BRUSELAS (Apro).- Así como México sirve como corredor a miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, Grecia es el paso para aquellos que pretenden entrar a otros países europeos cruzando el Egeo desde Turquía o el Mediterráneo desde África. Ambos países enfrentan actualmente crisis migratorias, agudizadas, según organismos de derechos humanos como Oxfam o Amnistía Internacional, por las políticas de contención de esos flujos de indocumentados. En el caso de México, la problemática se disparó con las caravanas masivas que irrumpieron en octubre de 2018 como efecto de un crítico crecimiento de la pobreza y la inseguridad en Centroamérica. En el caso griego es consecuencia, principalmente, del recrudecimiento de la guerra en Siria, pero también del inestable acuerdo migratorio que tiene la Unión Europea (UE) con el gobierno turco, que puede abrir y cerrar a conveniencia la llave de la corriente de refugiados que brota desde sus costas. Los dos países han tenido que retener a miles de migrantes. Los Estados miembros de la UE, a la que pertenece Grecia, no se ponen de acuerdo para distribuir a los refugiados o, como Hungría o la República Checa, se niegan a recibirlos. Estados Unidos, violando las leyes internacionales, obliga a quienes quieren solicitar asilo en su territorio a esperar en México una respuesta, que puede durar meses o años. En ambos casos, la acumulación de inmigrantes indocumentados está desbordando la capacidad de las autoridades. En los primeros ocho meses de 2019, 460 mil migrantes indocumentados habían entrado a México; es decir un aumento de 232% respecto a todo 2018. Cien mil fueron regresados a sus países. Poco más de 48 mil migrantes han solicitado refugio en el país y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) estima que este año cerrará con una marca histórica de 80 mil peticiones. Grecia, cuya superficie territorial es 15 veces menor a la de México y su población es equivalente a 8% de la mexicana (10 millones contra 130), ha sido el punto de entrada de 277 mil indocumentados entre 2016 y junio pasado. Según la organización humanitaria International Rescue Committee, Grecia acoge 50 mil refugiados que, “en su mayoría, se quedarán en el país”. El actual problema que enfrenta ese Estado europeo es que la mitad de los 46 mil inmigrantes sin papeles que había entrado por mar a la UE hasta agosto último, lo ha hecho por su territorio, principalmente a través de sus islas en el Egeo. Los centros de recepción en esas pequeñas islas están sobrepoblados con 18 mil refugiados que están impedidos de ir a otro lado a causa del acuerdo con Turquía para devolverlos. La Comisión Europea y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han expresado su preocupación por ese cuello de botella migratorio y la necesidad de construir lo antes posible nuevas instalaciones de acogida, así como mejorar los programas de integración de los inmigrantes. De hecho, el nuevo gobierno de Atenas anunció, a principios de septiembre, que pondría en marcha medidas de emergencia para gestionar “la enorme ola” de solicitantes de asilo provenientes de Turquía. Ayuda común a Grecia Aunque comparten las dificultades para administrar la llegada de migrantes, a quienes deben garantizar protección, México y Grecia no disponen de los mismos recursos financieros para hacerles frente. Desde que estalló la llamada “crisis migratoria” en 2015, Grecia ha sido apoyada por sus socios comunitarios con al menos dos mil 280 millones de dólares para enfrentarla. La mitad de ese dinero proviene del Fondo de Asilo, Migración e Integración, cuyo objetivo es promover la eficacia de la gestión de los flujos migratorios y el fortalecimiento de la política común de asilo y migración. Otros 440 millones de dólares recibidos por Grecia vienen del Fondo de Seguridad Interior, que está dividido en dos programas: Fronteras y Visados, y Policía. Este fondo, que se propone alcanzar “un alto grado de seguridad en la UE”, financia acciones de control de las fronteras externas y el combate a la migración irregular, así como la aplicación de la política común de visados o la cooperación judicial entre Estados miembros y Frontex, la agencia fronteriza europea. El Instrumento de Apoyo de Emergencia, que duró tres años y finalizó en marzo último, entregó a Grecia 706 millones de dólares que están aún sirviendo para realizar acciones humanitarias inmediatas. Algunos proyectos son ejecutados por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la OIM, pero también el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Hay un programa, por ejemplo, de protección temporal para los migrantes más vulnerables, que tiene un fondo de casi 48 millones de dólares; otro, para proveer de educación