CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El anuncio presidencial de crear en la Guardia Nacional un cuerpo de combate al tráfico ilícito y la recuperación de bienes culturales similar al italiano no debe menospreciarse, pero el contexto resulta adverso. En principio, porque requerirá de recursos que el país no tiene, máxime en el proceso permanente de debilitamiento en el que vive el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y “el desprecio por la investigación, por la academia” que diluye la buena intención.

Los especialistas en políticas culturales, legislación y patrimonio cultural Bolfy Cottom e Iván Franco exponen las aristas conflictivas de la iniciativa.

Inspirado en la Unidad de los Carabinieri para la Tutela del Patrimonio (TPC) de Italia, entre cuyas acciones está el combate al tráfico ilícito y la recuperación de bienes culturales, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el pasado 27 de septiembre haber dado instrucciones para constituir un equipo especial semejante, dentro de la Guardia Nacional (GN).

Por la mañana de ese día, el presidente entregó la Condecoración del Águila Azteca –la más alta presea otorgada por el gobierno mexicano a extranjeros– en grado de Placa al general brigadier Roberto Riccardi, comandante del cuerpo italiano, invitado a los festejos del Bicentenario de la Consumación de la Independencia.

Luego de lo dicho por López Obrador no hubo pronunciamientos ni información que abundara en el tema por parte de la Secretaría de Cultura o los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), responsables de la investigación, preservación, difusión y cuidado del patrimonio arqueológico, histórico y artístico del país.

Entrevistados por Proceso, los especialistas en políticas culturales, legislación y patrimonio cultural Bolfy Cottom e Iván Franco advierten que la iniciativa –si realmente se quiere impulsar– debe contemplar al ámbito internacional, así como modificaciones a la ley de la Guardia Nacional, pues le atribuirá funciones para la cual no fue creada, y un presupuesto que le permita dotarse de la tecnología y las herramientas de avanzada.

Y señalan una contradicción: Cómo se darían a la GN los apoyos financieros suficientes cuando al INAH se le ha venido debilitando en sus funciones desde hace años, disminuyendo sus presupuestos para investigación, y precarizado los sueldos y condiciones laborales de sus trabajadores. Antes habría que fortalecer a la institución cuyos investigadores, particularmente los de áreas no relacionadas con la arqueología, han debido financiar con sus propios recursos sus proyectos.

A través de un breve mensaje de WhatsApp, el historiador Felipe Echenique expresó indignación tras la noticia:

“Qué hacer frente a esto que en principio es un agravio al quehacer institucional del INAH, una duplicación de funciones y una continuidad de la entrega de espacios civiles a los militares.”

Problema global

Para Cottom, coordinador del “Seminario Patrimonio Cultural, Antropología, Historia, Legislación”, organizado por la Dirección de Estudios Históricos del INAH, la iniciativa parece buena. De hecho, tiene antecedentes en convenios suscritos por el instituto y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), como el publicado el 30 de noviembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, y la ya desaparecida Policía Federal.

Aunque hacia 2013, a solicitud de la Cámara de Diputados, la PGR rindió un informe en el cual reconoció que el tráfico de bienes culturales es un fenómeno global, y admitió que apenas trabajaba en la creación de un catálogo nacional de piezas robadas “debido a que el INAH sólo cuenta con un inventario parcial que no incluye muchos de los objetos sustraídos, sobre todo de arte sacro y piezas arqueológicas, ya que resulta una herramienta indispensable para la investigación y recuperación de éstos”.

En ese sentido, la página web de los Carabinieri ensalza justamente su “Base de datos de bienes culturales sustraídos ilícitamente”, elaborada con el uso de “tecnología informática sofisticada”. El cuerpo especial cuenta con tres secciones: Arqueológica, Antigüedades, y Arte Moderno y Falsificación. Además del apoyo de las instituciones culturales de su país para la capacitación de sus integrantes.

Cottom afirma que, aunque la idea tenga buenas intenciones, se debe considerar que México no es Italia ni Francia ni ningún país europeo “poderoso”. Pensar que con un cuerpo parecido a los Carabinieri se resolverá el tráfico ilícito de bienes culturales le parece hasta ingenuo, porque son delitos “de otra estatura”. Por principio, de orden internacional, pero además dentro del propio territorio nacional hay otros problemas:

“Las salidas más poderosas (de bienes) son con base en la corrupción: Mientras no haya un combate serio, frontal, contra la corrupción, quiero ver cuánto dura la solidez de este cuerpo (…) Me sorprende cómo, derivado de diagnósticos en el tema de seguridad o inseguridad pública, como se le quiera ver, el interés sea invertir más en cuerpos policiacos que en instituciones de seguridad y menos en instituciones culturales.

