viernes que algunas decisiones de organismos rectores internacionales, como la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, pueden ser impugnadas fuera de Suiza, abriendo un sistema que actualmente obliga a los atletas, funcionarios y clubes a aceptar los veredictos allí.

Una declaración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que los tribunales de los 27 Estados miembros de la UE “deben poder realizar una revisión en profundidad de dichos laudos para comprobar su coherencia con las normas fundamentales del derecho de la UE”.

La sentencia del TJUE en Luxemburgo implica que los tribunales nacionales de la UE deberían poder revisar los veredictos del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza. Suiza no es miembro de la Unión Europea.

“Los laudos dictados por el TAS deben ser susceptibles de una revisión judicial efectiva”, afirma la declaración. Añadió que “los tribunales nacionales deben estar facultados para llevar a cabo una revisión judicial exhaustiva” para garantizar que las resoluciones del TAS sean coherentes con el orden público de la UE.

El director general del TAS, Matthieu Reeb, dijo que la decisión del tribunal limitó la revisión de los fallos del TAS por parte de los tribunales de la UE a cuestiones de política pública de la UE.

“Al servicio de la comunidad deportiva internacional, el TAS seguirá ofreciendo una resolución de disputas oportuna y experta en todo el mundo”, afirmó en un comunicado.

No hubo comentarios inmediatos del organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, ni del COI.

La decisión se produjo tras una década de litigio entre el club de fUtbol belga RFC Seraing y el fondo de inversión maltés Doyen Sports, que culminó en el fallo del viernes. Se opusieron a las normas de la FIFA que prohíben la propiedad de terceros sobre los derechos de registro y transferencia de un jugador, y en 2015 solicitaron a un tribunal mercantil de Bruselas que revisara si dichas normas infringían el derecho de la UE. El TJUE no se pronunció específicamente sobre la propiedad de terceros como tal, sino únicamente sobre el alcance de las decisiones del TAS.

El abogado de Seraing, Jean-Louis Dupont, afirmó que el club debería ser indemnizado tras las sanciones impuestas por la FIFA, que incluyen la prohibición de fichajes y una multa. Añadió que el fallo tiene amplias implicaciones, ya que cuestiona la legalidad de todos los "arbitrajes forzados" por parte de las federaciones deportivas internacionales.

"En resumen, (el tribunal) ha puesto fin definitivamente al engaño procesal utilizado por las federaciones deportivas internacionales para evadir la correcta aplicación del derecho de la UE mediante la imposición de un arbitraje obligatorio fuera de la UE", dijo Dupont, quien también ayudó a ganar el histórico caso Bosman sobre la libertad contractual de los jugadores hace 30 años.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo se creó en 1984 para brindar al deporte un foro jurídico unificado y vinculante para la resolución de disputas y apelaciones, con sede en Lausana (Suiza), sede del COI. Es la vía obligatoria para que los atletas impugnen las decisiones disciplinarias y apelen las sentencias de las federaciones deportivas olímpicas. Dicta sentencias en decenas de deportes y es una autoridad clave en casos de dopaje.

El fútbol es, con diferencia, el principal cliente del TAS, con aproximadamente 950 casos registrados cada año. La contribución de la FIFA al TAS, de 2.5 millones de francos suizos (2.75 millones de dólares), en 2023 representó más del 10 % de los ingresos del tribunal ese año.

Los veredictos del TAS pueden impugnarse ante el Tribunal Supremo de Suiza en Lausana por motivos procesales limitados y rara vez se revocan. Seraing y Doyen perdieron ante el Tribunal Federal Suizo en 2018.

El TJCE afirmó que cualquier decisión del TAS que obligue a otros tribunales a actuar “es contraria al derecho de la UE”.

La sentencia supone un nuevo golpe jurídico a la autoridad de los organismos deportivos en Suiza.

El mismo tribunal europeo en Luxemburgo ha dictado otras dos importantes sentencias en los últimos dos años bajo el derecho de competencia de la UE —en el caso de la Superliga y en la disputa por la transferencia de Lassana Diarra— que desafiaron la autoridad de los organismos de fútbol FIFA y UEFA.