y alojamiento inmediato a niños migrantes en Grecia, con una bolsa de casi 25 millones de dólares. Los proyectos concretos son administrados por las autoridades griegas en acuerdo con la Comisión Europea. Los programas son llevados a cabo por el Ministerio de Migración, de Defensa, del Interior, de Salud y de Infraestructura y Transporte, así como por la Guardia Costera, la policía y el Servicio de Primera Recepción, que es el organismo gubernamental que debe encargarse de cuidar a los inmigrantes indocumentados que son arrestados al llegar, y asegurarse que sean respetados sus derechos humanos. Sin embargo, a pesar de ese caudal de recursos y ayuda humanitaria, las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian las continuas violaciones a los derechos humanos y legales de los inmigrantes y refugiados. También acusan las “deplorables” condiciones de los campos de detención donde están confinados, en particular en los llamados Centros de Recepción e Identificación, ubicados en las islas de Lesbos, Semos, Chios, Kos y Leros. En agosto último, un grupo de 13 organizaciones –como Refugee Rights Europe o la Organización Mundial contra la Tortura– publicó un reporte donde expone que encontraron “evidencia de violaciones generalizadas de derechos humanos de gente desplazada y refugiados sobre Grecia y las islas de Chios, Lesbos y Semos, que podrían equivaler a tratamiento cruel y tortura”. Esas ONG señalaron que, como resultado del acuerdo migratorio entre la UE y Turquía, que entró en vigor en 2016, “miles de personas están actualmente atrapadas en las islas, sin acceso a refugio, atención médica o educación, incluyendo mujeres y niños”. También acusan las “pobres condiciones de salubridad durante la detención de los inmigrantes”, y “reportes alarmantes de maltrato de la policía en centros de detención: los golpean, se paran sobre sus espaldas o la cabeza y actúan con un comportamiento violento”. En ese, como en muchos otros reportes, las ONG instan al gobierno griego a terminar con su política de contención, y que permita la libre circulación de los inmigrantes y apoyen un plan a largo plazo para la recepción e integración de los mismos. Penuria mexicana Comparado con el presupuesto griego, el que destina el gobierno mexicano a algunas de sus principales instituciones responsables de manejar la cuestión luce desproporcionado al tamaño del problema. Una insuficiencia de recursos afecta el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de asilo y derechos humanos de los inmigrantes. La semana pasada, por ejemplo, durante el 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunciaron los malos tratos contra niños y adolescentes migrantes, a los que las autoridades mexicanas siguen internando en estaciones migratorias. El presupuesto del Instituto Nacional de Migración apenas superó 58 millones de dólares este año y crecerá a 76 millones el entrante, si así lo aprueban los diputados en octubre próximo; el de la Comar alcanzó un millón de dólares para 2019 y tendrá un millón 400 mil dólares en 2020, si también lo autoriza el Congreso. El titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva, ha insistido en que ese organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación requiere para hacer su trabajo de cinco millones de dólares (100 millones de pesos). Ramírez ha informado que el gobierno federal presupuestó 280 mil dólares suplementarios (5.5 millones de pesos) para contratar personal temporal para la Comar y la oficina de la ACNUR en México, y ha urgido al gobierno mexicano a “diversificar las donaciones”. El gobierno de Donald Trump ha aumentado su financiamiento, en forma de donaciones, a las operaciones de las agencias internacionales de la ONU en México. Esas donaciones no llegan a los montos europeos y no son otorgadas a las autoridades mexicanas para que los ejerza, como lo hace la UE con el gobierno griego. Así, en 2018 Washington donó siete millones y medio de dólares a la ACNUR, y un millón 200 mil al plan de retorno asistido de migrantes indocumentados que ya aplicó la OIM en Europa en 2016. En junio pasado, el subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga, anunció que el gobierno mexicano gestionaba con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo de 20 millones de dólares para la contención de la migración en la frontera sur y la modernización de las instalaciones migratorias o albergues en Tapachula, Tijuana y Ciudad Juárez, que pretenden convertir en “campos de refugiados” al “estilo europeo”. Frente a ese panorama contrasta una cifra: tres mil 600 millones de dólares, cantidad que, a principios de septiembre, el Pentágono liberó para construir un tramo de 280 kilómetros de muro fronterizo con México.