A pesar de que el Partido Popular está sujeto a un proceso judicial por corrupción, volverá a gobernar España. Y lo hará gracias al partido que históricamente ha sido su rival: el Socialista Obrero Español (PSOE), cuyos diputados se abstuvieron de votar durante la sesión de investidura del pasado sábado 29. Se impuso así la vieja guardia de los socialistas, lo que provocó la fractura del PSOE, la salida de su secretario general, Pedro Sánchez, y la movilización de un sector de la ciudadanía con un lema elocuente: “Ante el golpe de la mafia, democracia”. MADRID (Proceso).- España vive en una paradoja: para casi 50% de los españoles encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en agosto pasado, la corrupción era el mayor problema de su país, después del paro laboral. Sin embargo, el Partido Popular (PP) volverá a gobernar durante una legislatura más, pese a ser el único partido europeo que, como institución, está sujeto a un proceso judicial… por corrupción. El dirigente de dicho grupo político, Mariano Rajoy, se mantiene en el Palacio de la Moncloa (sede de la Presidencia de aquella nación) gracias a la abstención anunciada por los diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la sesión de investidura de este sábado 29. Esta inédita decisión de los socialistas fue impuesta por miembros de la vieja cúpula del PSOE, encabezada por el expresidente Felipe González y los líderes regionales proclives a permitir una administración de Rajoy, por haber obtenido mayor votación en las elecciones, aunque insuficiente para formar gobierno. Para ello, previamente acordaron separar a Pedro Sánchez de la Secretaría General de su instituto. Él mantenía la postura de no investir a Rajoy, como lo decidieron las bases socialistas, y abrir la posibilidad de un “gobierno alternativo”, con Podemos y los partidos nacionalistas. Esto fracturó al PSOE y abrió la brecha para la indisciplina del voto, que ya habían anunciado antes de la investidura los fieles de Pedro Sánchez y los siete diputados del Partido Socialista de Cataluña (PSC). El PSOE obvió que durante los 10 meses de bloqueo político (315 días con gobierno provisional), la oferta electoral de impulsar la regeneración democrática fue el tema más mentado por los partidos tanto en las elecciones del 20 de diciembre como las del 26 de junio. La reacción en la calle fue inmediata. La plataforma 25-S convocó a una concentración el sábado 29 para rodear el Congreso de los Diputados en repudio a la investidura de Rajoy. “Ante el golpe de la mafia, democracia”, fue el lema elegido, según un comunicado que difundieron en el que llamaban a todos los ciudadanos a tomar la calle en rechazo a “un nuevo robo a nuestra soberanía como pueblo, a reclamar un proceso constituyente que dé fin al sistema salido de la mal llamada Transición”. Para Gonzalo Boyé –abogado de la plataforma Observatori DESC de Barcelona en el caso de “Los Papeles de Bárcenas” y en la destrucción del equipo informático de Luis Bárcenas (extesorero del PP acusado de corrupción)– la investidura de Rajoy es una decisión cupular que “garantiza que nada cambie para que todo siga igual”. “Eso evidencia –dice– que ni el PP ni el PSOE puedan encabezar el proceso de regeneración política e institucional que requiere el país, para combatir verdaderamente la corrupción. “La investidura de Rajoy es una traición a la mayoría de los ciudadanos españoles que votaron ‘no’ a Rajoy apoyando a otras fuerzas políticas. El líder del PP se benefició de una ley electoral injusta y del miedo infundido por la clase dirigente ante la posibilidad de que cambiara el statu quo que detenta el poder en este país”, explica en entrevista el también asesor del European Center for Constitutional and Human Rights. “Creo que es un error desvincular ese statu quo de la corrupción endémica que se presenta en España”. Se explica: “La corrupción en España no está socializada. Aquí es imposible corromper a un agente de tráfico, es más fácil comprar a un político. Está más asociada a una acción de las élites dirigentes, es esa amalgama de los poderes del Estado y el poder económico. Eso se refleja en esta investidura de gobierno”. Garzón: “Rajoy debería declarar” El martes 11 el juez Baltasar Garzón habló del caso Gürtel, del que fue el primer magistrado instructor. Lo hizo al presentar su más reciente libro, En el punto de mira. La forja de un juez a contracorriente (Planeta), en el que relata sus 25 años en la carrera judicial y la campaña de acoso a la que fue sometido por el PP por investigar la corrupción en su seno. En su opinión, “Rajoy debe ir a declarar voluntariamente en el juicio Gürtel. Él es el