LIMA (apro).- Dos décadas después de la captura en Perú del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y de la derrota de esta guerrilla maoísta, el temor a que este grupo vuelva a tomar las armas sigue latente en un sector del país, aunque es una posibilidad descartada por los expertos. La cúpula de una organización que aboga por la libertad de los cabecillas senderistas presos fue detenida este año, en medio de la satisfacción generalizada, sin embargo, se le excarceló en agosto pasado para seguir el proceso en libertad, convirtiendo la complacencia en indignación. Un episodio que, por un lado, ha vuelto a evidenciar el enconado rencor que todavía siente la mayor parte de los peruanos contra ese grupo subversivo, y por otro ha propiciado acusaciones de persecución política y falta de independencia de la justicia. Pero sobre todo ha puesto de manifiesto que el país todavía no parece estar listo para pasar la página del violento conflicto interno que lo desangró entre 1980 y 1993. Herederos En abril pasado la policía peruana realizó un operativo contra 34 miembros del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), de los que detuvo a 28 de ellos. El Movadef fue creado en 2009 por los abogados de Guzmán, Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, con el objetivo declarado de buscar una amnistía para todos los que hubieran cometido delitos durante los años de la guerra, y un proceso de reconciliación nacional. La fiscalía los acusa de conspirar con Guzmán y el resto de la dirigencia guerrillera presa con la intención de volver a la lucha armada, una creencia que es alimentada por las declaraciones de prácticamente todo el espectro político peruano. Los abogados rechazan los cargos y denuncian ser víctimas de persecución política. Tras la captura en 1992 de la mayor parte de los cabecillas de Sendero Luminoso, Guzmán, al que sus acólitos llamaban “presidente Gonzalo”, ofreció un acuerdo de paz al gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori, pero éste lo desdeñó. Entonces, el grupo se dividió en dos: los acuerdistas, que se mantuvieron fieles a los dictados del líder preso, y los que renegaron de él y decidieron continuar la “guerra popular”. Estos últimos, que consideran a su antiguo caudillo un “traidor”, quedaron confinados en una inaccesible región de selva montañosa, el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, donde sus ideales comunistas han quedado supeditados al más rentable negocio de cobrar cuotas a narcotraficantes a cambio de seguridad. Entre los acuerdistas, una pequeña fracción retuvo las armas y un cierto nivel de actividad en otra zona de selva, el valle del río Huallaga, hasta que su jefe, Florindo Eleuterio Flores, más conocido como “camarada Artemio”, fue capturado en febrero de 2012. El vínculo de Movadef –que dice tener alrededor de 4 mil afiliados– con la cúpula senderista encarcelada ha sido manifiesto desde el inicio. No sólo sus dirigentes son abogados de Guzmán y de otros cabecillas terroristas presos, sino que han adoptado el mismo ideario, aunque renunciando explícitamente a la violencia. “No pensamos que hay condiciones en nuestro país para el inicio de una lucha armada. Pesamos que hoy es momento de lucha política, de participar en elecciones”, afirmó el propio Crespo en una entrevista con Proceso en diciembre pasado. Tampoco ocultó que reivindican la lucha de Sendero, y aunque calificó como “errores, excesos y limitaciones en su accionar en la guerra” las matanzas, atentados terroristas y otras graves violaciones a los derechos humanos que cometió, particularmente contra campesinos y pueblos indígenas, considera que ésta fue “llevada a cabo para transformar la sociedad en beneficio del pueblo”. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se formó en Perú la década pasada, durante el conflicto interno hubo alrededor de 70 mil muertos, 54% de los cuales se atribuyen a Sendero Luminoso. Para el Movadef, “esa guerra popular ha cambiado a la sociedad peruana, ha logrado socavar las bases de la semifeudalidad que había en el Perú (en 1980) y ha permitido que hoy nuestra sociedad sea una sociedad capitalista”, agregó Crespo. No obstante, el gobierno piensa que la desvinculación de la violencia de ese movimiento es sólo una fachada y su objetivo es volver a las armas una vez hayan conseguido sacar de la cárcel a los responsables del conflicto armado interno. Violencia revolucionaria Tras el operativo de abril en su contra, el entonces ministro de Interior, Wáter Albán, lo calificó como “una instancia creada o generada por el partido Sendero Luminoso para hacer una labor en la sociedad civil" que quiere “más caos y violencia”. La fiscal especializada en delitos de terrorismo, Wendy Calero, una de las que lleva el caso, se muestra convencida de ello. Sobre la mesa de su despacho tiene de De puño y letra, el libro