La filtración de 1 millón 300 mil archivos de corporaciones creadas en Bahamas, con menos información e impacto que la de los PanamaPapers, incluye 431 empresas offshore abiertas por empresarios y políticos mexicanos. Esta vez, el Servicio de Administración Tributaria se apresuró a aclarar que conocía la existencia de esas firmas, y muchos de los involucrados dijeron que se trataba de inocentes fondos para invertir su patrimonio, no para realizar operaciones en la opacidad del secreto financiero. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Esta vez el control de daños fue más rápido y efectivo. A falta de información precisa, la revelación de las empresas offshore­ de mexicanos registradas en Bahamas, conocida como BahamasLeaks, estuvo lejos de los efectos de PanamaPapers. Pero el descubrimiento fue mayor en el número de mexicanos con presencia en paraísos fiscales. El pasado miércoles 21, la revista Proceso dio a conocer en su página electrónica una relación de 431 empresas offshore registradas a nombre de mexicanos en la Mancomunidad de Bahamas, como parte de la filtración internacional de 1 millón 300 mil archivos del registro de corporaciones de Bahamas. Con esta nueva revelación son ya más de 700 los mexicanos identificados con ese tipo de sociedades, tan sólo en Bahamas y Panamá. Sin ser exhaustiva, en la lista de BahamasLeaks destacan personas relacionadas con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque la mayoría la integran representantes de distintos sectores económicos, en los que no faltan grandes empresarios, defraudadores o responsables de quiebras que han dejado a miles de personas en la calle. Destacan el exgobernador de Nuevo León y secretario de Economía y secretario de Energía de Fox, Fernando Canales Clariond; el secretario de Gobernación de Calderón, Fernando Gómez Mont; el empresario Ricardo Pierdant, quien quedó recientemente en el centro de una polémica por haberle prestado un departamento de lujo a la pareja presidencial en Miami, además de pagarle el impuesto predial a un departamento que Rivera tiene en el mismo edificio. En la lista también están ejecutivos del Grupo Financiero Monex, el mismo que distribuyó tarjetas de prepago durante la campaña presidencial de Peña. Los exdueños de Comercial Mexicana, la familia González Zabalegui; el enterrador de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga; el dueño del Grupo Empresarial Ángeles y del Grupo Multimedia Imagen, Olegario Vázquez Raña; el director del gigante mundial de pinturas PPG-Comex, Marcos Achar Levy; y ejecutivos del Grupo México, ICA, Alfa, Grupo Aeroportuario del Pacífico se unen a farmacéuticos, inmobiliarios, textileros, banqueros, financieros y contratistas de Pemex en el registro corporativo de Bahamas. Otros más son Joaquín López Dóriga Ostolaza, hijo del exconductor principal de Televisa, Joaquín López Dóriga; y Gabriela Zabludovsky Ciuk, nieta de Jacobo Zabludovsky, el conductor de Televisa durante el régimen del PRI del siglo pasado, e hija del también experiodista de Televisa y actual productor de cine Abraham Zabludovsky. A ellos se suman la conductora de W Radio –copropiedad de Televisa– y empresaria de medios Marta Debayle; y el nombre de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Gutiérrez, autor de libros de superación. La lista completa está en proceso.com.mx Casi de inmediato, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y varios de los señalados en esa lista salieron a controlar los efectos de la revelación. La autoridad responsable de recaudar los impuestos en el país prometió una investigación, pero prácticamente se ató de manos cuando dio a entender que dependía de la información de Bahamas; si es que se la da, según los acuerdos del convenio con ese país firmado en 2010 por el secretario de Hacienda del gobierno de Calderón, el actual senador del PAN Ernesto Cordero. A su vez, algunos de los señalados en esa lista le restaron importancia a la publicación de los datos al asegurar que todo está en orden, que el