Desde su nacimiento en los años setenta, los creadores de esta expresión urbana se enfrentaron a la marginalidad, al descrédito, al desprecio, siempre en el centro del dilema. Hoy empiezan a ser llamados por las autoridades e incluso embajadas extranjeras.

Sin extender su mandato ni convocar a una Asamblea Constituyente, Andrés Manuel López Obrador logró que su Plan C se convirtiera en norma constitucional.

En 2014 un tribunal falló en favor de 67 ejidatarios ordenando a la minera Penmont restituir cerca de 700 millones de dólares. Sin embargo, la empresa negó la deuda ante sus accionistas en Londres. Los ejidatarios denuncian que la compañía ha recurrido al uso de narcotraficantes y guardias privados.

Pese al control militar de las aduanas prometido por el entonces presidente López Obrador para acabar con el huachicol, una red de contrabando de combustibles se expandió en su sexenio con la complicidad de funcionarios y empresarios.

Mandos en retiro y activos de la Marina y del Ejército ocuparon las aduanas al amparo de López Obrador y en tres años estructuraron un entramado para traficar combustibles drogas y armas de la mano de prestanombres y cárteles de la droga.

En su edición de octubre, Proceso detalla la gran red de tráfico de combustibles que ha puesto a mandos militares en activo y retirados bajo la lupa porque esa actividad criminal halló vía libre en las aduanas concedidas por López Obrador a las Fuerzas Armadas.