de memorias que publicó Guzmán en 2009, y un tomo de El libro rojo, de Mao Zedong. Lo abre y lee una de las citas del histórico líder comunista chino: “La guerra es la continuación de la política por otros medios. Cuando la política llega a cierta etapa de su desarrollo, más allá de la cual no puede proseguir por los medios habituales, estalla la guerra para barrer el obstáculo del camino”. Luego añade: “Ellos están supuestamente haciendo política, y ¿a qué vamos a llegar con esa supuesta política? A barrer los obstáculos del camino”. Esta acusación fue apuntalada por el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo de la policía nacional, Edurado Solís, que en una entrevista con la revista Correo Semanal dijo que “Movadef está captando cuadros para luego militarizarlos”, en particular en las universidades, donde está concentrando sus esfuerzos. “Es esa juventud la que en un futuro puede reabrir un segundo episodio de terror en el país”, alertó Solís. Calero sostiene que en las requisas que se hicieron en los domicilios de miembros del Movadef y en las celdas de Guzmán y otros senderistas presos durante el operativo de abril, encontraron abundante documentación que prueba que los encarcelados daban instrucciones a los dirigentes del movimiento político desde su fundación, y que el objetivo final es volver a declarar la guerra al Estado. “Ellos señalan que es doctrina, pero para mí son ya actos de ejecución, porque dentro de ese desarrollo de una supuesta política ya están pergeñando una guerra, una guerra que se va a desencadenar si ellos no logran sus objetivos o si encuentran obstáculos en el camino”, indica. Este temor ha impregnado en la población peruana. Según una encuesta de Ipsos tras la liberación de la cúpula del movimiento, 56% opinaba que éste es parte de Sendero Luminoso y casi siete de cada 10 consultados preveía que, una vez excarcelados, sus dirigentes huirían del país o pasarían a la clandestinidad, cosa que no se ha producido hasta ahora. Durante la entrevista con Proceso en diciembre pasado, Crespo insistió en que ellos nunca han declarado estar a favor de una lucha armada. “Lo que hemos adoptado es una línea ideológica, y la ideología tiene una aplicación concreta que depende de las circunstancias y las condiciones que se den en cada país”, apuntó. “Lo esencial del maoísmo es el poder mediante la violencia revolucionaria”, reconoció. “Pero eso está sujeto a las condiciones objetivas y subjetivas de cada país”, y las actuales no requieren de una lucha armada. “¿Más adelante? No sé, no tengo una bola de cristal. Ahorita las condiciones son la lucha política, sin armas”, agregó. Campaña del miedo Expertos y analistas coinciden en que la actividad política del Movadef, aunque no guste a la mayoría, es legítima y que actualmente no existe el riesgo de que los senderistas retomen las armas. Consideran más bien que el proceso en su contra supone una mancha en la democracia peruana. Para el analista político Raúl Wiener, operaciones como la realizada contra el Movadef responden a una pretensión de todos los gobiernos que ha habido en Perú desde el de Fujimori (1990-2000): “mantener latente la idea de que ellos son una garantía de que el terrorismo no va a volver en el Perú”. “Todo el mundo pretende que es una buena manera de ganar adhesiones en la población mover el tema del miedo al terrorismo”, critica. “Sólo hace guerra –explica-- el que puede ganarla, el que tiene capacidad de ganar algo en la guerra, y éstos ya no tienen ninguna posibilidad, pero en el ambiente político, mediático, se pretende que cualquiera de estas personas, si sale (de prisión) y la dejas suelta, pone un coche bomba en la puerta de tu casa”. La gente de Sendero, dice, “existe como los que continúan en la prisión y como los jóvenes que ellos han vuelto a reagrupar (en el Movadef). Pero no los han agrupado sobre la base del proyecto original, sino sobre la idea de que han cambiado las condiciones, hay que ir a un acuerdo de paz, hay que resolver los problemas que han quedado de la guerra”. Carlos Tapia, experto en el tema de Sendero Luminoso, destaca que la guerrilla fue completamente derrotada a principios de los noventa, y “cuando un grupo quiere hacer acciones armadas tiene que tener un entrenamiento frecuente, tiene que tener práctica”. Añade: “En ninguna parte del mundo un grupo subversivo o terrorista ha dejado de hacer acciones armadas 20 años y después las ha reiniciado. Lo que sí es cierto es que ellos siguen teniendo una ideología fundamentalista, que van a dejar de tenerla, creo yo, solamente cuando se muera Abimael Guzmán”. Respecto del frente que estuvo activo en el Huallaga, Tapia sostiene que en el momento en el que Guzmán ofreció el acuerdo de paz, Artemio “ya estaba fuera de foco. Era el número 17 de un Comité Central de 19 y no era bien apreciado al interior de Sendero Luminoso, pero