máximo responsable del PP y lo era cuando se cometieron los presuntos delitos, por eso tiene que contribuir al esclarecimiento de toda esa trama de corrupción para que todos quedemos convencidos de que se ha llegado hasta el final”. En enero pasado, el partido de Rajoy fue imputado por un juzgado de Madrid con base en la reforma en el Código Penal de 2012 sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos. Se acusa al partido de encubrir la destrucción y el borrado de los discos duros de las computadoras en las que el extesorero Luis Bárcenas registraba la contabilidad del dinero negro que empresarios de la construcción aportaban para financiar ilegalmente al partido, a cambio de contratos de obra pública. Esta es sólo una de las seis causas separadas en las que se dividió el caso Gürtel, debido al cúmulo de aristas que tiene esta trama, considerada todo un sistema de operación ilegal. En la primera semana de octubre también se iniciaron dos juicios que tienen una amplia atención mediática y que convirtieron los juzgados de la Audiencia Nacional en una pasarela cotidiana de quienes, desde las filas del PP, como dirigentes o funcionarios se corrompieron y participaron en tramas turbias. El ministro estrella de José María Aznar, Rodrigo Rato, es una figura clave en el “Juicio de las Tarjetas Black”, la operación en la que 65 miembros de la cúpula de Bankia –que Rato dirigió– hicieron un millonario dispendio con tarjetas de crédito de esa institución bancaria, utilizadas de forma discrecional, sin control y evadiendo el pago de impuestos. En el otro juicio, llamado “Gürtel Primera Etapa” (que juzga la confabulación entre 1999 y 2005), están implicadas 38 personas, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, ex dirigentes de alto rango del partido, exalcaldes y concejales. El cabecilla Francisco Correa era el intermediario entre la estructura del partido y los empresarios beneficiados. Sobre la responsabilidad política de Rajoy frente a este caso, Garzón dice que “la respuesta es casi unánime. Tendría que presentarse voluntariamente y comparecer motu proprio”. Y de cara a una nueva investidura, explicó que la presidencia del gobierno es “una de las máximas magistraturas del Estado”, en la que los españoles “tienen que confiar”, y eso es motivo suficiente para que no exista “mácula o duda sobre la figura de Rajoy”. Sostiene que sigue pensando que hizo bien en abrir la causa Gürtel y en ordenar la intervención de las comunicaciones en prisión de los líderes de la red, pese al “desgarro personal y profesional” que le ocasionó a él, pues terminó siendo separado de su puesto. Dijo que al ver la celebración del juicio, le queda claro que “el trabajo estaba bien hecho y se cumplieron todas las garantías”. Es crítico con Pablo Casado, del PP, quien asegura que ese partido es “implacable contra la corrupción”. “El juicio se celebra –dice Garzón– no porque el PP tenga la voluntad para esclarecer el caso. Se celebra porque la justicia está actuando. Si hubieran sido implacables contra la corrupción, no hubieran destruido pruebas, ni obstaculizado las investigaciones, ni hubieran derribado al juez que seguía la causa”. Por eso, lamenta que un partido como el PSOE se abstenga en beneficio de Rajoy. “No es agradable ver a la formación socialista en su situación actual, y como persona de izquierdas no me es agradable ver que se facilite con la abstención un gobierno del PP; es lo peor que puede suceder”. PSOE: explicar a las bases Los resultados del PSOE en los dos años y tres meses que duró al frente Pedro Sánchez fueron desastrosos en las siete elecciones (generales, regionales y municipales) que le tocó gestionar. No obstante, mantuvo la decisión de los votantes socialistas, que les sufragaron para echar del gobierno a Mariano Rajoy por las duras políticas económicas que impuso para enfrentar la crisis, contra leyes restrictivas como la llamada Ley Mordaza, la imposición de una Ley de Educación (tachada de partidista, clasista y orientada a servir al empresariado) y por los distintos casos de corrupción. El golpe de timón contra Sánchez se produjo después de que Felipe González, el expresidente del gobierno, acusara durante una entrevista de radio que Sánchez lo “engañó”, porque le había prometido que se abstendría a favor de Rajoy tras las segundas elecciones. Sánchez renunció a la Secretaría General en el Comité Federal del 1 de octubre, luego de perder en una votación (132 a 107). Ya ante los periodistas, refirió que propuso un Congreso federal para “dirimir con las bases dos cuestiones: el liderazgo y la investidura. Yo quería votar ‘no’ a Rajoy y formar un gobierno