“Pareciera que nuestras instituciones culturales son meramente organizadoras de celebraciones, y sus obligaciones establecidas por ley las debamos hacer con ayudas casi milagrosas, más que con un sólido apoyo del Estado. Si le sumamos el desprecio por la investigación, por la academia, la buena intención de la iniciativa se diluye.”

Precisa que no se trata de menospreciar la iniciativa por consigna, pero sí de ponerla en contexto. Se cree, dice, que quienes hacen críticas al régimen actual “somos neoliberales”, cuando lo cierto es que él, como otros en el INAH, hicieron los señalamientos a las políticas culturales de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la fundación del “elefante blanco” que es la Secretaría de Cultura.

De crearse el cuerpo especial en la Guardia Nacional, el especialista no ve un desplazamiento o duplicidad en las funciones sustantivas del instituto, sino más bien un complemento, porque al INAH corresponde el marco normativo, pero “no tiene facultad en el tema procesal para la persecución del delito”. En ese sentido esa unidad ayudaría; no obstante, indica:

“El problema es si nos quedamos en esa vertiente, si habrá más preocupación por la parte policiaca que por la educativa, por la generación de conocimiento, de difusión, de divulgación del trabajo con las comunidades, con la gente, en fin, toda esa dimensión social.”

Y el país, insiste, tiene muchos otros problemas por resolver: además de las demandas de carácter cultural, la inseguridad, los feminicidios y hasta la discusión en torno a los monumentos:

“Hay problemas mucho más de fondo como para quedarse con el canto de las sirenas pensando que un nuevo cuerpo nos va a resolver el tráfico ilícito. No, por supuesto que no, porque es como el tráfico de estupefacientes, es un tema internacional, si no hay una acción mundial es ilusorio pensar que esto se termina con un cuerpo.”

El autor de varios libros en torno al tema de la legislación del patrimonio responde a la pregunta de si serán necesarias modificaciones a las leyes Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Orgánica del INAH y su Reglamento Interno o a la de la Guardia Nacional:

“Sin duda va a impactar la normatividad, no la Ley Federal sobre Monumentos, sino la relacionada con la Fiscalía y la Ley de la Guardia Nacional, porque se crea un cuerpo que tendrá atribuciones específicas, facultades para atender este tema. Debe haberlas si de verdad se quiere contar con un cuerpo que actúe de manera formal, apegado a derecho, porque eso tiene que quedar claramente establecido.”

–Y un presupuesto, ¿verdad?, porque los Carabinieri tienen en su base de datos tecnologías muy avanzadas.

–Sí, porque con las proporciones guardadas, es muy parecido a la policía cibernética, es como un cuerpo de inteligencia; de hecho, es un cuerpo de inteligencia, tiene que trabajar con las rutas de las organizaciones criminales y, obviamente, eso requiere presupuesto, asignaciones específicas de convenios con las instituciones culturales, con el Sector Cultura… además, un alto nivel de personal que formará parte de este cuerpo, e infraestructura en todos los sentidos para poder actuar.

Problemas múltiples

Desde Mérida, el doctor en Ciencias Políticas Iván Franco describe el panorama en el cual se da esa propuesta: existen en el país al menos de 200 mil a 300 mil sitios arqueológicos de importancia, pero hay regiones o entidades como Chiapas, Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, donde el trabajo de campo y la investigación se ven limitados por la penetración del crimen organizado. Dice que conoce testimonios de arqueólogos que prefieren no hablarlo públicamente, porque entonces la propia institución les obstruye el trabajo o los presiona en sus proyectos. Indica que hay un investigador que incluso necesitó de protección policiaca porque fue amenazado por grupos delictivos.

Si se añade, dice, que desde antes de 2012 el INAH viene arrastrando graves problemas para generar proyectos que impliquen prospección, conservación, etcétera, su labor se limita. Y si aparte se considera que las políticas neoliberales recortaron apoyos, el resultado es que cada vez se tienen menos recursos y éstos se otorgan a los proyectos de “los más fieles”.

