CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 1 de diciembre se cumplieron dos años del nombramiento oficial de Alejandra Frausto como titular de la Secretaría de Cultura (SC) --si bien tuvo mucho tiempo antes para iniciar su trabajo, incluso previamente al periodo de la llamada transición--, por lo cual se hicieron varios balances.

Uno de ellos fue el titulado “Desactivar colectivos” del escritor Juan Villoro, en el cual menciona varias pifias en la gestión de Frausto que van desde equivocaciones que podrían parecer inocuas, hasta la polémica desaparición de fideicomisos. Y más recientemente la creación del chat en WhatsApp por parte de funcionarios de la secretaría, descubierto durante un encuentro con artistas vía zoom, del cual toma el nombre el texto del escritor.

A través de una videoconferencia con los medios de comunicación, la funcionaria se deslindó de la conversación, que la comunidad comenzó a llamar el “WhatsApp gate”, y ofreció disculpa. Lo cierto es que se negó a responder los cuestionamientos sobre los responsables de la formación y participantes del chat y las consecuencias de sus actos. Apenas el pasado 15 de diciembre confirmó la destitución de Alejandra Chávez, quien laboraba en la subsecretaría de Desarrollo Cultural, y Alejandro Ortiz, director de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes.

Puede mencionarse también el recuento del periodista Eduardo Cruz Vázquez, titulado Frausto, la ruta del desastre en el portal Paso Libre del Grecu (Grupo de Economía y Cultura), en el cual hace la biografía de la funcionaria, mezclada con la historia de la Cultura en México de los últimos sexenios, para llegar al momento actual en la autonombrada Cuarta Transformación.

Cuando se cumplieron los primeros cien días de la actual administración, se hizo un recuento en este espacio. Desde entonces, los cambios parecen no haber ido para bien. Y si bien aquí no se realizará ahora un recuento exhaustivo, sino la enumeración de algunos hechos que ejemplifican la situación que ha llevado a una parte de los artistas, intelectuales, investigadores, de apoyar la candidatura de AMLO a solicitar, exigir, la renuncia de Frausto.

Entonces se hablaba, por ejemplo, del avance en la restauración del patrimonio afectado por los sismos de septiembre de 2017, para lo cual se habían asignado 800 millones de pesos. Hoy, el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), mediante el cual se financiaron varias de las restauraciones, se cuenta entre los fideicomisos desaparecidos. Cierto es, como en el caso del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), que operaba en medio de cuestionamientos e incluso señalamientos de corrupción, pero en ninguno de los casos se hizo el diagnóstico ni se entregó un informe detallado sobre su operación que justificara porqué su extinción.

Los últimos meses del trabajo en el sector cultural oficial han sido los más cuestionados, quizá no sólo en esta administración, sino incluso en los últimos sexenios. Hay problemas que vienen arrastrándose desde hace años, desde luego, como el de los trabajadores de los capítulos 1000 y 3000, cuyos pagos se retrasan cada fin de año, y el siguiente lo inician con la incertidumbre de si volverán a ser contratados o habrán perdido más de 20 años de su vida laboral en una dependencia que jamás los ha contratado formalmente, cuando una de las promesas previas a la llegada de Frausto a su cargo fue respetar sus derechos laborales y arreglar su situación.

Nadie atrás

Otros problemas se han exacerbado con las crisis económica, social y política, ocasionadas por la pandemia. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo 48, correspondiente al sector Cultura para 2021, indignó --por decir lo menos-- a parte de la comunidad cultural por el contraste entre los recursos para todas las instituciones y dependencias culturales, y el otorgado al Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura, a cargo del artista Gabriel Orozco, que se está desarrollando sin consenso.

Un ejemplo más: Investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), han señalado la precarización “transexenal” de la institución, que apenas el año pasado celebraba ochenta años de vida. Este 2020 la reducción de su presupuesto fue del 75%, lo cual impidió (junto con la pandemia) el desarrollo de sus actividades sustantivas, entre ellas la investigación y conservación del patrimonio cultural. Para 2021 recibirá prácticamente el mismo monto que Chapultepec, siendo que está al cargo de las zonas arqueológicas, museos, monumentos históricos, proyectos académicos y demás, en todo el país.

Para completar el panorama, el Plan Sectorial de Cultura 2020-2024 fue presentado apenas en julio pasado, 14 meses después de darse a conocer el Plan Nacional de Desarrollo. En opinión de diversos especialistas, cuya voz fue recogida en el semanario Proceso, se perdió la oportunidad de trazar en él las bases de una auténtica política cultural para los próximos años. Entre los señalamientos está el que no contemple un plan de recuperación para el sector, afectado por la pandemia.

Bolfy Cottom, investigador del INAH, en entrevista con el semanario, advirtió que es tarde para intentar modificar el programa, pero podría replantearse la política cultural de la 4T. En el marco del Seminario Patrimonio Cultural. Antropología, Historia, Legislación --del cual es coordinador--, organizó unas mesas de análisis en donde quedó clara la inconformidad con la gestión de Frausto.

No obstante que la secretaria repetía incansable que uno de los propósitos de su gestión sería escuchar a los creadores, el poeta David Huerta lamentó en una de las mesas la falta de un interlocutor que “ha renunciado voluntariamente a esa interlocución”. Y el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma acusó de plano que el propósito de la política actual es acabar con las instituciones.

El Plan Sectorial no explica cómo se inscribe el Proyecto Chapultepec en los propósitos de la política cultural, siendo que es el más importante para el gobierno lopezobradorista. Tampoco lo dice respecto a los también cuestionados megaproyectos Tren Maya y Tren Transístmico. La SC asumía hasta hace unos meses que su labor en ambos casos es la “sensibilización” de las comunidades culturales involucradas en la ruta.

Frausto habla de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”, frase tomada de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la Organización de las Naciones Unidas. Pero ahí mismo, en la página web del organismo, se dice que para ello no basta con llegar “a los más pobres de los pobres” (o como lo diría López Obrador, “primero los pobres”), se debe combatir la discriminación, la desigualdad y garantizar los derechos humanos y los sistemas legales de los países.

Un ejemplo: El proyecto de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, que ha sido rechazado por el atropello a derechos humanos de sus comunidades.

El recorte al presupuesto de cultura es otro caso, pues en opinión del especialista en políticas culturales, Carlos Villaseñor Anaya, los recursos no permitirán su libre ejercicio.

Para darse una idea de ese recorte, baste mencionar que el área de Vinculación Cultural, responsable del Programa de Cultura Comunitaria, presentado en su momento como la punta de lanza y la marca de la política cultural de este gobierno transformador, tendrá 86.23% menos con respecto al monto que se le otorgó en 2020.

Dicha área esta adscrita a la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, que tiene un recorte del 32.20%. Es la dependencia que desde el próximo 1 de enero quedará sin dirección, pues su titular Natalia Toledo ha presentado su renuncia con carácter de irrevocable, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, asumirá sus funciones, según lo informó Frausto al dar a conocer la dimisión.

La secretaria de Cultura cierra el 2019 con la demanda por parte de la comunidad cultural, de investigadores y trabajadores del sector, de que renuncie, y han suscrito una carta en el sitio change.org, firmada hasta el cierre de esta nota por 3,112 personas.