CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los permisionarios de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aseguraron que el gobierno federal no ha firmado ningún acuerdo que permita el ingreso de taxis de aplicación a la terminal aérea con motivo del próximo Mundial de Futbol 2026.

En un comunicado, precisaron que durante septiembre recibieron respuestas oficiales de distintas dependencias federales, entre ellas las Secretarías de Gobernación, Cultura, Infraestructura, la Guardia Nacional y la propia Presidencia de la República, en las cuales se confirmó que “no existe convenio para permitir el ingreso de este tipo de unidades en la Zona Federal del aeropuerto capitalino para ofrecer el servicio de transporte”.

“Fue precisamente la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la que aclaró (...) que no existen datos referentes a compromisos en materia de infraestructura con la FIFA por la próxima celebración del Mundial de Futbol 2026”, de acuerdo con el documento difundido.

Insistieron en que, de existir un acuerdo o convenio del gobierno mexicano con las plataformas digitales de transporte para permitir su operación dentro del AICM, éste sería abiertamente violatorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pues la normativa reserva el servicio en la Zona Federal a los permisionarios con concesión vigente.

Los taxistas denunciaron que, pese a ello, las autoridades de la Secretaría de Marina, encargadas de la administración del aeropuerto, han permitido “cada vez más descaradamente” el ingreso de taxis de aplicación, lo que calificaron como “una clara violación a las leyes mexicanas”.

“Hay un negocio corrupto con la Marina”

Los permisionarios acusaron la existencia de “un corrupto negocio que la Marina tiene con el transporte de aplicación” y señalaron a Moisés Alfonso Magallanes, subdirector de Terminal de Supervisión de Transportación Terrestre del Aeropuerto, como presunto responsable de ese esquema.

Sostuvieron que este funcionario sería quien autoriza el ingreso irregular de vehículos de aplicación a la zona federal del aeropuerto, beneficiando a intereses privados y afectando a los concesionarios legalmente establecidos.