CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera reconoció que la dependencia se quedó corta en la explicación de las nuevas medidas fiscales planteadas en el Paquete Económico 2020, las cuales han generado incertidumbre en la iniciativa privada. En rueda de prensa, donde estuvo acompañado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, Herrera señaló: “nosotros tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero nos parece que pudimos haber hecho un mejor trabajo en cuanto a informar”. Y para que no queden dudas, el encargado de las finanzas públicas del país profundizó en cada una de las iniciativas que inquietan a los empresarios, empezando por los nuevos esquemas que castigarán a las llamadas “factureras”.

“La iniciativa contra las empresas fantasmas es un conjunto que afecta a cinco leyes y tienen como objeto único atacar algo muy específico de la defraudación fiscal. Son aquellas empresas que realmente existen, que tienen un RFC, pero no tienen ninguna actividad económica, no le compran insumos a cualquier empresa para producir nada, no venden nada a ninguna empresa o público, lo único que hacen es generar facturas, pero no hay ninguna actividad económica real, con el único objeto de defraudar al fisco”, abundó.

El titular de la SHCP, ejemplificó con conchas y panaderías.

“¿Quiénes no caerían aquí? Si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas y por alguna razón utiliza una factura falsa, esa no es de estas (factureras) porque ésta sí está vendiendo conchas”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, en el caso de dicha panadería que sí vende conchas, pero usa factura falsa, sí estaría cometiendo una irregularidad, pero no cae en el supuesto contra quienes van las propuestas y castigos pues sí tiene una actividad económica que es “la venta de conchas, las otras no venden nada”. Remató:

“Está cometiendo una irregularidad, pero no cae en los supuestos a los que va dedicado a una empresa fantasma, no es empresa fantasma, no hay conchas fantasmas”.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, del conjunto total de empresas que hay en México, es “un pequeño número” que solamente existe en papel y que solamente nacieron para defraudar. Diferencias en extinción de dominio y defraudación Herrera aclaró a los empresarios que la Ley Nacional de Extinción de Dominio ya fue aprobada más no forma parte de una iniciativa fiscal, ni del conjunto de instrumentos que la Secretaría de Hacienda va a utilizar para garantizar que hay un cumplimiento fiscal, por lo que tiene que ver más con temas penales y de delincuencia organizada. Sin embargo, el CCE matizó:

“Un punto en donde aún no hemos logrado generar consensos es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado de la República, para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal y su equiparada. “No coincidimos en que para lograrlo se tenga que hacer aplicable este régimen de excepción a cualquier contribuyente que esté acusado de defraudación fiscal o su equiparada, máxime cuando el proceso penal lo enfrentará en prisión (aun cuando no hubiera sido declarado culpable) y se le podrán asegurar sus bienes o el control de su empresa (delincuencia organizada)”, abundó.

Para Carlos Salazar Lomelín, sería factible alcanzar el objetivo que busca el gobierno federal de atacar a los grupos delincuenciales que se dedican a comercializar facturas, si se restringe la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas (113 Bis del CFF) y a los de defraudación fiscal y su equiparada únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas.

“Por lo que hacemos un llamado para ajustar la reforma y evitar con ello generar incertidumbre a la inversión productiva”, señaló.

Sin acuerdos De acuerdo con la cúpula empresarial, algunos otros temas en los que se sigue trabajando para tratar de encontrar alternativas viables de ajuste son los siguientes: Establecer incentivos de devolución acelerada para contribuyentes con buen historial de cumplimiento; el esquema de reducción a personas morales de derecho agrario más equitativo; nuevos supuestos y procedimientos de cancelación de certificados de sellos digitales; responsabilidad solidaria de socios, accionistas, directores generales y administradores únicos de sociedades. Además en los ajustes para que la retención de ISR por intereses afecte en menor medida a los pequeños ahorradores; en el gravamen a plataformas digitales de intermediación entre vendedores y adquirentes de bienes y servicios, así como en el esquema de ventas por catálogo.