El secretario de Gobierno en el estado de Hidalgo, Guillermo Olivares, propuso fungir como mediador en el conflicto por la planta cementera Cruz Azul en el municipio de Tula de Allende. A detalle, el funcionario exhortó a que las partes que se disputan las instalaciones lleguen a un acuerdo; esto a pesar de la existencia de una investigación por parte de las autoridades y múltiples instrumentos jurídicos interpuestos por ambas partes involucradas.

En una conferencia en la planta de Ciudad Cooperativa, Olivares Reyna propuso el pasado 10 de octubre negociar “haciendo a un lado el egoísmo y la mezquindad…debemos evitar el desgaste de una de las partes”, esto en reunión con el grupo que mantiene el control de las instalaciones desde el año 2021.

El funcionario estatal dijo que “para que un conflicto de esta naturaleza se solucione, y concluya en un acuerdo, y no esperar la resolución final de los tribunales, debe haber disponibilidad de ambas partes”. Sin embargo, la ley no contempla un acuerdo como el descrito por el secretario en el video que fue también transmitido por redes sociales.

Reunido con el grupo afín al hoy prófugo de la justicia Guillermo “Billy” Álvarez, el secretario de Gobierno hidalguense dijo que “vamos a negociar, vamos a ponernos de acuerdo en los detalles… pero necesitamos que haya señales de que sí se quiere solucionar este tema antes de llegar a las resoluciones de tribunales. Ustedes seguramente están enterados de los conflictos que hay en el Pder Judicial Federal, que están en paro desde hace varios días, y eso evidentemente ha retrasado muchos asuntos”.

Por eso, añadió que había que apostar al entendimiento, al sentido social y humano, y establecer un conducto para evitar conflictos que desemboquen en enfrentamientos como los que han tenido lugar ya en la planta por el control de las instalaciones. No obstante, hay en curso al menos cuatro diferentes recursos como amparos y sentencias para la recuperación de la planta por parte de la Cooperativa Cruz Azul, según el expediente con folio 439/2020.

La viabilidad de la intervención del secretario estatal está en duda, toda vez que el gobierno morenista de Julio Menchaca se había pronunciado por mantenerse al margen del conflicto para tratar de preservar “la paz social” y que fueran los tribunales los que emitieran las resoluciones que correspondan; toda vez que desde el 28 de abril del 2023 la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia informó a la admimistración estatal el estatus que guardaba el juicio ordinario mercantil que derivó de la disputa.