La mañana del 15 de mayo, un aproximado de 20 elementos de la Policía Estatal de Oaxaca llegaron abordo de cuatro camionetas y allanaron, sin ninguna orden judicial, el domicilio de Macario García Merino, a quien se le llevaron de forma violenta.

Los habitantes de la comunidad perteneciente al municipio de Atlixtac exigieron justicia por los asesinatos e investigar las desapariciones.

“No al ecocidio”, “No queremos la recicladora”, “No queremos proyectos de muerte”, decían algunos de los carteles que levantaron los lugareños ante la presencia del gobernador.

Decenas de jóvenes y menores de edad resultaron intoxicados debido al uso de gas lacrimógeno en la trifulca.

De acuerdo con el reportaje publicado hoy por el medio Emeequis, firmado por el periodista Jorge García Orozco, la UIF giró la instrucción a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar operaciones y activos en el sistema financiero mexicano de estas personas.

El general en retiro forma parte del grupo de 10 altos funcionarios de Sinaloa, incluyendo a Rubén Rocha y Enrique Inzunza, a los que la justicia de Estados Unidos acusa de haber trabajado en colusión con la rama del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.