CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) busca que en México se implemente un esquema fiscal integral similar al que ya operan sus socios comerciales del T-MEC. Esto en un momento en que el cálculo tributario se ha convertido en un obstáculo para el sector y de que 42% de las botellas que se comercializan en el país podrían provenir del mercado ilegal. 

Derivado de su participación en el encuentro anual del Distilled Spirits Council (DISCUS), donde se congregan las principales asociaciones y productores de bebidas alcohólicas en Norteamérica, la directora de la CIVyL, Panambí Garcés, explicó que México busca coincidir con Estados Unidos y Canadá en materia de reglas fiscales aplicables al sector. 

“Y es que mientras en México el impuesto especial a las bebidas alcohólicas sigue operando bajo un esquema ad valorem, es decir, calculado como porcentaje del valor del producto, países como Estados Unidos aplican desde hace años un sistema ad quantum, que grava el contenido de alcohol por volumen”, expuso derivado de su viaje a Louisville. 

Bajo el esquema fiscal mexicano, el impuesto depende del precio de la bebida, lo que abre espacio a prácticas como la subvaluación, declarar un precio menor para pagar menos impuestos. 

En contraste, el modelo ad quantum fija el gravamen con base en la cantidad de alcohol puro, lo que, de acuerdo con la industria, facilita la fiscalización, hace más transparente la recaudación y reduce distorsiones en el mercado. 

De acuerdo con datos de la comisión, la industria de bebidas alcohólicas aporta alrededor de 25 mil millones de pesos en impuestos al año en México y genera más de 155 mil empleos directos e indirectos a lo largo de su cadena productiva, desde la producción agrícola hasta la distribución y venta. 

Garcés señaló que, durante su participación en paneles como Navigating Tariffs and Taxes in a Volatile Trade Landscape y el CEO Roundtable on Restoring Fair and Reciprocal Trade, se puso sobre la mesa que este modelo no sólo facilita la fiscalización, sino que también reduce los incentivos a prácticas irregulares y da mayor certidumbre a la recaudación pública. 

La propuesta adquiere mayor relevancia si se considera el tamaño del mercado informal, señaló. Según estimaciones del propio sector, cerca de 42% de las botellas que se comercializan en México podrían provenir del mercado ilegal. 

Economía circular 

En paralelo, Garcés sostuvo reuniones con ejecutivos de Brown-Forman, uno de los principales productores de bourbon, con el objetivo de revisar experiencias internacionales en materia de economía circular y reciclaje de envases. 

Entre los puntos analizados destacan modelos como los sistemas de depósito y retorno de botellas (DRS), así como las iniciativas impulsadas por la Circular Action Alliance, que buscan reducir el impacto ambiental de los envases mediante esquemas de recuperación y reutilización. 

También se abordaron retos emergentes, como la regulación del embalaje secundario (cartón, plásticos o textiles), que en algunos países ya enfrenta impuestos ambientales específicos, lo que anticipa un cambio en los costos de operación para la industria. 

“Es anticiparse a tendencias regulatorias globales antes de que lleguen al mercado mexicano, algo que en un sector tan integrado con Norteamérica”, dijo.