CIUDAD DE GUATEMALA (apro).- Este sábado 16, un mes después de que salió a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Guatemala, está prevista una nueva marcha pacífica contra la clase política y lo que los guatemaltecos perciben como una falta de opciones para el cambio de cara a las elecciones de septiembre. Con la consigna de “indiferentes y callados ¡nunca más!”,estudiantes de las universidades privadas Del Valle de Guatemala, Francisco Marroquín y Rafael Landívar se unirán a sus compañeros de la estatal Universidad de San Carlos en una insólita muestra de unidad. La marcha comenzará frente a la sede del Organismo Judicial y llegará hasta el Palacio Nacional de la Cultura, en la zona 1. Más de 26 mil personas han confirmado su participación en Facebook. El hecho de que la mayor ola de protestas que ha visto el país desde la firma de la paz en 1996 haya sido convocada mediante redes sociales ha generado comparaciones con las protestas en Egipto que llevaron al derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011. Algunos observadores han bautizado al nuevo movimiento #RenunciaYa como “la primavera guatemalteca”. “La Línea” Cada uno de los gobiernos que ha ostentado el poder desde que se restauró la democracia durante los noventa se ha visto salpicado por casos de corrupción. Sin embargo, ninguno había vivido un escándalo de la magnitud del que destapó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el pasado 16 de abril. En esa fecha la CICIG, un ente independiente creado por Naciones Unidas en 2006 para desmantelar los grupos de crimen organizado en Guatemala y fortalecer a las instancias del sector justicia, arrestó a 21 funcionarios y exfuncionarios acusados de integrar una enorme red de defraudación aduanera conocida como “La Línea”, que mermaba al fisco mediante el ajuste irregular de los aranceles de importación y la simulación del ingreso de mercancías. Esta estructura jerarquizada incluía desde tramitadores y técnicos administrativos encargados de la inspección aleatoria de los contenedores –conocidos como vista – hasta el jefe y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz, respectivamente. La organización, según la CICIG, estaba dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, quien se encuentra prófugo y tiene una orden de captura internacional. Durante más de un año, El Periódico había publicado una serie de investigaciones acerca del pasado criminal de Monzón y su inexplicable enriquecimiento desde que asumió el cargo de secretario privado de la vicepresidencia en enero de 2012. Tras una corta carrera como subteniente, Monzón fue expulsado del Ejército en 1998 después de ser sancionado por desobediencia, mala conducta e incumplimiento de deberes. En 2001 su nombre apareció en los titulares de los medios de comunicación nacionales cuando la policía lo detuvo junto con otros tres individuos sindicados de integrar una banda dedicada al robo de vehículos. Los cuatro sospechosos abrieron fuego contra agentes de la policía y uno de ellos murió en el tiroteo. “Nosotros sospechábamos que desde los años noventa, Juan Carlos (Monzón) participaba en una banda de robacarros que operaba en la capital, y que luego trasladaba los vehículos a las fronteras con México y El Salvador donde eran utilizados para transportar drogas o los desmantelaban para vender las piezas”, dijo un oficial del Ejército citado por El Periódico en un reportaje publicado en noviembre de 2013. Otra investigación reveló que desde que asumió el cargo de secretario privado de Baldetti, Monzón había adquirido una serie de propiedades de lujo, incluyendo una mansión de 850 mil dólares en una de las zonas más exclusivas de la capital; una mansión a pie de playa en el municipio de Monterrico valorada en un millón de dólares, y varias fincas por un valor total de 2.2 millones de dólares, un monto muy por encima de los 120 mil dólares que ha devengado como funcionario público. Un reportaje titulado “Un cuento de hadas sin final feliz”, también detalló la fortuna amasada por Baldetti –cifrada en 13.4 millones de dólares– desde que comenzó su carrera política a mediados de los noventa. Nacida en un hogar de clase media-baja, Baldetti trabajó como maestra de escuela primaria, antes de graduarse