MÉXICO, DF (apro).- Fuerzas de seguridad, agentes militares y algunos sectores de la población del estado de Rakhine, ubicado al este de Myanmar, estarían involucrados en actos de genocidio en contra de la población musulmana Rohingya, sostiene un documental de la cadena de noticias árabe Al Jazeera y en el que participaron la organización Fortify Rights, la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale y la Iniciativa Internacional sobre Crímenes de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres. El documental –difundido el 26 de octubre--, así como dos informes dados a conocer tres días después por las dos mencionadas instituciones educativas , describen las violaciones a los derechos humanos que sufre la población Rohingya: asesinatos, trabajo forzado, violencia sexual, denegación de la ciudadanía, desplazamiento forzado y restricciones al movimiento, al matrimonio y a la religión. Los dos informes analizan los aspectos que la Convención del Genocidio de 1948 considera para tipificar una acción como genocidio y los aterrizan en ejemplos concretos ocurridos en Myanmar. El artículo segundo de la Convención define genocidio como “un intento de destruir, por completo o una parte, una nacionalidad, grupo étnico, racial o grupo religioso”. De acuerdo con la Convención, existen cinco “requisitos” para que se hable de genocidio: asesinar a miembros del grupo, causar daño serio físico o mental a miembros del grupo, deliberadamente infligir condiciones de vida calculadas para que se destruya físicamente en parte o por completo a un grupo, imponer medidas para prevenir nacimientos y transferir forzadamente niños de uno a otro grupo. Los textos a los que Apro tuvo acceso coinciden: en el caso de Myanmar se cumple con todos estos criterios. El reporte Cuenta regresiva para la aniquilación: genocidio en Myanmar de la Iniciativa contra Crímenes de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres, asevera que los Rohinya enfrentan las últimas etapas del genocidio: “Décadas de persecución han tomado una nueva e intensificada forma desde los asesinatos masivos en 2012”. El texto fue realizado después de medio año de investigación in situ en el estado de Rakhine. Se basa en documentos y 176 entrevistas. Divide los abusos en seis categorías: estigmatización y deshumanización, violencia y terror, segregación y aislamiento, debilitamiento sistemático, aniquilación masiva y remoción de la víctima de la historia del país. El reporte concluye que los Rohingya sufren actualmente características de la cuarta etapa. El texto Persecución de los musulmanes Rohingya: ¿Ocurre un genocidio en el estado Rakhine de Myanmar? Un análisis legal, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, detalla que existen 100 grupos étnicos en Myanmar que constituyen 40% de la población. La mayoría es budista, aunque hay grupos cristianos y, como los Rohingya, musulmanes. Integrantes del pueblo karén, que habita la frontera con Tailandia, mantienen desde 1949 una guerra de guerrillas contra el gobierno. El llamado Ejército de Liberación Nacional Karen acusa al gobierno de limpieza étnica. Myanmar mantuvo durante 50 años un gobierno militar. En 2011celebró elecciones multipartidistas. Previamente, en 1988, hubo un movimiento por la democracia llamado “8888”. En 1989 el gobierno permitió partidos políticos y la opositora Liga Nacional por la Democracia triunfó en elecciones, pero los militares mantuvieron el control y encarcelaron a la ganadora Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz. En 2007 los monjes budistas hicieron una revolución contra la Junta Militar. Los generales tuvieron que garantizar libertades políticas, elecciones, una nueva Constitución, aunque hoy todavía controlan la policía y seguridad, además de que el general Thein Sein tiene el puesto de presidente. Un millón de musulmanes vive en la costa del estado de Rakhine (limítrofe con Bangledesh y la Bahía de Bengala), en el Occidente del país, especialmente en pueblos del norte del estado, donde hay un total de 3.2 millones de personas. En el documental de Al Jazeera, titulado Agenda genocida, monjes budistas aseveran que los Rohinya son “inmigrantes ilegales” en el país De acuerdo con una nota de Radio Free Asia, el 12 de julio de 2012 el general Thein Sein dijo: “Cuidaremos a nuestras propias nacionalidades étnicas, pero los Rohingyas que vinieron a Myanmar de manera ilegal no son de nuestra nacionalidad y no podemos aceptarlos aquí”.   