gobierno mexicano sabía de la existencia de sus empresas en ese paraíso fiscal y que por lo tanto pagan sus impuestos sobre ellas. Los que se animaron a responder siguieron ese guión, expresado en breves “aclaraciones”, en las cuales afirmaron que sus sociedades y empresas en Bahamas han pagado impuestos en México. No hay manera de saber si es cierto. Al amparo del secreto fiscal, la autoridad se niega a dar información precisa de los mexicanos identificados en la información filtrada al periódico de la Süddeutsche Zeitung, de Múnich, Alemania. La filtración fue compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), de Washington, con sus asociados internacionales, entre los cuales se encuentra este semanario, como ocurrió con la base de datos de PanamaPapers. Otra vez “se actuará”… A diferencia de los Papeles de Panamá, esta vez apenas se dieron a conocer los nombres de las personas, de las empresas y el año en que éstas se crearon en ese país de Las Antillas. No hubo documentos bancarios, legales, correos electrónicos, copias de pasaportes o identificaciones oficiales ni declaraciones abiertas sobre el propósito de las empresas, fundaciones y fideicomisos o el nombre de los beneficiarios. Tampoco, información sobre los responsables de gestionarlas y los despachos de abogados intermediarios y asesores en México. En los Papeles de Panamá se conocieron incluso los nombres de los empleados y ejecutivos del bufete Mossack Fonseca, de donde salió lo que ha sido la filtración periodística más grande hasta ahora: 11 millones y medio de documentos sobre las empresas offshore abiertas por jefes de Estado, sus amigos y familiares, primeros ministros, monarcas, delincuentes internacionales, celebridades, empresarios, banqueros y profesionistas, entre otros (Proceso 2058). La historia de la creación de ese tipo de empresas en Bahamas sólo la conocen los interesados y quienes les ayudaron a crearlas. Fuera de esos datos, lo único que hay es la palabra de los enlistados mexicanos que forman parte de las 175 mil 888 empresas de BahamasLeaks. Aunque las offshore son una estrategia legal de las empresas, ese recurso también se puede usar para ocultar o lavar dinero, como demostró la investigación internacional sobre las actividades del despacho panameño durante 40 años. Ante el impacto mundial de esa revelación, el SAT, entonces a cargo de Aristóteles Núñez, anunció que actuaría “en los casos que sea procedente” si es que los dueños de esas empresas evadieron impuestos para abrir sus offshore en Panamá, y dijo que recurriría a los acuerdos de intercambio de información para investigar la revelación. Ahora, la respuesta del nuevo responsable del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, fue prácticamente la misma al señalar que actuará “en los casos que sea procedente”. Pero al asegurar que “invocará los acuerdos de intercambio de información”, anticipó que habrá poca información desde Bahamas. De acuerdo con el mencionado convenio entre México y Bahamas, el 23 de febrero de 2010 el SAT deberá hacer una solicitud detallada por escrito, indicando la identidad de la persona, la fecha en que abrió la empresa, el propósito de la información requerida y las razones por las que la considera relevante. Aun salvadas esas condiciones, entre otras, el SAT no tiene la certeza de obtener la información. El gobierno de Bahamas se puede negar si considera que el escrito está mal redactado, que no agotó todos los medios internos para conseguir la información o si valora que los datos pueden dañar la seguridad nacional, el orden público o el secreto comercial e industrial. En los Papeles de Panamá aparecieron 289 nombres de mexicanos, 68 entidades offshore y 38 despachos que operaron con Mossack Fonseca. A esos nombres se les suman ahora los 431 revelados por BahamasLeaks. En total, en ambas bases de datos están los nombres de 720 mexicanos, aunque 10 de ellos se repiten; es decir, registraron empresas offshore tanto en Panamá como en Bahamas. En esa circunstancia están integrantes