CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida, el proyecto de telecomunicaciones más ambicioso del actual gobierno, que prevé inversiones por 7 mil millones de dólares. Por lo tanto, sólo queda el otro competidor, Consorcio Altán, formado por un conglomerado de empresas off shore, las empresas Megacable y Axtel, y fideicomisos cuya integración es poco transparente. El fallo de la SCT alteró al CEO de Consorcio Rivada, Declan Gangley, quien reveló en su cuenta de Twitter (@declanganley) que fueron “secuestradas” las cajas donde entregarían su propuesta técnica para la Red Compartida, el pasado 20 de octubre. Y aclaró que se entregaron cartas de crédito por mil millones de pesos de BBVA Bancomer. Según Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, en lugar de presentar su propuesta de seriedad el pasado 20 de octubre, Rivada sólo mostró un escrito solicitando una prórroga de cinco días. El 31 de octubre, Consorcio Rivada presentó en la oficialía de partes de la SCT una carta de crédito expedida por BBVA Bancomer, con la misma fecha y por el monto de mil millones de pesos. “Sin embargo, no fue viable responder a esta solicitud, ya que las bases de concurso señalan que la SCT debe mantener la igualdad de condiciones en el concurso, por lo que la garantía debió ser entregada en el evento del 20 de octubre”, abundó Gil Huerta. Consorcio Rivada, conformado por Rivada Network y Spectrum Frontier, se inconformó y denunció mediante comunicado emitido poco después de conocerse el fallo, que litigará en “las cortes” y se reinstalará su propuesta. Acusó a la SCT de favorecer de manera predeterminada a un solo consorcio. La inconformidad de Rivada, formada por capital norteamericano y europeo, puede manchar la licitación considerada como el proyecto de telecomunicaciones más ambicioso del gobierno de Enrique Peña Nieto. La Red Compartida trata de desplegar una infraestructura para dar servicios de telefonía móvil, banda ancha y fibra óptica oscura a mayoristas y tener una cobertura del 85% del territorio nacional. A través de una Asociación Público Privada, el gobierno pondrá a disposición los 90 Mhz liberados de la banda 700 Mhz, recién desocupados con el “apagón analógico”, así como el par de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se calcula una inversión de 7 mil millones de dólares en ocho años. El proyecto debió iniciar en 2014, pero se retrasó dos años. De los primeros 21 consorcios interesados, sólo quedaron dos: Rivada y Altán. Este último se perfila como el único ganador, ya que fue descalificada la propuesta técnica de Rivada. Perfil de consorcio Altán El Consorcio Altán está formado por la empresa off shore Isla Guadalupe Investment S.LU, cuyos verdaderos financiadores no está claro quiénes son, junto con Marapendi Holding B.V., Hansam, Corporación Financiera Int., CMF Investment Company LI BV, de los que se conoce muy poco; Fideicomiso de Administración Número 2431 y el Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Eflatam-15-2, y las dos empresas de telecomunicaciones mexicanas Megacable y Axtel. Megacable fue socio de Grupo Televisa en el despliegue del par de fibra óptica de la CFE que ahora se integrará a la Red Compartida. En los últimos dos meses Megacable y Televisa han sostenido una disputa pública por el contenido de las señales de televisión por cable.