Según informó Carlos Ulloa, titular de la Seduvi, hasta la fecha límite del 6 de junio, se logró desmontar un impresionante 71.3% de los mil 200 anuncios previamente instalados, lo que equivale a un total de 856 medios publicitarios retirados.

Además de cumplir con las disposiciones legales, esta acción ha generado un ahorro sustancial de recursos para el erario público. Se estima que el retiro de estos anuncios ha representado un ahorro de más de 153.5 millones de pesos.

Carlos Ulloa resaltó que el principal objetivo de esta medida es garantizar la seguridad de los ciudadanos, destacando que se han retirado alrededor de 4, mil 190 toneladas de estructuras metálicas de los edificios, lo que también contribuye a la mejora del paisaje urbano de la capital.

A partir del miércoles 7 de junio, la Seduvi ha dado inicio a los primeros 196 procedimientos de sanción administrativa dirigidos a los anuncios que aún permanecen en azoteas y que ahora están prohibidos por ley.

Ulloa enfatizó que el propósito principal es erradicar las prácticas publicitarias indebidas y que se llevarán a cabo acciones coordinadas con el Instituto de Verificación Administrativa para revisar los casos pendientes y proceder al retiro de aquellos que presenten un mayor grado de incumplimiento. Además, se aplicarán sanciones administrativas y multas que podrían ascender hasta 1.5 millones de pesos en cada caso.

El funcionario reafirmó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México para completar la eliminación de los medios publicitarios en azoteas que aún están pendientes. Como parte de este esfuerzo, a partir del 7 de junio, la Plataforma Digital de la Publicidad Exterior ha puesto a disposición del público el Registro de Publicistas y el Catálogo Oficial de Medios Publicitarios de la Ciudad de México, herramientas que permiten a los ciudadanos, anunciantes, empresas y propietarios de inmuebles consultar de manera transparente y accesible la información relacionada con la publicidad exterior en la ciudad.

“Para la Seduvi es fundamental brindar los mayores niveles de transparencia y certeza jurídica a la ciudadanía, los anunciantes, las empresas y los poseedores de inmuebles”, finalizó Carlos Pérez.