CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Llega de nuevo del Día de los Derechos Humanos, en que se conmemora la Declaración Universal que hace 71 años perfiló un nuevo horizonte global de esperanza, centrado en el respeto a la dignidad humana. “El patriotismo posible para el siglo XXI”, según la afortunada fórmula de Carlos Monsiváis. En México este aniversario coincide, además, con el primer año de un gobierno federal que prometió cambios profundos para revertir la desigualdad, la violencia y la impunidad. ¿Cómo ha enfrentado esta administración los inmensos retos que, en el ámbito de los derechos humanos, le heredaron los anteriores gobiernos? Desde el Centro Prodh encontramos una compleja mezcla de avances, retrocesos, inquietantes persistencias y derivas inciertas. Vale la pena hacer un corte de caja con una mirada más profunda y más atenta a los matices que lo que permiten los extremos expresados en las redes sociales. Sin duda la nueva administración ha traído avances impensables hasta hace muy poco. Nombramientos de funcionarios y funcionarias competentes en áreas clave de dependencias como la Secretaría de Gobernación, reconocimientos de responsabilidad en casos que lastimaron profundamente a las víctimas y a la sociedad; eliminación del Estado Mayor Presidencial, recuperación de espacios de memoria sobre las atrocidades de la Guerra Sucia, aceptación de la crisis en instancias internacionales y pasos relevantes en casos ventilados ahí. Es deseable que el gobierno siga impulsando estas medidas para que devengan cambios de fondo. La atención a la catástrofe humanitaria causada por las desapariciones, generalizadas en algunas regiones del país tiene especial relevancia. México sigue en deuda con las familias de hombres y mujeres, niños y niñas, en cuya desaparición participaron –o al menos toleraron con indiferencia criminal– las instituciones del Estado. El presidente encabezó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda y se ha reunido con diversos colectivos de víctimas. Igualmente, fue creada una Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, que a lo largo de este año ha intentado desmontar la madeja de mentiras que dejó detrás de sí la anterior administración, con el trabajo intenso del subsecretario de Derechos Humanos y del fiscal para el caso. Por último, se ha comenzado a bosquejar un mecanismo extraordinario de identificación forense, que permitiría revertir el inhumano rezago que prevalece en las morgues de nuestro país. Que estos procesos se consoliden puede ser una buena noticia. También lo sería avanzar en la cabal adhesión de México al régimen internacional sobre desapariciones, aceptando la jurisdicción plena del respectivo Comité de la ONU, lo que hasta ahora no ha sucedido pese a que hace más tres meses el presidente instruyó hacerlo. En este ámbito, es vital también que se acrediten resultados con prontitud: legítimamente el nuevo gobierno puede argumentar que heredó una crisis que no ocasionó; empero, las víctimas responderán con incluso mayor legitimidad que han esperado ya demasiado tiempo. Los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los gobiernos y, si no se actúa con más celeridad, los desencuentros con los colectivos se pueden multiplicar. Por otro lado, hay que decir que también se han adoptado medidas en la dirección contraria a la que habríamos esperado. Por un lado, se adoptó una política migratoria basada en un enfoque de seguridad que ha aumentado las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y que indirectamente ha desatado preocupantes expresiones sociales de xenofobia. Por otro lado, se concentró la estrategia de seguridad en un cuerpo como la Guardia Nacional, que nació marcada con el sello castrense, ha profundizado la participación en la vida pública de las Fuerzas Armadas, además de que sigue generando importantes dudas respecto de su articulación con las policías locales y, más ampliamente, con el sistema de justicia. La centralidad de la guardia ha eclipsado el fortalecimiento de las fiscalías y el diseño de una política criminal acorde con las circunstancias, como objetivamente lo refleja el presupuesto federal para el próximo año. Tan preocupantes como inesperados, estos retrocesos –a los que podría sumarse, si no se adoptan medidas preventivas, la ejecución de grandes proyectos de desarrollo en territorios indígenas sin la debida consulta previa– pueden terminar por diluir avances que parecen promisorios. Adoptar más controles civiles sobre la Guardia Nacional, reformular la política migratoria y no adelantar megaproyectos sin consultas que cumplan estándares internacionales, son acciones que podrían ayudar a corregir el rumbo. Particularmente, es necesario también volver a poner el foco en las fiscalías. En este ámbito, actuar penalmente contra violadores de derechos humanos, como ha empezado a hacerse respecto de la corrupción, es igualmente importante. Más allá de estas medidas, importa aquí destacar también otras persistencias y derivas. La primera es sin duda alguna la persistencia de la violencia. Pese a los nuevos programas sociales o al funcionamiento renovado de las áreas de inteligencia financiera, las cifras no indican un descenso en la violencia. Es cierto que se trata