Ciudadanía negada El pasado 23 de septiembre Al Jazeera publicó una nota titulada Monjes budistas en Myanmar celebran leyes represivas. La nota describe la aplicación de las Leyes de Protección de Raza y Religión. Ésta impone restricciones a quienes quieran cambiar de religión y podría forzar a madres a esperar tres años entre sus embarazos. La ley prohíbe relaciones extramaritales y pone restricciones a los matrimonios entre hombres no budistas y mujeres budistas. Desde 1948 la ley permitía a algunos pueblos indígenas de Myanmar obtener la ciudadanía. Los Rohingya no estaban incluidos. Tas el golpe de 1962 el gobierno restringió más ese derecho. Y lo volvió a restringir aún más en 1982, durante el gobierno de Ne Win. En 1990 el Parlamento aprobó una ley que obliga a los pobladores del estado de Rakhine a pedir permiso para casarse. Esta ley está destinada a los Rohingya. Obliga a los hombres a afeitarse la barba y a las mujeres les exige descubrirse el rostro para poder adquirir sus papeles de matrimonio. En 2005 sólo se daba licencia de matrimonio a quienes, ante el juez civil, se comprometieran a no tener más de dos hijos. Si incumplían con ello, podrían recibir sentencia de hasta 10 años de cárcel. Penny Green, directora de la Iniciativa contra Crímenes de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres, explica en el documental de Al Jazeera que en 1992 se implementó una Ley de Ciudadanía que obliga a los Rohingya a probar que tenían ancestros en este país antes de la independencia. “Hay personas que tienen todos esos papeles y aun así se les niega la ciudadanía”, explica, “no tener ciudadanía los limita en su acceso a oportunidades económicas, educación y propiedad”. De acuerdo con el reporte Cuenta regresiva para la aniquilación: genocidio en Myanmar, en la actual administración de Thein Sein, en la que la cual se legalizaron partidos políticos y obtuvieron la libertad 500 presos políticos, no existen mejores condiciones de vida para los Rohinya El documental de Al Jazeera comienza con el testimonio de una mujer a quien agentes de las Fuerzas de Seguridad de la Frontera (FSF) expulsaron de su casa en los campos de refugiados ubicados en la línea limítrofe con Bangladesh. Previamente, la policía había llamado a 100 personas de diferentes campos de refugiados y les dijo: "Son musulmanes y no se les permite vivir en el estado de Rakhine. Tomen el bote y váyanse”. Un hombre relata que su hermano se negó. Pobladores budistas lo golpearon con una espada en la cabeza. Murió ahí. Finalmente subieron y su bote cruzó de noche en mar abierto. Los agentes de las FSF los escoltaban desde otro bote. A las ocho y media de la mañana les dijeron que ya estaban lo suficientemente lejos de la costa y los abandonaron. Medio millón de Rohinya ha huido de Myanmar y vive como refugiados en países vecinos. El documental de Al Jazeera muestra las condiciones de vida de los 140 mil Rohingya que se encuentran desde hace décadas en campos de refugiados dentro del propio país. No reciben raciones de comida porque no están registrados; no hay doctores en los campos y no los aceptan en el hospital. El problema no se limita a los campos de refugiados. Los Rohingya que habitan en las ciudades de Buthidaung y Maungdaw sufren discriminación “sistemática en todas las áreas”, dice en el documental de Al Jazeera Tomás Quintana, exenviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Myanmar. Human Rights Watch (HRW) reportó que en 2011 alrededor de 2 mil Rohinya fueron detenidos por motivos como “reparar su casa sin permiso”. El estudio de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale cuenta que de 1995 a 2010 el gobierno los forzó a recolocarse dentro del país y los obligó a construir “villas modelo” destinadas a otros grupos étnicos. En 2013 también los forzó a trabajar en la agricultura y a servir como guardias. HRW señaló que las turbas quemaron en 2001 al menos 28 mezquitas y escuelas religiosas. Fuerzas de seguridad del Estado participaron en la destrucción. Un año después, dicha organización denunció que el gobierno lanzó órdenes militares para destruir mezquitas no autorizadas. El documental de la cadena árabe muestra que desde el 2012 hay 86 posibles casos de violación sexual que pudieran seguir un patrón de castigo o represión por parte de autoridades del Estado y muestra el testimonio de dos mujeres que dicen: “Nos violaron una por una”, “a punta de cañón”.   