CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fue citado a comparecer el próximo 5 de noviembre ante la Secretaría de la Función Pública, por su presunta falta administrativa, tras haber denunciado el presunto saqueo y destrucción del patrimonio público derivados del Tren Maya.

El 11 de octubre del presente, el Órgano Interno de Control de la Función Pública emitió un citatorio para que el investigador se presente en la audiencia inicial para rendir su declaración escrita o verbal y presentar pruebas para su defensa.

Cortés de Brasdefer, quien cuenta con más de 45 años de trabajo en el INAH, criticó el “Proyecto de Salvamento Tren Maya” y denunció que “hay riesgo de pérdida arqueológica durante los salvamentos, pero en el caso del Tren, casi todo es pérdida, principalmente en la arquitectura monumental”, en una carta que difundió en Whatsapp en abril de 2023. 

La institución emitió su respuesta a las advertencias de Cortés, por medio del Boletín 531 en agosto de ese mismo año, en el que manifestó su “desacuerdo con estas declaraciones y desaprueba actitudes como la del arqueólogo”.

El INAH acusó al académico de desinformar al público; desconocer el trabajo de sus colegas en el proyecto; desacreditar los trabajos impulsados por el INAH y sus colaboradores; así como de haber recibido amonestaciones verbales en varias ocasiones tras proporcionar a terceros –sin autorización correspondiente– documentación, datos e información sobre proyectos arqueológicos en curso, con lo que ha “puesto en riesgo datos de terceros involucrados”.

Además, según el pronunciamiento, el arqueólogo no informó sobre las presuntas irregularidades a las autoridades del instituto, ni al Consejo de Arqueología o al Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP), como es la obligación de los investigadores en caso de que detecten anomalías.

“Es probable que Cortés de Brasdefer desconozca los procedimientos que este tipo de proyectos implican, pues en sus más de cuatro décadas de colaborar en el INAH, ha realizado quizá un par de intervenciones de salvamento sin llegar a buenos términos. Su trabajo se ha concentrado en Chakanbakán, zona de la que erróneamente se le dice director, pues el cargo no existe, y su proyecto no se encuentra vigente desde hace, por lo menos, una década, aunque sí devengó sumas millonarias con resultados discutibles”, denunció la institución.

En entrevista con Animal Político, el arqueólogo denunció: “Me acusan de mentir. Argumentan que no se destruyó nada, que soy un pésimo arqueólogo y que no tengo experiencia en el tema de salvamento arqueológico. No obstante, de ser doctor en antropología especializado en arqueología, me atacan duramente”.

Cortés también denunció que personal del Consejo de Arqueología lo ha atacado en redes sociales y señaló al arqueólogo Moisés Valadez y a Margarito Molina, director del Centro INAH Quintana Roo, según consignó el mismo medio.

En 2023, el INAH levantó dos actas administrativas en contra de Cortés, tras lo cual el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) denunció “el hostigamiento hacia su persona” y se pronunció en apoyo al académico en octubre de ese mismo año. 

“Como pares en ciencias antropológicas e históricas nos indigna este trato que pretende silenciar a una voz acreditada en tema tan sensible en la presente coyuntura. Dejar sólo a Fernando Cortés de Brasdefer en esta embestida es equivalente a desistir en la defensa del patrimonio cultural de la nación”.

CLACSO también apuntó: “Como cualquier proyecto de esta envergadura y con la premura de su realización, ha sido objeto de cuestionamientos académicos en las diversas áreas del conocimiento, desde los aspectos ambientalistas hasta los antropológicos”.

Felipe I. Echenique March, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, fue el responsable de la misiva, con decenas de académicos adherentes, de instituciones nacionales, como la UNAM, BUAP, UAM, INAH, el Colegio de Michoacán, la UATx e internacionales, como la Universidad Austral de Chile y la Universidad Nacional de Chilecito, Argentina; además de diferentes organizaciones, uniones y colectivos indígenas.