CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, representa un grave retroceso y un freno para la inversión privada, consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

El organismo empresarial señaló que, tras la votación en esta Cámara, identificaron disposiciones que “limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo”. 

De manera particular, subrayó que lo más preocupante es el artículo transitorio incorporado de última hora en la sesión plenaria, el cual establece la aplicación retroactiva de la reforma.  

Esa medida impactaría incluso a los juicios de amparo que ya están en trámite. 

“Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos”, sostuvo la Coparmex. 

El organismo patronal recordó que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que convirtió a México en referente mundial de justicia constitucional. 

“Gracias a él, negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad”, subrayó. 

Otro de los aspectos que inquietan al sector privado es que, con la reforma, un ciudadano o negocio que busque frenar la aplicación de una norma inconstitucional antes de sufrir un daño irreparable ya no podrá hacerlo si no demuestra un interés inmediato. 

En materia de suspensión del acto reclamado, la organización advierte que la nueva rigidez debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata. 

“En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio”, señaló. 

Esto, añadió, puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias. 

La Coparmex también expuso las limitaciones para garantizar créditos, ya que con la exigencia de depósitos en efectivo o cartas de crédito se excluye la posibilidad de utilizar inmuebles, prendas o negocios en marcha. 

“Ese esquema favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y deja en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de la economía mexicana”, precisó. 

Otro punto señalado es que, si bien ahora las autoridades enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” continúa siendo demasiado abierta. 

“Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos”, advirtió el organismo. 

No se escuchó al sector privado 

La Coparmex criticó además la falta de diálogo en el proceso legislativo. 

“En Coparmex hacemos un llamado respetuoso y firme a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad”, concluyó.