en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos e iniciar una carrera como reportera en el canal noticioso Univisión. A mediados de los noventa, durante el mandato del presidente Jorge Serrano Elías, fue nombrada subsecretaria de Relaciones Públicas para la Presidencia de la República y fue señalada de participar activamente en la censura de la prensa durante el autogolpe de Serrano Elías en 1993. Ocho años después fue una de las fundadoras del Partido Patriota (PP), junto con el presidente Otto Pérez Molina y en 2003, durante el gobierno de Óscar Berges, fue electa diputada. En 2009, fue nombrada como secretaria general del PP y en enero de 2012 fue juramentada como vicepresidenta tras la victoria electoral del partido. El reportaje de El Periódico señaló que su salario como vicepresidenta y las ganancias generadas por la cadena de salones de belleza que fundó en los noventa no justificaban el valor de su fortuna, que incluye varias fincas y un helicóptero privado. “La Dos” La vicepresidenta Baldetti nunca investigó los señalamientos contra Monzón, negó las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas en su contra por El Periódico y emprendió una campaña de hostigamiento contra el diario, cancelando la pauta publicitaria de las instancias gubernamentales con el medio y presentando una demanda contra su director, José Rubén Zamora, por violencia contra la mujer. La demanda, presentada en 2013, fue retirada luego de que varias organizaciones internacionales dedicadas a defender la libertad de prensa condenaran las acciones de Baldetti. Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la procedencia de la fortuna de la vicepresidenta, en 2013, Pérez Molina aseguró al periodista Jorge Ramos que Baldetti haría pública su declaración patrimonial. Jamás lo hizo. El 16 de abril, cuando la investigación de CICIG salió a luz, Baldetti se encontraba en Corea del Sur, acompañada por Monzón, para recibir un doctorado honoris causa en trabajo social conferido por la ignota Universidad Católica de Daegu. Era la primera vez que Monzón la acompañaba en un viaje al extranjero. A su regreso, fue cuestionada por la prensa acerca de por qué había alertado a Monzón sobre la orden de captura en su contra y las sospechosas circunstancias en torno a la desaparición de Monzón durante el viaje a Corea. Visiblemente enojada, abandonó la conferencia de prensa. Días después, trascendió que el presidente Pérez Molina y su equipo de comunicación mintieron acerca de la fecha de su regreso al país, al decirle a la prensa que había regresado a Guatemala el 19 de abril, cuando ya se encontraba en el país desde la tarde del 17. Pese a los señalamientos en su contra, Pérez Molina insistió en que no se exigiría la dimisión de Baldetti. “No podemos pedir que se desligue de su cargo porque la CICIG fue tajante y dijo que ella no estaba involucrada”, declaró el mandatario. Pero las conversaciones telefónicas interceptadas por la CICIG, en las cuales se basa la investigación contienen múltiples referencias a “La Señora”, “La Dos” y “La R” que sí generan fuertes sospechas en torno al involucramiento directo de Baldetti como el primer eslabón en la cadena de mando de “La Línea”. Pérez Molina tampoco pudo explicar de manera satisfactoria por qué había nombrado a Omar Franco como jefe de la SAT a finales de 2014 cuando existían dudas sobre su gestión debido a la baja recaudación, tema que ha sido uno de los mayores dolores de cabeza de la presente administración. En el primer trimestre de este año, la brecha fiscal reportada por la SAT alcanzó 175 millones de quetzales (22.8 millones de dólares), lo cual ha afectado las transferencias presupuestales de diversas instancias públicas, entre ellas el Ministerio de Salud y la Policía. En febrero, tres de los mayores hospitales públicos del país se vieron desabastecidos de medicamentos, material quirúrgico y alimentos, al extremo de que un grupo de vendedoras del Mercado Central llevó una donación de alimentos al Hospital San Juan de Dios para evitar que los pacientes sufrieran inanición. En el norteño departamento de Huehuetenango, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no podían atender las llamadas de emergencia ya que los vehículos policiales carecían de gasolina. Ante estas circunstancias, la evidencia de