estaba haciendo su guerra hace muchos años y no se podía detener”. En realidad, agrega, “no sabía cómo rendirse” y acabó también implicado en el narcotráfico, pero “su situación era tan pobre que los personajes que estaban con él en la guerrilla los fines de semana trabajaban como mototaxistas porque no tenían plata”. Desde la captura de Artemio, en 2012, esa facción senderista quedó neutralizada. Sin embargo, es la base de la otra acusación lanzada contra el Movadef: la de haber recibido 100 mil soles (unos 35 mil dólares al cambio actual) de Artemio en 2008 para financiar la recolección de las firmas para inscribirse como partido político y poder participar en procesos electorales. Al final recolectaron más de 350 mil firmas en todo el país, más del doble de las requeridas, pero el Registro de Organizaciones Políticas les negó el reconocimiento como partido por considerar que su reivindicación de la lucha armada que había llevado a cabo Sendero y la adopción de su ideología, el denominado “pensamiento Gonzalo” (que los senderistas ven como una nueva etapa en el desarrollo histórico de la doctrina marxista), contraviene los principios del sistema democrático. En un principio esta acusación se sustentó en un testigo protegido que había pertenecido al grupo de Artemio. Según su testimonio, fueron los mismísimos Fajardo y Crespo, presidente y vicepresidente de Movadef, respectivamente, los que acudieron a la selva a recoger el dinero. El problema es que, como revelaron algunos medios independientes tras su detención, esa acusación era vieja y había sido descartada por la Dirección Contra el Terrorismo, ya que en la fecha que dio el colaborador para la supuesta entrega, ambos visitaron a Guzmán en la base de la Marina donde cumple prisión en Callao, el puerto de Lima. Además, los expertos ven improbable que dos abogados de Guzmán, que habían estado presos anteriormente y que eran conocidos y controlados por los servicios de inteligencia, se expusieran de ese modo. Para Wiener, “sería absurdo que hubieran ido porque estos tipos hasta en el periodo más duro de la guerra, como eran los abogados, debían guardar todas las formas legales, hacer sólo los actos legales”. Sin embargo, la fiscal Calero asegura que, aparte de esa declaración, otros testigos protegidos que pertenecieron al frente del Huallaga de Sendero Luminoso “han declarado que conocen a Crespo y a Fajardo, que los han visto (en el Huallaga), los han llevado en el motocarro”. La fiscal, que participó en la persecución y captura de Artemio en la selva, argumenta que en los últimos dos años antes de este golpe policial, sus hombres mataron a pobladores por haber colaborado con las autoridades y dejaron en sus cadáveres carteles que hacían alusión a las reivindicaciones del Movadef, como: “¡Solución política! ¡Amnistía general! ¡Reconciliación nacional!”. Por otra parte, asevera que se interceptaron conversaciones telefónicas en las que intermediarios transmitían a Artemio instrucciones dadas por cabecillas de Sendero encarcelados “para que recolecte las firmas en el Huallaga (para el reconocimiento como partido) del Movadef”. No obstante, los magistrados encargados de revisar la situación legal de los seis miembros de la cúpula del Movadef que seguían presos hasta el mes pasado, no consideraron los dichos de los testigos protegidos como pruebas suficientes como para mantener la prisión provisional. Su liberación provocó una ola de indignación social y airadas reacciones de parte de partidos políticos y del gobierno, que denunció que la decisión era “arbitraria e irresponsable” y “que daña la democracia”. El propio presidente, Ollanta Humala, declaró al respecto que estos fallos “complacientes con este tipo de gente (…) ha permitido que en ciertos momentos el país entero haya vivido la zozobra y la inseguridad producto de la insania de estas huestes terroristas”. Después de esto, el Poder Judicial anunció el relevo de los tres jueces del tribunal, decisión que tomó “como parte de la renovación” habitual de la sala a la que pertenecían. Nadie se creyó esa excusa y le llovieron las críticas por la violación que suponía a la separación de poderes. Wiener lamenta que la voluntad de mantener vivo el miedo al recrudecimiento “dificulta que esto tenga algún tipo de salida”. “Eso deteriora completamente la propia comprensión de la historia del Perú, la propia forma en que nos formamos, en que nos enfocamos, en que encaramos los problemas del país”, advierte. Sin embargo, matiza, “ahora tenemos una corriente democrática en el país que empieza a pensar que si de esto no se sale, no se va a salir nunca de esa ‘fujimorización’ que hubo de las conciencias del país por la forma en que terminó el conflicto en los años noventa (con el advenimiento del régimen autoritario de Fujimori) y viviremos como japoneses que creen que no ha acabado la guerra”.