CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la American Society en México, Larry Rubin, advirtió que si México no es cuidadoso en la regulación del outsourcing, las inversiones de empresas de Estados Unidos podrían migrar, pues el 92% de las firmas norteamericanas usan este esquema laboral de subcontratación porque en ese país es legal.

El outsourcing podría dejarle al país una derrama económica de 400 mil millones de pesos por parte de las empresas norteamericanas y se generarían hasta 2.8 millones de empleos formales, iniciando aproximadamente en 2022, si una nueva ley entra en vigor el próximo año, apuntó, en conferencia de prensa virtual.

“Este impacto se empezaría a generar a partir de 2022 y en los cinco años posteriores a esta fecha, pero siempre y cuando en 2021 se tomen decisiones certeras, que apoyen y fortalezcan la inversión extranjera”, indicó.

Desde su perspectiva, el outsourcing es una herramienta vital para las empresas estadunidenses y para sus operaciones en el país, por lo que está a favor de su regulación, no de su eliminación, pues su inexistencia podría afectar la relación bilateral México-Estados Unidos.

En Estados Unidos y Canadá, recordó, el outsourcing  es legal y, por ende, los socios del T-MEC deben tener “el foco y la visión para 2021” en este asunto. Señaló que también es legal en Alemania, Bélgica, España, Francia, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Perú, Uruguay, entre otros.

En ese sentido, llamó a la recién nombrada secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, “a que trabaje de la mano con la inversión americana”.

¿Por qué habló de outsourcing?

En la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con representantes de los sectores empresariales y obreros, un acuerdo para permitir que la iniciativa que se presentará al Congreso de la Unión en febrero de 2021 para regular la subcontratación sea mejor que la actual.

“Ellos están porque se resuelva este asunto que se fue creando por la práctica ilegal, inmoral de despedir a los trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo en fin de año y que despidan a trabajadores sin que reciban un aguinaldo, sin reparto de utilidades”, agregó.

La idea es que las empresas regulen a sus plantillas laborales, se discuta el sistema de reparto de utilidades para que sea justo y equitativo, refirió la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

“Es uno de los principales acuerdos que se logró, porque en la subcontratación como existen empresas formales también existen las informales. Habrá que regularlas para que en el mercado no existan empresas que no son institucionales”, consideró Rubin.