CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Centrada en el rostro de los participantes y sin informar sobre objetivos, metas y resultados concretos de la reunión, el pasado lunes 3 de julio la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, difundió en su cuenta de Twitter haber sostenido una reunión con el “primer curador latinoamericano” de la edición 2024 de la Bienal de Arte de Venecia, Adriano Pedrosa, y que la presencia de México “será memorable”.

No es de extrañar que Frausto desconozca el cargo oficial del curador brasileño como Director del Sector de artes visuales, y que en la mencionada bienal ya ha participado un curador latinoamericano --el mexicano Gabriel Orozco, invitado por el director artístico Francesco Bonami en 2003--, pero lo más sobresaliente fue la presencia de José Kuri, copropietario de la galería Kurimanzutto. ¿Cuál fue la intención de invitar a un comerciante en arte? Y en este contexto, ¿por qué sólo a uno que, además, es el dueño de la galería a la que pertenece el Coordinador artístico del controvertido proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el artista Gabriel Orozco?

Y en lo que corresponde a las otras presencias gubernamentales, la duplicación o desorganización de funciones se evidenció con la participación del director del Complejo Cultural los Pinos, Homero Fernández --la instancia que dirige pertenece a la Secretaria de Cultura federal (SC) y se encuentra dentro del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura--, y de las funcionarias del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), su directora Lucina Jiménez, y la Subdirectora general de Patrimonio Artìstico Inmueble, Dolores Martínez Orralde. Más allá de la exhibición mediática en Twitter, ¿qué instancia cultural es la encargada de organizar, gestionar, financiar y rendir cuentas sobre el Pabellón oficial de México en un evento que, si bien tiene una duración de siete meses --del 23 de abril al 24 de noviembre--, su costo cubre más tiempo debido al montaje y desmontaje: la SC o el INBAL?. 

Desde la primera participación de México en 2007, la erogación presupuestal ha carecido tanto de objetivos de impacto artístico de beneficio social, como de los indicadores de evaluación correspondientes. Convertida en un evento mercantil indirecto, la bienal legitima firmas y fortalece cotizaciones. En el caso de nuestro país, es notorio que de ocho participaciones, seis han estado dedicadas a creadores que pertenecen a galerías feriales de primer nivel. En 2017, Rafael Lozano Hemmer estaba vinculado con la OMR; en 2009 y 2019, los representantes de México fueron respectivamente Teresa Margolles y Pablo Vargas Lugo, ambos pertenecientes al establo de la galería Labor; y de la Kurimanzutto, estuvieron Melanie Smith en 2011, Carlos Amorales en 2017 y, en 2021, Mariana Castillo Deball, quien radica en Alemania desde hace varios años y fue parte de la colectiva de cuatro artistas.

Las ventajas legitimatorias y mercadológicas que genera la bienal, fortalecen también el prestigio y credibilidad de las galerías que promueven a los participantes.

Y si bien las ganancias para participantes y galeristas es evidente, ¿cuál ha sido la utilidad para tantos artistas mexicanos que carecen de galerías? En el tumulto de la bienal, son muy pocos los pabellones que sobresalen e inclusive, la marca país México no ha tenido impacto como potencia artística.

Reproductora de una política de discurso y no de hechos, Alejandra Frausto, en lugar de promover la internacionalización de nuestra diversidad artística contemporánea, ha institucionalizado la influencia de agentes y productores artísticos que muy poco necesitan del apoyo de recursos públicos. Una actitud que, gracias a que mantiene las dañinas becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), no es confrontada por los artistas que, como ciudadanos, podrían exigir una selección más plural y equilibrada.