CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El sindicalismo independiente participó por primera vez en la reunión anual del T-MEC, donde expusieron ante las autoridades comerciales de los tres países sus demandas en temas laborales.

En la reunión presidida por la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y con la participación de las ministras de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, y de Canadá, Mary Ng, los representantes sindicales exigieron el fortalecimiento de la inspección laboral para detectar violaciones a los derechos de los trabajadores y atender en forma expedita las denuncias presentadas por las organizaciones sindicales.

Asimismo, solicitaron que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que incluye el capítulo laboral del T-MEC, sea aún más expedito, que las sanciones económicas sean elevadas en forma proporcional a la falta cometida por las empresas y que, además, las denegaciones de derechos humanos y laborales se persiga penalmente a nivel nacional.

“Las penas deben de ser altas e incluir penas corporales porque su objetivo no debe de ser punitivo, sino que, al ser de penas muy severas, se convierten realmente en disuasivas, evitando así más violaciones”, señalaron.

Por último, pidieron continuar la implementación efectiva del Capítulo Laboral, forzando a las “malas” empresas –incluyendo a las extranjeras que operan en el país–, a respetar la ley y evitar así el dumping social que actualmente deja en imposibilidad de competir a las empresas “buenas” que cumplen con la legislación.

A la reunión asistieron Abelina Ramírez, representante del Movimiento Sindical Mexicano; Gerardo Castor, delegado especial de La Liga Sindical Obrera Mexicana; y Alfredo Antonio Rodríguez Fritz, secretario general de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos.

Estuvieron acompañados por Paolo Marinaro, director para México del Centro de Solidaridad Sindical de Estados Unidos.

Rodríguez Fritz denunció que “aún falta mucho por hacer, algunos de estos pseudo sindicatos se están transformando, los gerentes de recursos humanos de algunas empresas están engañando a los trabajadores para forzarlos, con engaños, a aceptar a los pseudo sindicatos de protección”.

Destacó que en algunas regiones aún subsiste el uso ilegal del outsourcing, principalmente en la Sonda de Campeche, en donde se siguen violando los derechos de los trabajadores, con empresa que son extranjeras y que en sus países de origen sí cumplen con la legislación.

Por su parte, Abelina Ramírez expresó que en México hay 9 millones de trabajadores jornaleros, y que aun cuando han habido acciones concretas para mejorar las condiciones de este grupo de trabajadores, aún hay una serie de problemáticas incluyendo la falta de un mecanismo de cotización y servicio permanente de la seguridad social (IMSS).

Destacó que los jornaleros que laboran en Canadá se han quejado de las condiciones de habitación en las que se encuentran, considerándose en ocasiones “insalubres”.

Mientras que Gerardo Castor, de la LSOM, ratificó la necesidad de que haya un sistema de inspección laboral eficiente para detener las irregularidades cometidas por varios empleadores, e informó que en la fábrica en que laboran sus representados se encuentra un proceso de legitimación.

Resaltó que uno de los problemas de que los trabajadores enfrentan “es una doble contabilidad, en la cual los empresarios pagan parte del salario en forma legal y otra parte del salario es entregado en forma informal, sin el correspondiente pago de impuestos ni de seguridad social, por lo que constituye un fraude a las finanzas públicas que adicionalmente afectan la cotización de las futuras pensiones de los Trabajadores, sea por edad avanzada o en caso de un accidente laboral”.