Legisladoras de oposición, especialistas, activistas y periodistas advierten riesgos para la autonomía, los contrapesos institucionales y el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

De acuerdo con los organizadores, la marcha no llegó al Zócalo capitalino, como resultado de una negociación con el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide. 

“Hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Se trata de una vulneración de la seguridad digital que se traduce en cerca de 40 gigabytes de información que comprometen al gobierno y a la ciudadanía.

El municipio morelense se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en incidencia de extorsión durante 2025, según datos del SESNSP.

El esquema de lavado de dinero constituía la base financiera que permitía a su grupo mantener su operación económica y continuar con actividades delictivas.