El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas y la familia de Pablo Osorio Sánchez recurrieron a instancias internacionales tras su desaparición y la de 13 personas más, quienes trabajan para una minera canadiense en Sinaloa.

La sanción propuesta es de tres a siete años de prisión, multas y servicio comunitario. Y si ese delito lo comete un servidor público, “la sanción será mayor".

El Juez de Control destacó que la joven de 23 años luchó por su vida, pues forcejeó con su agresor y rastros genéticos quedaron en sus uñas, lo que ayudó en el caso.

El ataque ocurrió en calles del barrio Veracruz, cuando el agente se dirigía a su centro de trabajo a bordo de una motocicleta.

El Consejo Nacional de Nueva Derecha acusó al gobierno federal de mantener una política de omisión frente a la violencia contra sacerdotes católicos.