Es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede (a nuestras Fuerzas Armadas) poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza.

Luis Raúl González Pérez, expresidente de la CNDH, 12 de febrero de 2019

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la reciente celebración del Día del Ejército (19 de febrero), el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un breve y críptico mensaje que debería aclararse por el bien de la República.  Hay elementos de cambio que preocupan en las nuevas formas que adopta la relación del presidente con los militares: la congregación en el Zócalo, su espacio público por excelencia que el atavismo presidencial actual reserva en exclusiva para sí y sus celebraciones. Es la primera vez que se festeja ahí a los militares, siendo que es un escenario de pleitesía presidencial por excelencia. La relevancia no radica en un espacio que no tiene patente exclusiva de uso civilista y menos en este régimen que, hasta ahora, ha placeado a los militares, marinos y a la Guardia Nacional en desfiles y representaciones marciales para reiterar la renovada simbiosis del Ejecutivo con su fuerza castrense. El simbolismo es preocupante por las palabras presidenciales que recuerdan, por un lado, el maniqueísmo echeverrista que aludió, en algún momento, al supuesto golpismo militar que fue conjurado hacia el final de su mandato; y por otro lado el agradecimiento de López Obrador a los militares supone, sin ambages, un sojuzgamiento civil del que no se tiene memoria en la retórica presidencial mexicana. Otro matiz importante del nuevo arreglo político-militar en el presente gobierno es el cambio protagónico de las expresiones que solían dejarse sólo a las Fuerzas Armadas y que en las últimas décadas eran aprovechadas para demandar su revaloración en el entramado histórico e institucional mexicano. Fue el caso de aquel “discurso del perdón” que hiciera el titular de la Sedena en el sexenio de Vicente Fox, aludiendo al papel represor del ejército en las décadas anteriores, a propósito de los hechos de 1968.  Ya en la distancia y en otro contexto de empoderamiento, en septiembre de 2018 la Sedena afirmaba sin empacho que su actuación en la matanza estudiantil se hizo ¡respetando los derechos humanos! Ahora, el comandante supremo, en sus múltiples agradecimientos, señaló que si ha habido cuestionamientos a su actuación –como durante la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón–, la responsabilidad no es de los militares, obviando así un principio de imputabilidad en el marco del derecho internacional humanitario. El escenario y el discurso presidencial sin identificar los ejes y personajes de la conjura golpista a la que ha aludido, no sólo el día de le celebración marcial, se reducen a manipulación política con la máxima fuerza del Estado para intimidar a adversarios y enemigos políticos. No es menor hacer señalamientos de golpismo toda vez que, en el diseño constitucional y legal, se cuenta con mecanismos de protección y sanción institucionales: hay responsabilidades y consecuencias. Quedarse en el boato del espectáculo político con el respaldo de las armas militares y la bravata presidencialista, hay que decirlo claro, sólo deja un mensaje de fuerza intimidante para aquellos que no comulgan con el presidente.

¿“Todo el poder”? 

En las consultas parlamentarias que culminaron con la reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional, Luis Raúl González Pérez, entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió sobre los riesgos del ensanchamiento del poder castrense en México y que fue más allá del señalamiento dicotómico del militarismo: se asume, dijo, “como una consecuencia necesaria o vinculada a la misma, el expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas, no sólo al ámbito de la seguridad pública, sino al económico, al concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, al margen de cualquier consideración o fundamento legal, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias del país, así como para adquirir bienes y contratar servicios, aún en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional…”.  No transcurrían tres meses de gestión del actual gobierno cuando se dijo esto en el Senado. Hoy, ya lo vemos, la advertencia se quedó corta ante lo que tenemos en materia de relación civil-militar y del efecto retardatario que esto nos significa como democracia. En efecto, el breve trayecto sexenal recorrido nos muestra un ensanchamiento protagónico de los militares que exacerba la herencia de los sexenios calderonista y peñista: hay un trato presupuestal con privilegios salariales y de prestaciones a los mandos, así como acceso a recursos públicos con un comportamiento empresarial como ejecutores de obra pública. Es paradójico que siendo la corrupción el motivo principal de cancelar el aeropuerto de Texcoco, la responsabilidad apunte hacia el Ejército en su papel de constructor (El Universal, 9 de diciembre de 2019 y 25 de febrero de 2020).  El aeropuerto de Santa Lucía y la construcción de sucursales bancarias ahora son parte de un patrón que viene de sexenios pasados; igualmente, el control legal del tráfico de armas para autorizar compras para policías a nivel federal y local (noviembre de 2019) junto con el armamento para seguridad privada, opera en la opacidad total. Esto sin mencionar el fracaso en su intento de frenar el flujo de armas ilegales en el país y cuya acción se ha limitado recientemente a las ya añejas campañas de “canje” (con pobres resultados pero bien publicitados en la estrategia de “paz” del presidente) y a depender de la “cooperación” de Estados Unidos para detener los flujos fronterizos de armamento (entre 140 mil y 200 mil armas anuales). A esto deben añadirse las nuevas adquisiciones de armas y aeronaves para las Fuerzas Armadas propiamente dichas. La Secretaría de Marina también accede a la redistribución de poder y privilegios, luego de la defensa oficiosa de los estadunidenses para que retomen su papel en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico: al margen de la Constitución, el gobierno actual está dando la puntilla a la administración portuaria y la Marina Mercante (responsable del comercio internacional marítimo), militarizando el control portuario y dejando el usufructo monetario a la Armada bajo premisas de seguridad nacional (por la introducción ilegal de fentanilo proveniente de Asia y cuya responsabilidad no es de la Marina Mercante sino de la vigilancia aduanal, léase el Servicio de Administración Tributaria). El cambio legal se encuentra listo en el Congreso desde enero pasado.