de la familia González Zabalegui, directores y consejeros de Controladora Comercial Mexicana, que recientemente vendieron a Soriana las tiendas de autoservicio Comercial Mexicana, Mega y Bodega; y bajo la firma de La Comer se quedaron con City Market, Sumesa y Fresko. También están Antonio Zárate Ramos, María Mirza Peña Romero y Charles E. Hadad Koening, quienes están al frente de The Aztec Fund, un fondo de capital privado mexicano que invierte en inmuebles industriales y comerciales en Estados Unidos. Lo mismo, el empresario inmobiliario y de infraestructura Máximo Haddad, presidente del Grupo Haddad, en el que también participan los ejecutivos de aquel fondo de inversión. El nombre de Tamara de Pelsmaeker de López, propietaria de la Escuela Mexicana Americana, aparece de nuevo. Cuando fue consultada por este semanario sobre los Papeles de Panamá, aseguró que se trataba de información equivocada (Proceso 2061). Inocentes fondos “patrimoniales” En BahamasLeaks, uno de los mencionados es Olegario Vázquez Raña, quien utilizó su propio periódico, Excélsior, para defenderse. Fortalecido durante el gobierno de Vicente Fox, Vázquez Raña está a la cabeza del conglomerado Grupo Empresarial Ángeles (GEA), del que es presidente y principal accionista, mientras que su hijo, también enlistado, es el director general del grupo. GEA está integrado por El Grupo Real Turismo, el principal del sector en México; Grupo Ángeles Servicios de Salud, dueño de los hospitales Ángeles; Grupo Financiero Multiva, que tiene un banco, una casa de bolsa y una aseguradora; y Grupo Imagen Multimedia, que edita el periódico Excélsior y transmite por Imagen Radio y Excélsior TV, aunque está por lanzar la tercera cadena nacional de televisión abierta, después de Televisa y TV Azteca. En el directorio corporativo de Bahamas, su nombre aparece asociado a las empresas Mundella Global Inc., registrada en diciembre de 2012, y Marshalls Creek LTD, de abril de 2015. Su hijo, Olegario Vázquez Aldir, aparece con la empresa Albion Hall Holdings LTD, también de abril del año pasado. En un breve comunicado publicado el jueves 22 en Excélsior, los banqueros aseguraron que las empresas son sólo un instrumento de inversión de su patrimonio. Explicaron que Vázquez Aldir es propietario y director de Albion Hall Holdings LTD, que “se constituyó como un vehículo para inversión patrimonial”. En el caso de Marshalls Creek LTD dijeron que Vázquez Raña es su propietario y director, además de que “fue constituida como un vehículo de inversión patrimonial”. Pero sobre todo, aseguraron que las dos empresas están declaradas ante el SAT desde su constitución “y han pagado los impuestos correspondientes de los ingresos generados por ganancias de capital”; es decir, que los mexicanos se han beneficiado de sus empresas en Bahamas. En su comunicado aportaron un nuevo dato: que, además de esas dos empresas y Mundella Global Inc, también registraron en el archipiélago la firma Radar Global LTD, pero que estas últimas “no operan, ya que fueron constituidas para compra de activos no financieros, operaciones que nunca se concretaron”. Lo mismo dijo a través de su representante de prensa Marcos Achar Levy, director general de PPG Comex. En dos breves puntos, indicó que las empresas Jacsonmill Holdings LTD y Tannersville LTD son de su propiedad, mientras que Aqua Fields LTD pertenece a su padre, Alfredo Achar Tussie, quien, además de presidir el consejo de administración de Comex es consejero de instituciones bancarias como Banamex y Banca Mifel. Al igual que Vázquez Raña y Vázquez Aldir, dijeron que sus sociedades “se encuentran en debido cumplimiento fiscal”, además de que “han sido reportadas en tiempo y forma ante las autoridades mexicanas, tal como consta en los registros del SAT”. La misma reacción tuvieron los hermanos Gerardo y Oliver Fernández Mena, exsocios minoritarios de Oceanografía, la contratista de Pemex perseguida y desaparecida en este gobierno luego de que en el gobierno de Felipe Calderón obtuvo millonarios