MÉXICO, D.F. (apro).- El 14 de julio de 1982, unos 400 soldados, apoyados por un helicóptero, rodearon San Francisco, una aldea de unas 50 casas situada en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango, cercano a la frontera con México. La población de San Francisco era indígenas de lengua chuj. Es importante destacar la presencia del helicóptero porque eso descarta el argumento usado por el Ejército de que muchas acciones no eran realizadas por sus soldados, sino por guerrilleros vestidos como militares. Sin embargo, la guerrilla nunca tuvo helicópteros en Guatemala. Después de rodear la aldea, los soldados encerraron a los hombres y a las mujeres con sus niños en dos lugares separados: la alcaldía auxiliar y la iglesia. Luego fueron sacándolos uno a uno o por grupos y los asesinaron a todos. La matanza comenzó con las mujeres. No las masacraron en la iglesia, sino en sus casas, donde previamente las violaron. Después asesinaron a los niños y niñas que habían quedado solos en el templo. Los sacaron para matarlos. Algunos eran bebés. Les metieron un cuchillo y les sacaron las tripas y, como gritaban, los estrellaron contra las piedras. Se cumplía así lo que los jefes les habían ordenado en Huehuetenango: “Acabarlos hasta la semilla”. Finalmente, ejecutaron a los hombres. A algunos les cortaron el cuello con machetes sin filo, a otros les dispararon. Los soldados masacraron a 376 personas. No perdonaron a nadie. A media matanza los soldados “descansaron” y se comieron un toro que pertenecía a la comunidad. Y al final hicieron una fiesta con marimba, violaron a mujeres jóvenes que se habían reservado, matándolas después. Estos hechos aparecen en el libro Negreaba de zopilotes, del jesuita, investigador y antropólogo Ricardo Falla, quien los pudo conocer gracias al testimonio de básicamente tres sobrevivientes: uno que logró huir de la alcaldía auxiliar donde los encerraron y otros dos que habían salido de la aldea a cortar leña y que, al regresar, vieron el cerco y se quedaron en los alrededores observando lo que ocurría. La matanza de San Francisco ocurrió durante el mandato del general Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder el 23 de marzo de 1982 mediante un golpe de Estado. Además de esta matanza, Falla registró otras 26 masacres cometidas por el Ejército entre 1981 y 1982, en las que fueron asesinadas unas 2 mil 878 personas. Entre ellas la realizada el 14 de marzo de 1982 en Cuarto Pueblo, municipio de Ixcán, departamento del Quiché, donde fueron asesinadas 350 personas; la cometida el 7 de julio 1982 en Puente Alto, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango, donde fueron ejecutados 353 indígenas kanjobal; la del 18 de julio del mismo año en Plan de Sánchez, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, donde fueron masacradas 268 personas de la etnia achí. Aunque salta a la vista, vale la pena recalcarlo: todas las víctimas eran indígenas. En la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de Naciones Unidas, aprobada el 9 de diciembre de 1948 y en vigor desde el 12 de enero de 1951, se asienta que “el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional”. El artículo segundo señala: “En la presente Convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear destrucción física, total o parcial. d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. En el caso de Guatemala existieron varias de esas condiciones. La primera de ellas: “Hubo matanzas de miembros del grupo”. Pero también hubo “lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo”. Los pocos sobrevivientes de las masacres y sus familiares sufrieron un daño mental irreversible. Los testimonios vertidos en el juicio contra el general Ríos Montt así lo demuestran. El inciso c) también se cumple: “Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear destrucción física, total y parcial”. Miles de indígenas huyeron de sus aldeas y se refugiaron en las montañas y selvas, en donde permanecieron por años, sin ningún tipo de condiciones de habitabilidad. Muchos de ellos, sobre todo niños, murieron. Otros quisieron regresar a sus antiguas aldeas. No las encontraron: habían sido arrasadas. Éstos fueron literalmente “cazados” por el Ejército y asesinados. Muchos otros miles huyeron a México. Sobrevivieron en condiciones precarias. Vale recordar que en las últimas décadas del siglo pasado eran tantos los refugiados guatemaltecos en nuestro país que incluso se convirtieron en un problema para el gobierno mexicano, pese a la participación de ACNUR, el organismo de la ONU para la atención de los refugiados en cualquier parte del mundo. Así, de acuerdo con la Convención de ONU para la Prevención y Condena para el Delito de Genocidio, firmada por Guatemala, de los cinco actos que constituyen genocidio, tres se registraron en ese país. Ante lo expuesto se puede concluir: Sí se cometió genocidio en Guatemala, el exdictador, general Efraín Ríos Montt, es genocida. Ahora bien, demostrar que hubo genocidio y que de él fue responsable Ríos Montt no necesariamente quiere decir que el general vaya a terminar en la cárcel, ya que los intereses a los que sirvió y por los que asaltó el poder siguen intocados, con todo su enorme poder y gobernando. Sólo un dato: El hoy presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, formó, en la década de los ochenta, parte de las fuerzas represivas en la zona de las masacres. El ahora general tenía en ese entonces el grado de mayor y, pelirrojo y con barba, se le conocía como el comandante Tito. Además, los grandes y verdaderos dueños del país, agrupados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se han pronunciado en contra del juicio y la condena a Ríos Montt, e impulsado una campaña de desprestigio en contra de las autoridades encargadas del proceso y los abogados de las víctimas. Con todas esas fuerzas en el poder y en el gobierno en contra de la justicia, es posible que en el nuevo juicio que ha de seguirse contra Ríos Montt se declare a éste inocente. Aun si esa aberración jurídica se produce, la condena moral del mundo contra Ríos Montt ya nadie no se la quita. *Periodista, expresidente de Frente Unido de Estudiantes Guatemaltecos Organizados (Fuego), miembro del Núcleo Promotor Nacional del Movimiento Comunista Mexicano (MCM) y responsable de las Brigadas Culturales de la organización Morena.