CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Imagine —no es un escenario poco probable dadas las condiciones del país— que alguien fotografió el cadáver ultrajado de un familiar y subió la imagen a un blog; o que uno de sus hijos fue abusado y difunden el video en la red; o que una expareja furiosa propaga por los calabozos virtuales momentos íntimos con usted. ¿Espantoso, no? Bien, la desdicha apenas inicia. Ese material literalmente viajará por el mundo y permanecerá por los años, imborrable en el museo virtual. Usted querrá detenerlo, en vano solicitará el auxilio de Google, Facebook, los dueños de los sitios, webmasters, y un infinito etcétera. Dependiendo cómo le afectó la información, a partir de ese momento su vida habrá dado un giro drástico; no querrán hacer negocios con usted, lo rechazarán en las solicitudes de trabajo, y será un candidato no apto para una agencia de matrimonios. Esos infiernos los están padeciendo decenas de personas en el mundo. Veamos dos casos emblemáticos. 1.- Su hija está en un sitio gore. Su padre creía que su hija murió en un accidente y su cuerpo no sufrió daños mayores. Días después recibió un correo anónimo con el mensaje "¡Holaaaa papi! ¡Aún estoy viva!" con una imagen del rostro deformado de Nikki. En las fotografías regadas en más de 100 mil sitios web se exhibe el choque y el cuerpo mutilado de la víctima. La familia Catsouras lleva años tratando de eliminar esas imágenes. La lucha ha sido infructífera. 2.- No le damos trabajo porque sale en un video porno. Tuvo una relación de tres meses con un hombre. Al finalizar, el exnovio, en despecho, publicó un video de ambos teniendo relaciones sexuales. A partir de ello, nadie le quiere dar empleo. La universitaria pidió a un tribunal de Manhattan que ordene a Google, Yahoo y Bing borrar permanentemente su nombre de los motores de búsqueda. No lo ha logrado. En México también existe un precedente. El 28 de enero de 2015 el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) anunció un proceso sancionatorio contra Google México a partir de la exigencia del empresario Carlos Sánchez de la Peña de borrar su nombre de una investigación publicada por la revista Fortuna que lo involucra con un supuesto fraude entre la empresa Estrella Blanca y Vamos México. En favor de la publicación, la Red de Defensa de los Derechos Digitales promovió un amparo argumentando que se había violado el derecho de audiencia de la revista. En agosto, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió el amparo y anuló la orden del INAI. No obstante, la batalla jurídica permanece inconclusa. Para algunos resultará anecdótico, pero al cantante Axl Rose, de Guns N’ Roses, no. El pasado 2 de enero demandó a Google: exige retirar de la red una fotografía tomada en 2010 en un concierto en Canadá que posteriormente se convirtió en meme y se viralizó haciendo mofa sobre su obesidad. Las solicitudes enviadas al buscador más popular del mundo para eliminar links se incrementan aceleradamente cada año. En 2015 recibió peticiones para borrar 558 millones de enlaces, 60 por ciento más que en 2014. Hay personas que legítimamente están dando la batalla legal para ser eliminados y poder seguir adelante con sus vidas; no obstante, también ha dado pie a que gobiernos, corporativos corruptos o delincuentes exijan el olvido de sus infamias, acto eminentemente de censura y violatorio del derecho a la información. Uno de los casos que más ha dado pie a esta discusión es el conflicto Google-Francia, que surge de una sentencia judicial de 2014 que dictaminó que los europeos tienen el derecho a solicitar se eliminen los enlaces de consultas asociadas si los resultados son irrelevantes u obsoletos. La empresa acató la orden y ha borrado búsquedas ofensivas para el sector europeo, más no así en el resto de los continentes. A Francia no le satisfizo y la pelea continúa. Expertos advierten que, de cumplirse lo deseado por el país europeo, facilitaría que cualquier dictadura o gobierno intente que toda la información desfavorable sea borrada para el mundo entero. Por casos como éste, la Red de los Derechos Digitales solicitó a los redactores de la nueva Constitución de la Ciudad de México no incluir el derecho al olvido, debido a que “esta medida ha sido repentinamente promovida por despachos privados como una forma de mantener limpia la reputación de funcionarios, políticos y empresarios”. De hecho, existe un boom de negocios que se especializan en eliminar el historial de Google. Didac Sánchez, de Eliminalia.com, informó que esta compañía tiene 8 mil clientes alrededor del mundo; en una entrevista, argumentó: “Entendemos que el derecho al olvido se lo merece todo mundo, que cualquier persona, si así lo desea, merece no tener identidad en Internet”. Y reconoció que el 80 por ciento de sus clientes son políticos o exfuncionarios. En congruencia con su giro, se negó a explicar cómo hace su compañía para anular el historial en los buscadores. Lo cierto es que fenómenos virtuales como éstos son parte cotidiana de la realidad actual, y las legislaciones están siendo rebasados por el sector privado y las infinitas posibilidades de internet. ¿Quién tiene derecho y quién no de ser borrado? ¿Cómo y cuándo se debe ejercer? ¿Defender a los inocentes sería el pretexto idóneo para la eterna impunidad política? ¿Se castigará a las empresas que se presten al encubrimiento? ¿Gente como Fidel Herrera o Javier Duarte podrán eliminar todo rastro de sus infamias y construir una reputación virtual impecable a base de cañonazos de dinero? (Responsable de la publicación: Juan Pablo Proal). www.agenciadinamita.com Twitter: @AgenciaDinamita Facebook: /AgenciaDinamita