CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante incremento de la pobreza en México durante los primeros dos años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el colectivo Acción Ciudadana frente a la Pobreza urgió implementar una profunda reforma al sistema laboral para alcanzar un sistema de seguridad social universal, y financiarla con una “reforma fiscal progresiva”.

Rogelio Gómez Hermosillo, director del colectivo, recalcó que, de manera sistémica, imperan los ingresos de miseria y la falta de seguridad social, producto “en gran parte” del sistema laboral en México, en el cual apenas 9 millones de trabajadoras y trabajadores reúnen “las condiciones mínimas decentes de trabajo” y 35 millones enfrentan condiciones de precariedad, y 24.6 millones no reciben ingreso, sea porque realizan labores domésticas –casi exclusivamente mujeres-- o porque están desempleadas.

“El ingreso laboral no alcanza”, insistió el hombre, al refrendar que la mitad de la población tiene un ingreso por hogar inferior a 7 mil pesos mensuales, mientras que solamente el 10% de la población más rica del país recibe más de 32 mil pesos por hogar al mes.

En reacción al informe demoledor que publicó el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a principios del mes –el cual reveló que 67 millones de personas están careciendo de lo más básico para vivir y que una de cada seis personas en el país está pasando hambre--, el colectivo resaltó la necesidad de que el salario mínimo llegue a 7 mil 500 pesos en 2024, el cual permitiría comprar dos canastas alimentarias urbanas.

Otro dato del informe del Coneval muestra que la carencia por acceso a la salud se agravó hasta alcanzar 28% durante los primeros dos años del sexenio, en parte por el deficiente arranque del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).

“No nos hagamos bolas”, urgió Gómez, al afirmar que el problema de salud viene fundamentalmente de la ausencia de un sistema de seguridad social, del que carecen siete de cada diez personas en el país, debido a que la salud está vinculada al sistema laboral, en el cual impera la precariedad y, en sus palabras, es “una fábrica de pobreza”.

Por ello, la investigadora Pilar Parás subrayó la necesidad de implementar una reforma fiscal progresiva, para que “las personas que más ganan y más tienen aporten más” a un sistema de salud con cobertura universal, que incluya transferencias monetarias para garantizar ingresos de las personas con el objetivo de lograr una “mayor redistribución frente a la desigualdad”.

Lucila Servitje Montull refrendó por su parte que “la pobreza es un problema de país”, y resaltó la necesidad de enfocarse en un sistema de “trabajo digno” con derechos laborales y de “acceso a la seguridad social universal”.