que altos funcionarios nombrados directamente por Pérez Molina y Baldetti dirigían una red de defraudación aduanera que privaba al fisco de 2 millones de quetzales (260 mil dólares) semanales, llevó a más de 25 mil guatemaltecos a salir a las calles el 25 de abril para exigir la renuncia del binomio presidencial, la primera en una serie de manifestaciones pacíficas que hasta la fecha no han cesado. Baldetti dejó de aparecer en público y el presidente Pérez Molina era abucheado cada vez que mencionaba su nombre durante las actividades oficiales. Pero lejos de apaciguar el descontento de la población, la desaparición de Baldetti generó especulaciones acerca de su posible salida del país. La caída El 19 de abril, el mismo día en que Baldetti abandonaba apresuradamente la conferencia de prensa ante los cuestionamientos de la prensa, renunció el candidato presidencial del PP, Alejandro Sinibaldi, aduciendo que Baldetti había boicoteado su campaña y tildándola de corrupta. “Renuncio porque no estoy dispuesto a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar diputados al Congreso con la misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de impunidad de funcionarios corruptos cercanos a la vicepresidenta Roxana Baldetti”, declaró Sinibaldi. Desde que estalló el escándalo de defraudación aduanera, se ha producido un éxodo masivo de diputados del PP al principal partido opositor Libertad Democrática Renovada (Lider). Mientras la popularidad del gobierno patriota caía en picada, crecía la popularidad de la CICIG entre la ciudadanía y la exigencia de que se renovara su mandato, expresada en redes sociales mediante el hashtag #CICIGsi. El gobierno de Pérez Molina ha mantenido una relación tensa con la CICIG desde que se llevó a cabo el juicio del exdictador Efraín Ríos Montt, en 2013. En esa ocasión, la CICIG expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de revertir la sentencia del exdictador por genocidio y crímenes de lesa humanidad, lo cual irritó a Pérez Molina, quien acusó a la CICIG de extralimitarse en sus funciones y entrometerse en asuntos internos del país. El mandato de la CICIG caducaba este año. Pese a su buen desempeño, sus altos niveles de aceptación entre la sociedad civil y las exigencias del gobierno estadunidense de que se le permitiera continuar su trabajo, Pérez Molina se negaba a solicitarle a Naciones Unidas que prorrogara su mandato por otros dos años. Únicamente la cúpula empresarial había hecho eco de las críticas de Pérez Molina hacia la CICIG, motivado por temores de que el juicio a Ríos Montt pudiera avanzar y de que salieran a luz señalamientos de que prominentes figuras de la élite empresarial habían participado en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, el llamado “caso SAT” obligó al sector privado a cambiar su postura en relación con la permanencia de la CICIG en el país. El 21 de abril, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) calificó la investigación de CICIG como “un ejemplo de efectividad y profesionalismo” e hizo un llamado a librar “una cruzada nacional contra la corrupción”. Viéndose acorralado, el 23 de abril Pérez Molina accedió a solicitar la renovación del mandato de la CICIG. Pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el creciente movimiento ciudadano que exigía la dimisión del binomio presidencial. El 1 de mayo, la tradicional marcha del Día del Trabajo se convirtió en una nueva protesta en contra de la corrupción y la impunidad, donde siete manifestantes llegaron al extremo de encadenarse al Palacio Nacional durante cinco días para exigir la renuncia de Baldetti y Pérez Molina. El 6 de mayo, el CACIF se unió al clamor popular que exigía la dimisión de Baldetti y amenazó con convocar un paro nacional si esta exigencia no se cumplía. Extraoficialmente, también se mencionaban fuertes presiones por parte de la embajada estadunidense de obligar a Baldetti a dimitir para calmar el descontento social y salvaguardar la gobernabilidad del país. Dos días después, Pérez Molina anunció la renuncia de Baldetti pero negó que ésta fuera el resultado de presiones gremiales. Al dejar el puesto, la vicepresidenta perdió su inmunidad y, a solicitud del Ministerio Público, se dictó una orden de arraigo en su contra para impedir su salida del país.