28 de Junio, 2023

Cd. Victoria, Tam.- El gobierno de Tamaulipas determinó rescindir el contrato de Asociación Pública Privada (APP) por más de 4 mil millones de pesos con la desarrolladora Tres10, debido a las irregularidades, deficiencias e incumplimientos de dicha empresa en la construcción del C-5 de Reynosa y la prestación para el Servicio de Red de Seguridad Pública en el Estado, considerado el más grande monumento a la corrupción, simulación, desfalco y robo al pueblo de Tamaulipas por parte del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El 27 de junio de 2019, con la autorización y complicidad del Congreso del Estado, entonces dominado por legisladores del Partido Acción Nacional, García Cabeza de Vaca, a través de representantes legales de la empresa, suscribieron un contrato de asignación directa por 4,058,456,111 (Cuatro mil cincuenta y ocho millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil, ciento once pesos), a liquidarse en seis años, comprometiendo recursos federales, además de constituir un fideicomiso irrevocable para garantizar el pago a Tres10, contratando como fiduciaria a BancaMIFEL.

El contrato tenía como finalidad: el equipamiento del monitoreo y enlace estatal de video y vigilancia urbana, identificación vehicular carretera y demás infraestructura relacionada; el diseño, construcción, adecuación y equipamiento del C5; la remodelación, adecuación y equipamiento de los Centros de Mando Regionales y el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura respectiva a lo largo de la vigencia del contrato.

Tras las reformas en el Congreso del Estado que permitieron reincorporar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) de la Fiscalía General de Justicia al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se inició un proceso exhaustivo de revisión de la operación y funcionamiento del contrato otorgado a la empresa Tres10, lo que permitió descubrir múltiples incumplimientos por parte del desarrollador, destacando un sobreprecio significativo en la inversión realizada, pues según el avalúo preliminar el monto invertido no supera los 1,500 millones de pesos, lo que hace presumir corrupción, colusión y complicidades en el proceso de contratación y ejecución de este proyecto.

Debido a las irregularidades y controversias, el mes de mayo de este año se inició el proceso de rescisión de contrato notificando a la empresa desarrolladora información sobre los incumplimientos, trabajos inconclusos, deficiencias en el servicio y la omisión de la fianza que garantizaba el mantenimiento del proyecto.

El proceso de revisión y rescisión del contrato derivó en la suspensión de pagos a la empresa, los cuales ascienden a más de 60 millones de pesos mensuales.

Sustraen 550 MDP de fideicomiso tras cancelación del contrato

No obstante la suspensión de pagos generada por el Estado, entre el 21 de abril y el 3 de mayo, Tres10 solicitó a Banca MIFEL pagos por 493,358,209.18 y 64,804,198.32 pesos, respectivamente, sin notificar al Estado como lo obliga el contrato signado.

Esto significa que más de 550 millones de pesos fueron sustraídos del fideicomiso sin la autorización del Estado, lo que denota una acción dolosa y fraudulenta por parte de la empresa y de la propia institución bancaria, por lo que el Estado solicitó a la fiduciaria la devolución del pago en exceso y exhibió que Banca MIFEL no contaba con la documentación soporte para realizar el pago efectuado a Tres10.

La investigación realizada por el Gobierno de Tamaulipas pone de manifiesto que este proyecto, presentado como uno de sus principales logros por el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es una muestra más de las acciones dolosas, las mentiras y los negocios al amparo del poder realizados durante su sexenio.

Además, existen dudas sobre la responsabilidad de la empresa Tres10 para salvaguardar la información, operación y manejo de la misma, por lo cual el pasado 3 de mayo se presentó ante la Fiscalía General de Justicia una denuncia por presuntos delitos como Revelación de Secretos, Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Información, Delitos contra la Seguridad del Estado, Atentados contra los Bienes Fundamentales del Estado, Atentados contra la Soberanía del Estado y Acceso Ilícito a Sistemas y Equipos de Informática.