Violencia planeada Al Jazeera publicó el 21 de octubre otro reportaje sobre la situación de los Rohingya titulado Violación usada como arma en Myanmar para provocar miedo. El reportaje comienza con el caso de una mujer budista, Phyu Phyu Min, a la que se le pagó para denunciar a dos jóvenes musulmanes por una violación que no ocurrió. La historia fue contada en un medio local llamado Thit Htoo Lwin. El líder budista Ashin Wirathu, líder de la organización nacionalista budista Ma Ba Tah, encarcelado en 2003 por propalar rumores, difundió la noticia en su cuenta de Facebook y agregó: "La mafia se esparce y llega al pueblo". “Para ocupar el estado de Rakhine los musulmanes crearon una raza. Una vez que tengan el estado, tendrán todo Myanmar”, dijo Ashin Wirathu en entrevista para Al Jazeera. En 24 horas una muchedumbre de budistas armados con antorchas, palos y cuchillos marchó en las calles y rodeó la mezquita local y la tienda de té donde atendían los supuestos violadores. Hubo un muerto de cada lado. El caso ocurrió en la ciudad de Mandalay y el propio gobierno admitió que el rumor fue fabricado. El reportaje cuenta que en Myanmar son comunes las alegaciones de violación como un "crimen de honor" para movilizar turbas anti musulmanas que muchas veces buscan a su vez violar a mujeres Rohingya. Además del internet, para promover estos sentimientos, se usan panfletos, vídeos, se organizan mítines, incluso hay un canal llamado Escuela del Dammah que reúne a jóvenes para "odiar otras religiones". En junio 2012 una mujer de 27 años, Thida Htwe, supuestamente fue robaba, violada y asesinada en el pueblo de Ramri. Panfletos fueron distribuidos para culpar a los musulmanes y llamar a la “retribución”. Usuarios de internet esparcieron la foto del cuerpo. Medios del gobierno usaron el término “Muslim Kala” (basura musulmana). El pasado 3 de junio una turba detuvo un autobús en Toungop, bajó a quienes viajaban y los golpeó hasta la muerte. La policía y los soldados no intervinieron. Hubo una manifestación para “remover a los bengalíes de Myanmar” el 10 de junio en la capital. Campos de refugiados fueron construidos, e la zona y los militares aumentaron su presencia. HRW reportó que policía y grupos paramilitares se unieron a las turbas contra comunidades Rohingya. Un antiguo oficial de inteligencia militar, que pidió a Al Jazeera no ser identificado, dice en Agenda Genocida: “Estas personas entran a las comunidades, crean problemas insultando al Islam y atacando musulmanes. La inteligencia militar cubre esto y lo promueve, buscan gente de afuera que haga esto”. Sai Thein Win, antiguo mayor de la armada de Myanmar, habla también en el Agenda Genocida: los agentes del gobierno “hacen que la gente se preocupe, esparcen miedo y el odio y crean conflictos. Es una política en el país". El artículo tercero de la Convención contra el Genocidio dice que hay consecuencias y responsabilidades de los Estados cuando se comete genocidio, pero también cuando se conspira para cometerlo, cuando se incita públicamente, cuando hay un intento y complicidad. El análisis de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale culmina con una recomendación: “Naciones Unidas deben adoptar una resolución para establecer una comisión urgente de investigación del estado de los derechos humanos en el estado de Rakhine” Al final del texto de la Iniciativa Internacional sobre Crímenes de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres, se lee una alerta a la sociedad civil en Myanmar y a la sociedad civil internacional: “Un proceso genocida está ocurriendo en Myanmar y si sigue el patrón de este reporte, el genocidio será completado”.