contratos de la petrolera. En un breve comunicado de su oficina de prensa dijeron que las empresas Gixi LTD y Fortinver Holdings LTD pertenecen, respectivamente, a Gerardo y Oliver Fernández Mena “y fueron constituidas con fines patrimoniales en enero de 2013”. Aseguraron que los recursos que tienen en esas sociedades “provienen de ingresos por los cuales se pagó impuesto sobre la renta en México”, mientras que los rendimientos obtenidos en cada ejercicio “son incluidos en la declaración anual” de cada uno de ellos. Precisaron que en cada ejercicio fiscal ante el SAT presentan una declaración informativa sobre esas empresas. Oliver Fernández, extenista profesional, y su hermano Gerardo, son accionistas de Crédito Maestro, financiera que se dedicaba a dar créditos a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero terminó siendo rescatada con recursos públicos a través del Programa Refinanciamiento de Créditos de Nómina, debido a que los intereses que cobraba por los préstamos eran impagables. Una respuesta distinta, que también intentó minimizar su inclusión en BahamasLeaks, fue la del despacho de abogados Zinser, Esponda y Gómez Mont. Uno de los socios es Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación del gobierno de Felipe Calderón entre noviembre de 2008 y julio de 2010. En el registro corporativo del paraíso fiscal se indica que en octubre de 2014 los socios del despacho, Fernando y Juan Manuel Gómez Mont Urueta, Alberto Zinser y Julio Esponda, crearon la empresa Majo Don’t B Laight LTD. En una breve comunicación precisaron que la sociedad se creó en 2011, “de manera directa por los señores Alberto Zínser, Julio Esponda y Fernando Gómez Mont”, pero aseguraron que “no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna”. En el caso de la conductora y empresaria Martha Emelina Debayle de López, le aseguró a Aristegui Noticias, participante también en la investigación del ICIJ, que en la empresa de Bahamas, llamada Camuchito LTD, sólo tiene 3 mil 780 dólares y también con fines patrimoniales, además de que ha pagado los impuestos al SAT. En su programa de radio presentó un estado de cuenta actual de la empresa en el que figura esa cantidad. Entre los señalados en BahamasLeaks están también el exgobernador de Nuevo León y secretario de Energía y secretario de Economía del gobierno de Fox, Fernando de Jesús Canales Clariond, y el empresario, relacionado con Peña Nieto y el PRI, Ricardo Pierdant. El primero aparece con la empresa Yukali Subsidiary Corp, registrada el 16 de septiembre de 2015, y el segundo con dos empresas: Grantley Ventures LTD y Crimson Worldwide LTD, incorporadas al mismo tiempo el 6 de noviembre de 2012. Ninguno de los dos respondió a las preguntas de Proceso sobre sus empresas. Hay otras personas vinculadas con las presidencias de Vicente Fox y de Peña Nieto. Además de Pierdant, en el caso del actual presidente aparece Eduardo Alfonso Corzo Osorio, quien en enero de 2014 incorporó la empresa Cora Global LTD. Corzo es el apoderado de la empresa Compañía Inversora Corporativa (CIC), de la familia del empresario Alfredo Miguel Afif, otro de los favorecidos por el gobierno de Peña Nieto. CIC es la propietaria de Inmobiliaria Virreyes 1130 SA de CV, que le rentó durante tres meses la casa a Peña Nieto para organizar el cambio de gobierno del PAN al PRI, según reportó la cadena estadunidense en español Univision. En el caso del gobierno de Fox aparece también José Felipe Tomé Velázquez, empresario de Irapuato que ha sido señalado como prestanombres de Marta Sahagún y de los hijos que tuvo con Manuel Bribiesca. Según BahamasLeaks, Tomé Velázquez registró la empresa Asian Trading Holdings LTD el 24 de diciembre de 2012. Un caso más de relaciones entre el poder económico y político es el del empresario Ignacio Francisco Cobo González, socio de Carlos Slim y esposo de Gabriela Trujillo, hija del exgobernador de Tabasco Mario Trujillo. Junto con su hijo Mario Alberto Cobo Trujillo, registró la compañía Carisma Holdings LTD en mayo de 2014.