La mayor parte del presupuesto del instituto, señala, se va a determinadas áreas de la institución (gastos operativos y sueldos), y cuando hay recursos para investigación casi 90% se destina a la arqueología, y “otros porcentajes, muy poquito, para antropología, historia, etcétera”. De unos años para acá, subraya, “prácticamente trabajamos con nuestros recursos o haces alguna alianza con alguna institución para sumar fuerzas”.

El INAH, y eso no es nuevo –enfatiza–, vive un proceso permanente de debilitamiento. Antes los arqueólogos podían hacer grandes recorridos, largas distancias para ubicar sitios con vestigios, es verdad que ahora se utilizan otras tecnologías, pero no hay recursos para ir a protegerlas y varias “literalmente están invadidas de mafias, incluso de las comunidades, de intereses políticos y, sobre todo, inmobiliarias que destruyen por todos lados con el cuento de lo sustentable”.

En su opinión, lo planteado por López Obrador es meramente “una declaración”, “una ocurrencia, como otras de la clase política”. Si realmente quiere materializarla implicará una disputa en la Cámara y no faltarán diputados que se opongan. Y cuestiona si ahora la Guardia Nacional será la salvadora que vaya a cuidar que no haya saqueos, si “ni siquiera combaten a los narcos, ¿qué van a evitar?”.

Considera que quizá se lanzó el tema para ver reacciones, no obstante, su temor es que se siga debilitando al INAH, un proceso iniciado desde la creación del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura), y ha permitido que sus políticas las determinen intereses turísticos, globales, internacionales, y así continúa hasta hoy con temas como el de la construcción del Tren Maya.

El antropólogo del Centro INAH-Yucatán explica que la ciudad de Roma es como México, si bien Italia es apenas un poco más grande que toda la península de Baja California, tiene una acumulación de patrimonio cultural y está uno encima del otro, se sobreponen épocas y culturas. Ambos países se enfrentan a un tráfico de bienes “terrible”.

La diferencia es que la Unidad de Carabinieri, fundada en 1969, incluso antes que la Convención del Patrimonio Cultural de la Unesco, forma parte del Ministerio para los Bienes y Actividades Culturales de Italia y “actúa para la salvaguarda y la protección del patrimonio cultural nacional, a través de la prevención y represión de actividades criminales múltiples y relacionadas entre ellas” (dice su página en internet).

“Cuando se crea se les da una formación especial a los integrantes que entienden lo que es el patrimonio del país.”

Él conoce el sistema porque ha visitado el país europeo y por compañeros que hasta han hecho doctorados allá y participan en concursos de Estado para obtener un título de guía de turistas, porque allá un guía no puede andar “inventando como acá”, deben realmente saber de historia y demás, los Carabinieri toman esos cursos.

“Es cuando uno dice: A ver, si realmente quieres al patrimonio, fortalece tu institución patrimonial, que es el INAH, le das atribuciones para formar agentes de la Guardia Nacional. Es muy diferente a que, de pronto, se cree algo por fuera en donde no sabemos qué tipo de gente, con qué formación y con qué intereses van a entrar. Ése es el problema.”

Recuerda también los antecedentes con la PGR o la Policía Federal, e incluso que el instituto ofrecía diplomados para los agentes, a los cuales iban también estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, incluso arqueólogos, y se elaboró una especie de catálogo para las Aduanas, si bien no son precisamente los puntos por los cuales pasa el tráfico más denso.

Resume: lo primero es fortalecer al INAH en sus diferentes sectores, reconocer el trabajo de los jóvenes que han sido contratados sin seguridad social (Capítulos 1000 y 3000), así como el de sus académicos, quienes siguen organizando actividades a pesar del confinamiento, en plataformas como YouTube, donde hacen mesas de análisis, de historia, de antropología, de problemáticas como el Tren Maya, de sus investigaciones.

López Obrador hizo el anuncio en el marco de las celebraciones por los 200 años de la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Ese día inauguró la exposición ‘La grandeza de México’, en el Museo Nacional de Antropología. Ahí la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, destacó que desde 2018 a la fecha se han repatriado 5 mil 746 bienes (5 mil 149 de ellos arqueológicos y 597 históricos).

También es cierto que en los últimos años se han llevado a cabo diversas subastas de piezas arqueológicas, pese a las denuncias interpuestas por el INAH ante la FGR y los intentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores por detenerlas, pues como bien dicen los investigadores, es un asunto que requiere la intervención global.