de una herencia; empero, es verdad también que señalar la responsabilidad de anteriores administraciones comienza a ser insuficiente. Además, en no pocas ocasiones esta administración ha enfocado este grave problema, de suyo complejo, con una óptica simplista; por ejemplo, sugiriendo que la causa de las violencias era de origen político y que la sola alternancia en el Ejecutivo Federal bastaría, per se, para su disminución. Lo ocurrido durante este primer año, incluyendo las justas protestas de las mujeres, debería hacer evidente el error que subyace a toda simplificación y mostrar que las violencias tienen un origen multifactorial, cuya atención efectivamente demanda medidas de política social para el largo plazo pero también políticas públicas de seguridad y justicia basadas en evidencia para el corto. Si no se revisa el rumbo, pueden seguir estallando eventos como los registrados en Culiacán o como la masacre contra la familia LeBarón, ya que no se puede controlar por decreto una realidad que se alimenta de inercias y lógicas tan complejas como profundas. Aquí cabe una precisión: no puede decirse sin más que el Estado ya no sea hoy el mayor violador de derechos humanos. No sólo porque la posición de garante que detentan los agentes del Estado los puede hacer responsables por omisión ante la violencia que generan las redes de macrocriminalidad aún vigentes, sino también porque todavía debe acreditarse en los hechos que el anunciado cambio de órdenes está siendo cumplido por las distintas fuerzas federales de seguridad y, sobre todo, porque el Estado no lo agotan la Presidencia o el gobierno federal: son también parte del Estado los policías ministeriales que en muchas procuradurías estatales siguen recurriendo a la tortura o los presidentes municipales que ordenan impunemente la desaparición de periodistas o defensores de derechos humanos opositores. Y eso, en México, no ha cambiado. La persistencia de las violencias se aúna a una inquietante deriva, de desenlace aún difícil de anticipar: una retórica gubernamental que aleja, en vez de sumar, actores y perspectivas a los procesos de cambio que se impulsan. Provocada a menudo por el presidente mismo, pero amplificada después por sus seguidores –e indirectamente, aunque en otro nivel de responsabilidad, hay que aclararlo, por sus más estridentes detractores– esta batalla discursiva recurre a generalizaciones excesivas para ubicar críticas o disensos en lo que desde el poder se estigmatiza como el lado equivocado de la historia. De ese modo, tristemente, se pierde la oportunidad de construir puentes y sinergias entre quienes durante años han trabajado por los derechos humanos. Esta improductiva dinámica quedó patente durante un proceso crucial como lo era la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De un lado, se afirmaba que la CNDH había encubierto la crisis de violaciones a derechos humanos; desde el otro lado, se sugería que la CNDH había fungido siempre como verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. Peor aún: el proceso tuvo un desenlace que restó legalidad y legitimidad a la designación de la nueva ombudsperson, sin que se deliberara públicamente lo sustantivo: el crítico estado de los derechos humanos en el país. Lo que pudo ser el inicio de un cambio de fondo quedó debilitado por un proceso desaseado, sin que hoy esté garantizada la autonomía de esta institución. Algo similar ocurrió en el reciente proceso de relevo en la Suprema Corte, pues la mayoría no optó por la doctora Ana Laura Magaloni, candidata que realmente habría llevado una visión renovadora del derecho a ese tribunal. Esta dinámica debe cesar. Tal vez por eso, antes de irse de México, Jan Jarab, representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), recordó que se necesita apertura para escuchar y trabajar con “familias erguidas en dignidad, con organizaciones vigorosas, con periodistas comprometidos, con organismos públicos que prestan cada vez más atención a la problemática, con personas de la academia que depositan su inteligencia al servicio de la causa con algunas autoridades entregadas a cabalidad. [Pues] son estos actores los que harán posible construir el otro México, aquel que anhelamos, sin desapariciones, sin fosas clandestinas, sin familias revictimizadas y sin impunidad” (El Universal, 17 de noviembre). La crisis de derechos humanos no ha terminado y es lo suficientemente profunda como para no sumar a los actores comprometidos en revertirla. Esto lo comprenden con nitidez muchos funcionarios y funcionarias de la actual administración, pero claramente no es un entendimiento compartido en toda la coalición gobernante, donde convergen lo mismo personas honestas y comprometidas con visiones democráticas que advenedizos que no reconocen relevancia alguna a la defensa civil de los derechos humanos. Corregir esta deriva es indispensable para que los avances se consoliden, los retrocesos se atemperen y, sobre todo, para que la persistente violencia que tanto ha lastimado al país se revierta. Todavía es posible. La crisis no cesa y no estamos para dilapidar esperanza. * Director del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) Este ensayo se publicó el 8 de diciembre de 2019 en la edición 2249 de la revista Proceso