exmandatario? Asimismo, está bajo la lupa de la policía el pago de 10 millones de reales suplementarios (2.5 millones de dólares) por parte de las constructoras OAS y Odebrecht en concepto de conferencias dictadas por Lula y facturadas a través de su empresa LILS Palestras. Unos coloquios cuya existencia la policía pide ahora que sean probados, ya que los investigadores sospechan que no se celebraron jamás y, en realidad, fue una forma de encubrir pagos de propinas vinculada con la atribución de contratos de suministro con Petrobras. En el caso Lava Jato, la conexión con los hijos del expresidente aparece cuando se analizan las transacciones del Instituto Lula y de LILS Palestras, cuyo secreto bancario fue levantado por la justicia este mes. El Instituto Lula pagó 1 millón de reales (unos 250 mil dólares) a la compañía G4 Entretenimiento, de la que es socio Fabio Luis da Silva, hijo del expresidente y comúnmente llamado Lulinha. Otros dos de sus hijos, Marcos Claudio y Sandro Luís, habrían recibido 114 mil reales (unos 28 mil dólares) de la misma institución. El exjefe del Estado asegura que esas transferencias son simplemente el pago por servicios prestados al Instituto Lula, como el mantenimiento de la página web, pero los fiscales sospechan que en realidad no es otra cosa que el reparto de una comisión. El Ministerio Público también sospecha que Lula se habría beneficiado de la trama de Petrobras por medio del usufructo –pero sin titularidad en las escrituras– de dos lujosas propiedades. La primera es el tríplex en Guarujá, motivo de la denuncia por lavado de dinero y “falsedad ideológica” contra Lula en el marco del Caso Bancoop-OAS, que investiga la propiedad del departamento, cuyo costo fue valuado en 925 mil reales (unos 230 mil dólares). Adicionalmente la causa Lava Jato aborda quién pagó y por qué los 300 mil dólares que costó aproximadamente la reforma del interior del departamento, que dispone de piscina y elevador interno. Los fiscales de la trama Petrobras también investigan la adquisición de una opulenta finca con lago privado en el municipio montañoso de Ataíba, donde la familia Lula habría ido hasta 111 veces para pasar periodos vacacionales desde 2012. La reforma de la cocina de la finca fue acometida, casualmente, por la misma empresa que hizo la del tríplex, en una prueba de los vasos comunicantes entre ambas propiedades. Movilización En una prueba de que quizá su victoria sólo pueda ser ya a través de la movilización popular, Lula fue directamente a la sede del Partido de los Trabajadores (PT) tras declarar ante la policía. En una comparecencia ante la prensa, sin preguntas, Lula –vestido de negro y visiblemente enojado– dijo que “recorrerá todo el país” para garantizar su legado y defender su inocencia ante lo que considera un “espectáculo” con fines mediáticos. “No hay explicación de por qué han ido detrás de mis hijos, si no es por el hecho de que sean mis hijos. Hoy en este país ser amigo de Lula parece que es algo peligroso. Hay que criminalizar al PT o a Lula, porque puede querer continuar en el gobierno”, dijo, en referencia a su eventual candidatura para 2018. Tras bastidores, el PT maniobra para salvar a su líder cueste lo que cueste, aunque ello suponga la paradoja de que sea nombrado ministro en el Gobierno de la presidenta Rousseff. De esta forma lograría fuero y dejaría de ser juzgado por la justicia ordinaria de Curitiba. Su caso pasaría entonces directamente al Supremo Tribunal Federal, considerado mucho más permeable a presiones políticas. Lo más probable, sin embargo, es que movilice a los militantes con el propósito de tratar de usar la presión en las calles para blindar al expresidente. Una estrategia que preocupa a muchos. Se teme particularmente que haya enfrentamientos, ya que la oposición a Rousseff también pretende aumentar las manifestaciones para acelerar el proceso de juicio político o forzar la dimisión de la mandataria. “Creo que hay riesgo de violencia en las manifestaciones por la gran polarización. Estamos en un momento de gran sensibilidad, con tendencias a la radicalización”, explica a Proceso Thales Castro, profesor de la Universidad Católica de Pernambuco, donde Lula nació. El ejército brasileño –que por su pasado dictatorial se suele abstener de comentar cuestiones políticas– dijo en una nota que presta “mucha atención a la evolución de la crisis política judicial”, y aseguró que el papel de las fuerzas armadas será de “búsqueda de la conservación del orden público”. Incluso el veterano juez del Tribunal Supremo Marco Aurélio Mello alertó de eventuales choques y pidió a las autoridades que veten manifestaciones en pro y en contra en los mismos lugares y días. “Vamos a evitar lo peor. Son fuerzas antagónicas. Las manifestaciones deben celebrarse, porque estamos en un Estado democrático de derecho. Pero que cada uno tenga su día. No interesa al pueblo brasileño el conflicto. Recelo de un conflicto”, dijo Mello. Chivatazos Para no pocos en Brasil los problemas de Lula con la justicia marcan un antes y un después no sólo en la trayectoria del expresidente, quien aspiraba a un nuevo mandato a partir de 2018, sino también para su sucesora. “El mito casi intocable del presidente operario está cuestionado y fragilizado. Vivimos una deconstrucción de su imagen”, asegura Castro, para quien la crisis actual en Brasil “no tiene parangón”. Cuesta creer cómo un puñado de investigadores y un juez de primera instancia en Curitiba pueden haber logrado llegar tan alto en sus investigaciones, que comenzaron apenas en marzo de 2014, hasta destapar “uno de los mayores casos de corrupción en la historia de América Latina”, según el calificativo dado por la organización Transparencia Internacional a la trama creada en torno a Petrobras. No cabe duda de que nunca habrían logrado apuntar tan alto –además de Lula están siendo investigados el presidente del Congreso, Eduardo Cunha; del Senado, Renan Calheiros, y medio centenar de políticos de alto nivel– si no fuera por los frutos de la “delación premiada”. Se trata de una figura jurídica introducida en 2013 en el capítulo cuarto de la ley 12.850 contra el crimen organizado. La legislación –curiosamente aprobada por Rousseff–­ permite que un imputado o condenado pueda negociar con el Ministerio Público y con la policía una considerable remisión de la pena a cambio de contar todo cuanto sabe de la trama y, asimismo, aportar pruebas sólidas de sus acusaciones. El uso extensivo de esas confesiones es el elemento clave para abrir la caja de Pandora que llega ahora hasta Lula y su familia. Pero el “destape” al que está siendo sometido el sistema está lejos de terminar. En particular porque ejecutivos de la empresa constructora Andrade Gutierrez –la segunda más importante del país– negocian un acuerdo con la fiscalía para una reducción de la pena a cambio de revelar información sobre donaciones electorales en la campaña de 2014 que reeligió a Rousseff. El expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado el martes 8 a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, también negocia otro acuerdo. No es una cuestión baladí, ya que hasta finales de 2015 dirigía la mayor empresa constructora de América del Sur y, además de su implicación en el Lava Jato, los investigaciones sospechan que también participó en otras corruptelas en países de la región, como en Venezuela.