CIUDAD DE MÉXICO (apro). — México se colocó en el top 10 de los países peores evaluados en el Índice de Competitividad Internacional 2019 (ICI 2019), ante las profundas brechas de desigualdad, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). Nuestro país ocupó el lugar 34 entre 43 naciones evaluadas, tres posiciones abajo respecto al ranking anterior. Además de México, entre los peores evaluados se encuentran Nigeria, Guatemala, India, Rusia, Argentina, Colombia, Indonesia, Brasil y Turquía. https://twitter.com/imcomx/status/1199346214115799040 En el top 10 de los países mejor evaluados están Noruega, Suiza, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Canadá, Australia, Reino Unido y Australia. El ICI 2019 mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión. Para medir la competitividad, el índice evalúa 43 países a través de 126 indicadores, categorizados en 10 subíndices. México perdió tres posiciones en el subíndice de “derecho” derivado principalmente por el deterioro del Estado de derecho, la confianza en la policía y una tasa alta de homicidios. Esto afecta en mayor proporción a la población con menores ingresos y podría alejar inversiones ante un contexto de mayor inseguridad e incertidumbre. De hecho, el documento enfatizó que el 79 por ciento de la población vive con miedo, ya que en el transcurso de 2019 han ocurrido más de 857 mil robos y asaltos, de los cuales una mínima parte se resolverán.

“Todos enfrentamos un sistema de justicia injusto, pero las personas en pobreza deben superar muchas más barreras, como diferencias en el idioma, falta de un buen abogado o de recursos para el pago de trámites y fianzas”, acotó el organismo no gubernamental.

Otra muestra de la justicia deficiente: El 70% de los reclusos son jóvenes con bajo nivel educativo que cometieron el delito de robo, que provienen de ambientes precarios y cuentan con pocas oportunidades de desarrollo.

En diabetes, en los primeros lugares

Aunque subió una posición en el subíndice de “sociedad”, nuestro país es la segunda nación con mayor prevalencia de diabetes y uno de los que tiene mayor gasto de bolsillo en salud, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de su población. Lo anterior sin contar con las disparidades, por ejemplo, el lugar de nacimiento determina los años que vive la población. En Chiapas, la esperanza de vida es cuatro años menor que en Nuevo León. Asimismo, la región de residencia delimita el acceso a la salud. En el sur, dos de cada 10 personas tienen acceso, mientras que, en el norte, cinco de cada 10. Según el estudio, en los últimos 14 años, el número de personas con acceso a la salud ha crecido más rápido que el presupuesto: la población con acceso aumentó un 42%, mientras que el presupuesto solo incrementó 19%, en términos reales. Esto da como resultado una caída en el gasto promedio por derechohabiente.

En educación, la desigualdad

Además, el país tiene un nivel de inglés muy bajo, lo que podría limitar las oportunidades de sus habitantes para acceder a mejores empleos. En ese sentido, el informe arrojó que, en el ámbito educativo, para los mexicanos, la brecha educativa comienza desde la primera infancia, además de que el trabajo de sus padres determina si tendrán acceso a estancias infantiles. Por si fuera poco, los jóvenes se gradúan de la preparatoria con conocimientos de primero de secundaria, mientras que las deficiencias educativas se concentran en el sur del país. “Con la desaparición de las Estancias Infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol) se abre más la brecha de desigualdad”, advirtió el Imco.

Transferencias del gobierno, insuficientes

El Imco destacó que, para disminuir la desigualdad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador privilegia las transferencias monetarias. Sin embargo, advirtió que, si bien este instrumento compensa el ingreso, no resuelve el problema, por lo que es necesario priorizar la inversión en infraestructura social.

“El gobierno debe redistribuir los ingresos y regresar lo recaudado a las personas con menos recursos, a través de políticas públicas efectivas”, propuso el IMCO.

El organismo también consideró necesario avanzar hacia un esquema de seguridad social universal que cuente con los recursos necesarios para asegurar infraestructura, personal e insumos; invertir en educación para garantizar la calidad y la cobertura; priorizar la educación inicial y el preescolar por su impacto en eficiencia y equidad. Por otra parte, invertir en generar capacidades de procuración de justicia y fortalecer las policías locales. En la parte social, evaluar las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza como contar con un padrón único de beneficiarios, definir reglas de operación para los programas de transferencias y subsidios, al seguir criterios de eficiencia, eficacia, transparencia; así como diseñar mecanismos de evaluación y retroalimentación para transparentar los resultados.