Cultura
Convenio Marco de Proyecto Chapultepec expone demoras y contradicciones
Para el Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec el convenio es “un proyecto depredador por su impacto ecológico, ilegal y violatorio de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de los derechos ciudadanos.CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Al darse a conocer el Convenio Marco de Coordinación relativo al Proyecto Chapultepec, los documentos revelan retrasos y contradicciones que han sido cuestionados en el transcurso del año por la comunidad cultural.
Se trata del “Convenio Marco de Coordinación y Concertación para llevar a cabo el Proyecto Complejo Cultural Chapultepec” (SC/OSEC/CMARCO/01940/19), documento de ocho páginas que fue entregado a Apro por el sociólogo Pablo Gaytán, cofundador del Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, tras una petición realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre los puntos que aborda el documento está la situación de Gabriel Orozco, señalado como “El Artista” y reconocido en el Convenio Marco como “coordinador de ‘El Proyecto’”, además de que llama la atención que la dirección que otorga sea “Rafael Rebollar 94, colonia San Miguel Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo”, que a su vez pertenece a la Galería Kurimanzutto que lo representa, ello a pesar de que Orozco ha dicho en reiteradas ocasiones que no existe ningún conflicto de interés particular.
Otra de las menciones en el Convenio Marco es la puntualización de no “gastos excesivos de recursos públicos mismos que estarían alineados a políticas de austeridad de cada institución”, cuando precisamente esa ha sido una de las demandas de la comunidad cultural para el Proyecto Chapultepec, pues el monto que se le otorgó para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 por 3 mil 278 millones de pesos, representa casi una cuarta parte del presupuesto general de la Secretaría de Cultura, siendo que otras dependencias como el INAH o INBAL que están al frente de la protección del patrimonio cultural del país vieron reducidos sus montos.
También en dichos documentos se menciona en la primera cláusula las “bases y mecanismos de coordinación y concertación entre ‘Las Partes’ para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realice e impulsen acciones con la finalidad de llevar a cabo el proyecto ‘Complejo Cultural Bosque de Chapultepec’…”.
Sin embargo, la falta de un Plan Maestro más la de un Plan de Manejo Ambiental hacen evidente la carencia de la cláusula previamente mencionada.
El documento es celebrado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura, firmando para ello Alejandra Frausto, su titular; Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural; y Omar Monroy, titular de Administración y Finanzas; Claudia Sheinbaum, en representación del Gobierno de la Ciudad de México; la entonces secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Cultura, José Alfonso Suárez del Real (ahora de Gobernación; y de Desarrollo y Obras, Jesús Esteva, además de Gabriel Orozco Félix.
Sobre el Proyecto Chapultepec, Pablo Gaytán, sociólogo y profesor-investigador de la UAM Xochimilco, el abogado Víctor Juárez, cofundadores del Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, el escritor y ecologista Eduardo V. Farah y Sergio González, miembros de Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, entre otros activistas y vecinos del bosque, resumieron en entrevista con Proceso --realizada por la reportera Judith Amador Tello—que el “Proyecto Complejo Cultural Chapultepec” o “Chapultepec: Naturaleza y Cultura” era:
“Un proyecto depredador por su impacto ecológico, ilegal y violatorio de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y de los derechos ciudadanos, que contraviene el principio de la planeación participativa”.
En ese mismo texto se advierten otros temas, como el de una denuncia de vecinos de la colonia San Miguel Chapultepec que puntualizaron una ilegalidad al no cumplirse procedimientos jurídicos establecidos por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, que obliga a toda iniciativa para intervenir en Chapultepec a ser presentada ante la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).