CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por una omisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el sexenio pasado, al no publicar en el Diario Oficial la resolución de las tarifas de almacenamiento de combustible, Grupo Aeroméxico obtendrá una devolución de 300 millones de pesos que pagó por dichas tarifas vigentes desde enero del 2019.

Un tribunal federal amparó a Aeroméxico contra las tarifas de almacenamiento de turbosina vigentes desde hace dos años y medio, porque la CRE nunca publicó la resolución respectiva en el Diario Oficial de la Federación (DOF), informó el diario Reforma.

El amparo, que es inapelable, fue notificado el 24 de junio y su efecto será que se devuelvan a Aeroméxico todos los pagos por almacenamiento a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) a partir de la fecha mencionada, y que en adelante, le apliquen las tarifas vigentes hasta 2018.

Una fuente de Aeroméxico consultada por el diario estimó que la devolución será de unos 300 millones de pesos, solo una fracción de los 27 mil millones que Aeroméxico gastó en turbosina en 2019 y 2020, ya que ASA no es su única proveedora, y buena parte de sus pagos los hace en el extranjero.

El error original lo cometió la CRE, que el 3 de agosto de 2018 aprobó la resolución 1705/2018 con las tarifas de almacenamiento por metro cúbico que ASA puede cobrar en 59 aeropuertos del país, pero no la publicó en el DOF.

El 28 de agosto de 2018, ASA sí hizo una publicación en el DOF, pero solo de la tabla con las tarifas, no de la resolución completa de la CRE justificando la metodología para calcular los nuevos montos, lo que según el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica fue ilegal.

"No se dieron a conocer cuáles fueron los principios que tomó en cuenta la CRE y que permitirían el desarrollo eficiente de la industria y de un mercado competitivo.

"Ni se señaló si se trataba de tarifas basadas en condiciones de mercado, de acuerdo con las mejores prácticas regulatorias; cuales fueron las herramientas de evaluación que se emplearon para lograr sus objetivos regulatorios, o si se realizaron ejercicios comparativos o indicadores de desempeño”, señaló el Tribunal.