Culiacán, el parteaguas del miedo 

Luego de la fallida captura de Ovidio Guzmán (octubre 2019) fue evidente la caracterización de pax narca de nuevo cuño. Los días posteriores al fiasco militar hubo gran difusión en las redes de videos y canciones que denostaban la autoridad civil (“No me eches a mi tu culpa” y el rap “Human” en su versión original en inglés, ver El Universal, 21 de octubre de 2019).  Las expresiones (que muestran soldados y marinos) fueron autorizadas por los mandos y las autoridades militares, quienes con su silencio aprobaron el denuesto a los civiles. No es casual, sin embargo, que la retórica presidencial desde entonces ha reiterado hasta el cansancio la imagen discriminatoria del “pueblo uniformado” para ensalzar a los militares y dejar de lado un pasado que, en su momento, el propio López Obrador criticó acremente.  El nuevo cliché presidencial omite a propósito la condición popular que también tienen nuestros policías y que en el nuevo régimen están condenados (incluso en su integridad física por los ataques contra su vida) en aras de resaltar la opción militarista de seguridad que representa la Guardia Nacional. De igual modo, se disfraza la herencia calderonista que reserva privilegios de educación superior privada (con recursos públicos) para las hijas e hijos de mandos militares y marinos. Esquema que está muy lejos de alcanzar a las mujeres y hombres que se desempeñan en las fuerzas policiales en los gobiernos federal (lo que queda) y de los estados.

Fin de la supremacía civil 

La claudicación de este principio respecto del estamento militar es manifiesta. El sometimiento político castrense en México se definió con criterios alejados de las capacidades de injerencia real de los civiles en la función de defensa, mediante un complejo conjunto de reglas escritas y no escritas que se forjaron hace casi 100 años.  Nunca ha habido una supremacía civil plena, desde el momento que la organización castrense siempre ha definido los presupuestos, aunque existieron mecanismos de contrapeso­ para conjurar, sea por medios represivos o de corrupción, las ambiciones caudillistas y garantizar la sumisión política al presidente.  No se avanzó en esta materia en nuestros años de transición democrática. Pero tal incondicionalidad militar se ha ido debilitando por diversas razones estructurales e histórico-políticas en las últimas décadas. En México no se puede afirmar en forma categórica que los militares representen una amenaza en términos tradicionales de golpismo contra un gobierno democrático.  Sin embargo, el nuevo trato presidencial y la omisión de hacer reformas al sector defensa, les ha dado a los militares la coartada de un intervencionismo exacerbado, con garantías amplias de privilegio e impunidad, que se contrapone a un diseño de dominio civilista y de carácter democrático, cuya expectativa se fue al precipicio a finales de 2018. La nueva casta castrense que se está formando es la que debe estar más que agradecida con el presidente López Obrador porque, entre otras cosas, difícilmente volverán a los cuarteles… pero las consecuencias las pagaremos todos.  Este ensayo se publicó el 1 de marzo de 2020 en la edición 2261 de la revista Proceso