alternativo y, como dije, si no prosperaba mi propuesta no podría administrar una decisión que no compartía. Desgraciadamente no ha salido vencedora mi propuesta y dimito”. Los afines a Sánchez sostienen que el PSOE tendrá que dar explicaciones a sus 5.4 millones de votantes (22.6% de la votación), por cambiar diametralmente la postura al permitir el gobierno de Rajoy. El PSOE prácticamente regaló a Rajoy la abstención, bajo el argumento de que liderarán la oposición, y que el mandatario –una vez ungido este lunes 31– tendrá que negociar día a día sus propuestas en el Congreso de los Diputados. Podemos, que lidera Pablo Iglesias, anunció movilizaciones en la calle. Francina Armengol, presidenta de Baleares, la única de los presidentes autonómicos socialistas que se mantuvo fiel a Pedro Sánchez, reiteró su rechazo a Rajoy por “coherencia política”, según se desprende de unas grabaciones difundidas por el diario El País, del Comité Federal del 23 de octubre, cuando se decidió la abstención. “No tiene ni los votos ni los escaños, le vamos a regalar escaños socialistas, con sufragios que nos votaron para que quitáramos a Rajoy, y no para hacerle presidente del Gobierno. Eso es una vergüenza. Es una traición a todos los ciudadanos y a los compromisos que hemos hecho”. Sara Hernández secretaria general del PSOE de Madrid, compartió esa reflexión e instó al partido a ganar en credibilidad reafirmando la postura adoptada “del no, claro, nítido e inflexible al PP”. La cúpula socialista le puso fácil las cosas a Rajoy, quien en la primera elección de diciembre pasado perdió 3.6 millones de votos y 63 diputados. En las elecciones de junio logró recuperar 14 de los escaños perdidos. Con el apoyo de Ciudadanos y Coalición Canaria se aproximó a los 170 escaños, a sólo seis de la mayoría absoluta, pero insuficientes para formar gobierno. Fracasó en su intento de ser investido. Sin embargo, sí lo colocó en una posición desde la que puede ejercer una fuerte presión sobre el PSOE, al que acusaba de ser el responsable de que España fuera a unas terceras elecciones y que éstas se celebraran el 25 de diciembre. Luego se realizaron los comicios en Galicia, que le dieron otro respiro a Rajoy, debido a que el PP refrendó su mayoría absoluta en el Parlament de Santiago de Compostela, frente a los socialistas que quedaron hundidos en tercera posición, superados por En Marea (la marca gallega de Podemos). Y eso aceleró la decisión cupular de dar el paso a Rajoy. Estrategias político-judiciales El abogado Gonzalo Boyé denuncia que en las causas de corrupción, como el caso Gürtel, hay una estrategia procesal para retrasar lo más posible los procedimientos judiciales, con el fin de que no afecten el calendario electoral: “Lo grave es que a pesar de que cada día queda más acreditado el nivel de corrupción política, se les siga votando en las urnas”. –¿Por qué no se castiga a los corruptos en España? –se le pregunta. –Pienso que falta una verdadera cultura democrática en la que se le dé la verdadera dimensión a la corrupción como el delito grave que es y que va en perjuicio directo de los ciudadanos. Valencia es epicentro de la corrupción, pero es sorprendente que se les vuelva a premiar con el voto. Creo que tiene que ver con esa empatía hacia el pillo, el listo, el tramposo, pese a ser una cosa tremendamente negativa. Es crítico con el PP y el PSOE porque bloquearon cualquier iniciativa de legislar sobre el financiamiento ilegal de los partidos, pese a que desde hace 20 años el Tribunal Supremo y el Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, recomendaron legislar al respecto, esto a raíz de que personas del PSOE (durante el gobierno de Felipe González) fueron acusadas en los casos de corrupción conocidos como Filesa, Malesa y Time-Export. “Desde entonces el PP y el PSOE bloquearon cualquier iniciativa. Recientemente, ante la presión social, hicieron una legislación muy imperfecta con mecanismos que permiten que nada cambie. No hay voluntad de perseguir la corrupción, hay una endogamia entre determinados sectores de la clase política, empresarial y judicial.” Ese entramado, dice, incluye a “esos que se llaman ‘hombres de Estado’, entre comillas, son los que quitaron al incómodo de Pedro Sánchez para que España siga funcionando de acuerdo con la visión que ellos tienen de España, en la que la corrupción ocupa un lugar destacado. “Creo que todas esas jugadas políticas están directamente vinculadas con la falta de voluntad y de eficacia en perseguir ese delito por parte de los detentores del poder”, dice Boyé, quien es miembro del Comité Independiente de Juristas de la Liga de Estados Árabes para Gaza.