Madrid, 14 de mayo (apro) - Con el apoyo de 150 personalidades de la cultura, el arte y la ciencia, la organización ecologista Greenpeace y la Coalición contra las Bombas de Racimo (CMC Barcelona) han exigido hoy al gobierno de España la prohibición total de este tipo de artefactos explosivos que son fabricados en el país, y que se han utilizado en diversos conflictos bélicos, como en Irak, Afganistán o en el sur de Líbano A cinco días de que dé inicio la Conferencia sobre Bombas de Racimo, Dublín, Irlanda, a partir del día 19, donde se buscará arribar al texto de un tratado internacional para prohibir el uso de este tipo de proyectiles de guerra, las personalidades firmantes como los músicos Alejandro Sanz, Nacho Cano (exintegrante del grupo Mecano), y los escritores Rosa Montero y Javier Moro, pidieron al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que se comprometa "con los derechos de las víctimas por encima de los intereses empresariales" "Que abandone el marketing y adopte un compromiso con el desarme", añadió Juan López de Uralde, director de Greenpeace España Aunque en el discurso España ha asumido posiciones contra el desarme, de cara a la conferencia de Dublín ha cambiado su posición, pretendiendo que cierto tipo de bombas, que supuestamente presentan mayores avances tecnológicos, queden excluidas del texto del tratado internacional que se pretende redactar en Dublín En este sentido, España se acerca a la posición de Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza, que son productores de este tipo de municiones, y que buscan atenuar el texto del tratado En la actualidad 75 países tienen arsenales de bombas de racimo, entre ellos España Unos 34 han producido más de 210 tipos de estas bombas y han sido utilizadas en al menos 20 territorios en conflicto, como sucedió en Kosovo, Afganistán, Irak y más recientemente en el sur de Líbano Sólo en Líbano se lanzaron 4 millones unidades, de las cuales aún están pendientes la localización de cientos de miles para ser desactivadas, a más de un año de dicho conflicto Liderados por Noruega, 46 países, entre ellos México, firmaron una declaración en febrero de 2007, donde se plantea la necesidad de arribar a un tratado internacional para prohibir las bombas de racimo, todo ello derivado del gran impacto humanitario de estos explosivos y la creciente presión social A la fecha alrededor de 100 países se han sumado a esa iniciativa conocida como Proceso de Oslo, para tener un tratado efectivo sobre el tema, como sucedió hace diez años con el movimiento que obligó a los países a desechar el uso de las minas antipersonales En conferencia, con la presencia de algunos de los firmantes, donde se presentó el manifiesto de la campaña "Stop a las bombas de racimo", se dijo que el 98% de las víctimas de este tipo de armamento militar son civiles Estas bombas operan como un contenedor que se lanza desde tierra, mar o aire, y que al abrirse durante la trayectoria dejan caer decenas o cientos de cargas explosivas Estas submuniciones se dispersan en grandes territorios, que puede tener una extensión aproximada de cuatro campos de fútbol Entre 5 y 30% de las submuniciones frecuentemente no estallan al impacto con la tierra, sino que quedan activas durante años actuando, de hecho, como minas antipersonales Incluso, por sus llamativos colores, muchas de las víctimas son niños Jordi Calvo, responsable de la campaña de la organización Justicia y Paz de Barcelona, advirtió que el gobierno parece estar inclinándose a preservar los intereses de las empresas españolas que producen estas armas, como son Expal (Explosivos Alaveses) e Instalaza "España ha venido jugando en este proceso un papel ambiguo Por un lado dice poner las consideraciones humanitarias en primer lugar Pero por otro, no es partidario de prohibir ciertos tipos de armas con supuestos avances técnicos y que coinciden con las que fabrican algunas empresas españolas Esto no es aceptable", dijo Jordi Calvo El representante de Justicia y Paz criticó que estas empresas españolas fichan a altos mandos de las fuerzas armadas, con lo cual mantienen un trato de privilegio, lo que podría explicar la posición de ambigüedad del gobierno español Además, fustigó la financiación de grandes bancos españoles en proyectos de producción de armamentismo Por ejemplo, Expal está presidida por el almirante de la Armada española, Francisco Torrente Sánchez, quien había sido secretario general de Política de Defensa, hasta enero de 2007, cargo que abandonó para, sólo dos meses después, presidir la cuarta productora de explosivos A su vez, recordó que Maxam --forma parte de Expal-- recibió un crédito sindicado donde participan BBVA, Banorte y Caixa Cataluña, éste último banco que es presidido por el ministro de Defensa, en el periodo de Felipe González, Narcis Serra También dijo que BBVA financió a empresas de defensa que produjeron bombas de racimo y armas de guerra como Raytheon, Thales, EADS-CASA y Explosivos Alvaneses (Maxam) Los firmantes recordaron que el gobierno español aún puede rectificar su posición, además de que tiene como instrumento el cumplimiento de la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, aprobada en diciembre pasado en el Parlamento español, que hace referencia a la necesidad de prohibir todas las bombas de racimo, sin exclusiones