BOGOTÁ, 19 de julio (Proceso).- Icono de los secuestrados en Colombia, Ingrid Betancourt desconcertó a sus compatriotas: presentó una demanda millonaria contra el Estado por no haberla protegido cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la secuestraron el 23 de febrero de 2002. Una serie de documentos –Proceso pudo acceder a algunos de ellos– revelan que las auto-ridades colombianas le advirtieron sobre los riesgos de viajar a la región del Caguán, dominada por la guerrilla. Ante estas evidencias y las críticas que ocasionó su solicitud,
Betancourt se desistió de la demanda. Pero el daño ya estaba hecho: su imagen pública quedó hecha añicos.

Cuando fue liberada en julio de 2008, después de seis años de permanecer en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ingrid Betancourt se convirtió en icono de la resistencia al secuestro y en vocera de los rehenes que permanecen en las selvas de este país. 

Muy pronto tomaron impulso sus aspiraciones políticas e incluso fue mencionada como candidata a la vicepresidencia en una fórmula encabezada por Álvaro Uribe, el mandatario que por esas fechas pretendía gobernar por tercera vez consecutiva. 

Pero ella prefirió esperar. Se refugió en París con su familia y desde entonces fueron muy pocas sus apariciones públicas, en las que quedaba claro que tenía por delante un abundante capital político. Los analistas seguían expectantes el avance del libro que escribe y que saldrá a la luz pública en septiembre próximo.

Betancourt se veía radiante la mañana del viernes 2, cuando asistió a la Escuela Militar de Cadetes para celebrar el segundo aniversario de la Operación Jaque, que concluyó con su liberación y la de otras 14 personas, entre ellas tres asesores estadunidenses y 11 integrantes del ejército y la policía, que permanecieron por más de cinco años en poder de las FARC. 

Ingrid y los estadunidenses llegaron a la ceremonia en forma sorpresiva. Allí, al lado de los demás exsecuestrados y de los altos mandos de las fuerzas armadas, recordaron los momentos culminantes de la operación mediante la cual un comando militar los rescató sin hacer un solo disparo, por lo que las FARC perdieron la posibilidad de canjearlos por 300 guerrilleros detenidos en cárceles colombianas.

Betancourt tomó la palabra y una vez más agradeció la osadía de los militares que participaron en la Operación Jaque. “Hoy conmemoramos un día de resurrección, el día que volvimos a la vida –dijo conmovida–. Todos juntos, los exsecuestrados, somos una familia”.

Una semana después –el viernes 9–, Colombia fue sacudida por la noticia de que Betancourt y su familia habían presentado una millonaria demanda contra los ministerios de Defensa y del Interior porque supuestamente no hicieron lo necesario para evitar que las FARC la secuestraran en febrero de 2002, cuando era candidata presidencial del Partido Oxígeno y aspiraba a suceder al mandatario Andrés Pastrana. 

Isnardo Jaimes, delegado de la Procuraduría General de la Nación –organismo facultado por ley para buscar un arreglo entre las partes antes de avanzar en los trámites de la demanda–, informó a los dos ministerios respecto de los alcances de la acción judicial y les notificó que había fijado para el 5 de agosto la audiencia de conciliación.

La demanda

Según se desprende del texto de 47 páginas de la demanda, Betancourt consideró que el secuestro le causó “perjuicios inmateriales de orden moral y de orden fisiológico o daños a la vida (…) que no tienen límite porque fue privada de la libertad ilegal e injustamente”.

En otra parte de la querella, la excandidata pidió que los ministerios de Defensa y del Interior le pagaran “lo que dejó de percibir en seis años, cuatro meses y diez días” a partir del 23 de febrero de 2002, cuando fue interceptada en un retén por guerrilleros de las FARC que controlaban la carretera que comunica las ciudades de Florencia y San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, al sur del país. 

La Procuraduría General de la Nación tasó la solicitud económica de Betancourt y de sus familiares en 15 mil 431 millones de pesos colombianos (unos 7 millones 800 mil dólares); es decir, 6 millones 600 mil pesos por cada día de secuestro (unos 3 mil 400 dólares). 

Betancourt pidió indemnización para sus familiares más cercanos: su madre, Nancy Pulecio; sus hijos Melanie y Lorenzo, y su padre Gabriel, quien falleció el 23 de marzo de 2002, un mes después del secuestro. Por su padre, la excandidata presidencial solicitó 3 mil millones de pesos (1 millón 500 mil dólares), pues consideró que su progenitor sufrió un daño moral a tal grado irreparable que lo llevó a la muerte. 

La divulgación de los términos de la demanda provocó de inmediato una ola de protestas en todos los niveles de la opinión pública colombiana. Expresidentes, políticos, exsecuestrados y simples ciudadanos reaccionaron airados al saber que Betancourt presentó su documento el 30 de junio, dos días antes de asistir al aniversario de la Operación Jaque. 

El repudio fue tal que una encuesta del canal de televisión Caracol reveló que 94% de los entrevistados rechazaba la pretensión económica de Betancourt.

El primero en cuestionar a la excandidata fue el vicepresidente Francisco Santos, quien a comienzos de los noventa fue secuestrado durante seis meses por el extinto jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Santos, quien nunca promovió acciones penales por su plagio, dijo el viernes 9 que estaba indignado, triste y desilusionado por la actitud de Betancourt, que calificó de “premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez”.

El Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que expresó su desconcierto, pues Betancourt desconoció “el esfuerzo y empeño de la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de la Operación Jaque”. 

Poco después, el vicepresidente Santos volvió a hablar con los periodistas, a quienes les hizo una revelación: el 23 de febrero de 2002, “a la salida de Florencia, rumbo al Caguán, ella (Betancourt) firmó un documento en el cual asumió la responsabilidad por su decisión de ingresar en una zona que registraba presencia de las FARC”. 

La revelación del funcionario fue confirmada por el comisionado de paz de la administración de Pastrana, Camilo Gómez, quien aseguró que la responsabilidad del secuestro era de las FARC, no del gobierno, y coincidió con Santos en que algunos documentos de la época demostraban que, tres días después de que el presidente Pastrana rompió el proceso de paz con las FARC y ordenó a las fuerzas armadas retomar el control de la región, Betancourt había asumido las eventuales consecuencias que implicaba viajar a la zona del Caguán para hacer campaña proselitista. 

“Sí le dimos a conocer los riesgos de su desplazamiento, como lo hicimos con los demás candidatos, que decidieron no viajar al Caguán pese a que estaba en sus planes de campaña”, dijo Gómez. 

Existen al menos tres documentos que prueban que la entonces candidata presidencial decidió asumir el riesgo de viajar a San Vicente del Caguán pese a las advertencias. Uno de ellos es una acta, la 0002 del 23 de febrero de 2002, suscrita a las 11 de la mañana, dos horas antes del plagio, en la que autoridades del departamento de Caquetá le advierten a Betancourt sobre el peligro de desplazarse por tierra. 

El texto de dos páginas fue firmado, entre otros funcionarios, por el capitán de la policía Jaime Barrera Hoyos, coordinador de seguridad de la candidata.

En su último párrafo, el documento señala: “Por lo anterior se le sugiere muy respetuosamente a la doctora Ingrid Betancourt, candidata a la Presidencia de la República, no realizar desplazamientos terrestres por los motivos anteriormente expuestos, que demuestran que los niveles de riesgo son altos para la ejecución de una acción subversiva por parte de las FARC que atente contra su integridad”.

Barrera Hoyos le hizo conocer el documento a Betancourt, quien se encontraba en el aeropuerto de Florencia a la espera infructuosa de que el ejército la trasladara en un helicóptero, pero ella optó por proseguir la marcha por tierra con su compañera de fórmula Clara Rojas, quien fue secuestrada también.

De “puño y letra” 

Acorralada por las críticas, Betancourt intentó explicar el domingo 11 el alcance de su demanda en una entrevista con la cadena Caracol. Dijo que la interpuso en solidaridad con varios exsecuestrados que ya iniciaron acciones judiciales contra el Estado. “¿De qué se trata? No es una demanda pidiéndole millones al Estado –dijo Betancourt–. Es la posibilidad de sentarse con él a exponer unos hechos y que diga si hay lugar o no a una indemnización”.

Agregó que no recordaba si firmó algún documento sobre las advertencias del gobierno acerca de los riesgos de su viaje. Y se defendió atacando: “Yo no quería encontrarme en una situación de secuestro por seis años. Nunca lo quise y eso es lo que pienso que se tiene que saber, porque los colombianos no saben que me quitaron los escoltas y que me impidieron llegar por otros medios a San Vicente del Caguán”.

Lejos de apagar el incendio, las declaraciones de Betancourt lo atizaron. Al menos 10 oficiales de la policía y del ejército, así como funcionarios de la época que conocieron de cerca los hechos, refutaron nuevamente a la excandidata. Por si fuera poco, el primer esposo de Betancourt, Fabrice Delloye, rechazó la demanda y pidió disculpas en nombre de su familia y sus hijos. “El monto es astronómico y absurdo. Me siento avergonzado”, dijo desde París.

El entonces comandante del ejército, el general retirado Jorge Enrique Mora, dijo a Proceso que Betancourt se detuvo en un retén militar instalado entre Florencia y el municipio de Montañitas, y de su puño y letra escribió un texto en el que expresó su intención de no detenerse. 

“Después de que le insistieron en no seguir, ella tomó el libro de guardia y escribió que continuaba bajo su responsabilidad”, sostuvo el general. 

El escándalo era imparable, y la avalancha de evidencias en contra de Betancourt, contundentes. 

Por la mañana del martes 13, el abogado de la excandidata, Gabriel Devis Morales, presentó dos solicitudes ante la Procuraduría Novena Judicial para desistirse de la demanda y dar por terminados los trámites conciliatorios, con lo cual quedó cerrada cualquier posibilidad de que Betancourt iniciara una acción parecida. 

Pero el daño ya estaba hecho. Y el futuro político de Betancourt sufrió un golpe demoledor. 

El reconocido politólogo y columnista Alfredo Rangel dice a Proceso que la mala imagen y el rechazo que causó la demanda difícilmente tienen reversa. 

“Betancourt ha tenido muchos altibajos, e incluso cuando la secuestraron su campaña estaba en un punto muy bajo, deslucida, sin opción”, recuerda. 

“Pero lo que había quedado en el pasado –afirma– revive ahora y ese mal paso quedará fijado para siempre en la opinión pública. Betancourt difícilmente se recuperará de este episodio”.