CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (
Cofece), Alejandra Palacios Prieto, aseguró que las modificaciones en materia energética inhiben la inversión y la posibilidad de competencia en el sector.
Eso, subrayó, “tendrá un impacto en el mediano plazo en las tarifas, en los precios que paguemos, en la posibilidad de generar energía limpia y movernos más rápido hacia esa transición energética”.
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En junio pasado la Cofece presentó una controversia constitucional en contra de la última política eléctrica en materia de confiabilidad, publicada un mes antes por la Secretaría de Energía (Sener), que entre otras cosas restringe el desarrollo y operación de centrales renovables y privilegia a las plantas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De hecho, es uno de los 12 puntos que el organismo antimonopolios presentó este martes en un documento denominado: “Propuestas en materia de competencia para contribuir a la reactivación de la economía mexicana”.
En específico, consideró necesario hacer que los costos de la electricidad sean lo más competitivos posible, garantizando el cumplimiento del marco legal vigente en cuanto al despacho económico de electricidad y el acceso a las redes de trasmisión y distribución.
Otra de las sugerencias es promover precios más bajos de las gasolinas, mediante el otorgamiento expedito y no indebidamente discriminatorio de permisos para la importación y expendio de gasolina y diésel, alentando la competencia en toda la cadena de valor.
El tercer punto trata sobre la creación de un buró público que contenga datos del cumplimiento de pagos de servicios como agua, luz, créditos Infonavit o Fovissste, al que tengan acceso tanto la banca tradicional como las Fintech.
Por el lado del sector salud, la Comisión pidió agilizar la entrada de medicamentos genéricos al mercado de las licitaciones, así como una mayor transparencia en la información sobre la vigencia y vencimiento de patentes.
Lo anterior, acompañado de la coordinación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de establecer en el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial restricciones al otorgamiento de patentes secundarias, mismas que son proclives a ser utilizadas abusivamente para bloquear la entrada de competidores.
En ese sentido, el documento propone que, para beneficiar a los contribuyentes, el gobierno contrate de manera oportuna bienes y servicios en las mejores condiciones de precio y calidad, mediante una reforma a la Ley de Adquisiciones para maximizar la concurrencia y libre competencia en los procedimientos de compra pública.
Por el lado del transporte, la Cofece sugirió inducir la reducción del precio de los boletos de autotransporte foráneo de pasajeros, con una modificación a la regulación que fomente la competencia entre las empresas oferentes y que permita la participación de nuevos jugadores, a través de obligar al acceso abierto y no discriminatorio a las terminales camioneras, y permitir más puntos en los que se ofrezcan estos servicios.
De acuerdo con el estudio, es necesario volver a concesionar –mediante procesos competidos– las centrales camioneras que están vencidas o próximas a vencer, como la Central del Norte y la de Querétaro.
Y para que los productos lleguen a un menor costo a los centros de consumo mediante el desarrollo de una red articulada del transporte ferroviario, propuso reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
En materia de puertos, enfatizó que falta una reforma a la Ley de Puertos que incorpore principios de competencia, con el establecimiento de sanciones para los actos de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) que incumplan resoluciones de la Cofece, y hacer obligatoria la opinión favorable de la Comisión, previa a cualquier modificación del contrato de un cesionario.
En suma, el organismo encabezado por Palacios ve la necesidad de una reforma al artículo 105 de la Constitución que faculte a la Cofece a presentar acciones de inconstitucionalidad sobre normas generales que violenten los principios de competencia.